El consejero de Educación, Javier Imbroda, mostró ayer su interés en «matizar» el acuerdo de Gobierno firmado en Andalucía por PP y Cs con Vox en lo referente a la autorización de los padres para las actividades complementarias en los centros educativos y reclamó «menos pin parental y más sentido común». En una comparecencia para hacer un balance de su primer año al frente de la Consejería, Imbroda pidió a Vox que no sea «prisionero» del término pin parental y que no considere una «derrota política» el hecho de que no se aplique, además de criticar la «reacción virulenta» del Gobierno contra Murcia. En el acuerdo que propició el apoyo de Vox a los presupuestos del Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos, que no cita el término pin parental, se recoge «el impulso a la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, en base a los preceptos de la Constitución».

Imbroda aseguró que cuando llegó a la Consejería, uno de sus objetivos era «despolitizar» la educación, un anhelo que «cobra aún más sentido con lo que estamos presenciando en los últimos días», en referencia a la polémica por el pin parental. Los centros educativos no deben ser espacios de «revanchas ideológicas», subrayó, antes de reclamar que se dejen a «nuestros niños y a nuestros docentes en paz. Saquen las ideologías de las aulas, no quieran meterlas», exclamó.

El consejero reclamó que ya existen mecanismos en el sistema educativo para «corregir y supervisar cualquier acción que no sea adecuada, toda la vida los ha habido» y «nunca ha ocurrido nada». Por ello, pidió abandonar un «debate estéril, artificial, absurdo e interesado» y recalcó que no va a «consentir el más mínimo atisbo de desconfianza hacia los docentes».

Sobre este asunto también se pronunció el presidente de la Junta, Juanma Moreno, considerando «absolutamente razonable» que los padres quieran decidir sobre la educación de sus hijos, además de acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de generar un «artificio» con este debate. «Estamos ante una nueva estrategia de la factoría Moncloa para distraernos y que no se hable de lo que quieran hacer con el Código Penal, del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado o de las exigencias al Ejecutivo nacional del líder independentista catalán Oriol Junqueras», señaló.

Por su parte, el vicepresidente, Juan Marín, recordó que Cs no ha «firmado ningún pin parental, sino un acuerdo de presupuestos» con PP-A y Vox. «PP y Ciudadanos somos dos fuerzas políticas que pensamos de forma diferente y que conformamos un Gobierno de coalición en base a unos acuerdos y eso es lo que vamos a seguir cumpliendo», indicó Marín, quien negó que haya «fisuras ni nada parecido» en el Ejecutivo autonómico.

Adelante Andalucía sí se muestra muy crítica en este debate, tanto que ha registrado en el Parlamento andaluz una Proposición No de Ley con el objetivo de parar este «atentado» contra la democracia que «rompe» el consenso en la defensa de los valores, algo propio de la «extrema derecha tramontana».