El vertedero de Guillena estaba en el punto de mira desde 2013 y ha provocado 170.000 € en multas

La Fiscalía ha presentado ahora una querella en los juzgados sevillanos por la existencia de un vertedero «sin control medioambiental alguno» en una zona del término municipal de Guillena, pero éste ha exudado anomalías mientras ampliaba sus bordes durante años. La empresa que lo utiliza, .A. B. S A, acumula acciones contrarias de varias administraciones. El Ayuntamiento de Guillena hizo un seguimiento del mismo en 2017 y dictó una resolución el año pasado en la que acordó suspender los vertidos en esos terrenos, si bien el Ministerio Público no ha podido constatar su «notificación en el domicilio de la entidad».

Por parte del anterior Gobierno andaluz, las delegaciones territoriales de antiguas consejerías con competencias en la materia, dictaron varias órdenes de paralización de los trabajos de explotación en ese enclave desde 2013. En concreto en marzo de aquel año se armó una en la que se ordenaba además aportar un plan de restauración. Aunque existen informes de inspectores en los que se avisaba de la continuidad de los trabajos en febrero de 2016 y en junio de 2018. A ello se añade que en diciembre de 2018 se realizó una visita a las instalaciones en la que se comprobó que no se estaba «ejecutando la restauración», que «en los huecos de explotación» se vertían «residuos no autorizados» y que «el relleno de los huecos de explotación» no se ejecutaba «conforme a lo establecido en el estudio de impacto ambiental», según se recoge en la querella de la Fiscalía. Por ello, se propuso entonces ya la incoación de un expediente sancionador, que se abrió en septiembre de ese ejercicio y que concluyó con la imposición de una sanción de 120.001 euros a la mercantil por una infracción administrativa grave. Antes, se había formalizado una resolución en julio de 2018 de la Consejería de Medio Ambiente en la que se le impuso a la empresa una multa de 50.000 euros por «el vertido de escombros, plásticos, neumáticos, botellas, restos vegetales…» hasta conformar un «vertedero descontrolado», según reconocía la propia Administración; y hay otro expediente promovido desde el área de Agricultura en el que se daba la orden de restaurar el suelo «en el plazo de tres meses».

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), de su lado, arrancó otro expediente sancionador «por vertidos de aguas residuales procedentes de los lixiviados de escombros acumulados en balsas sin garantías de impermeabilidad y sin autorización del organismo de cuenca», por lo que dio orden de «cese inmediato». Más tarde, en marzo de 2019, en una resolución del presidente de la Comisaría de Aguas, se reflejaba que la sociedad había procedido a «la ocupación del cauce del río Rivera de Huelva mediante el depósito de todo tipo de residuos» en una superficie de dos hectáreas, «careciendo», otra vez, de «autorización alguna». Y se puso la lupa en que «los vertidos eran contaminantes con capacidad de afectación de la calidad de las aguas», a la luz de lo trasladado a los juzgados por el Ministerio Público. En definitiva, la mercantil señalada encadenó siete actuaciones de distintas administraciones desde 2013 y 170.000 euros en multas. Nada de eso ha servido para frenar el «macrovertedero» denunciado por Ecologistas en Acción ni para limpiar la zona afectada siete años después.

Desde esa organización «verde» trasladaron ayer a este diario que han localizado «más vertederos incontrolados en canteras de la provincia de Sevilla» en otros municipios como «La Rinconada o Alcalá de Guadaíra». Armando Cáceres, uno de sus miembros, considera que ha existido «por parte de la Administración» cierta «falta de coherencia a la hora de otorgar las licencias en las canteras». Se refiere a que no se ha revisado «si se cumplían o no las condiciones» fijadas «en las autorizaciones ambientales unificadas», como «nadie ha controlado los planes de restauración» ligados a permisos de minas. «Es necesario que se dote de personal tanto al área de Medio Ambiente como a la de Minas para que estos hechos no se vuelvan a producir», defendió, con la esperanza puesta en que «la denuncia de la Fiscalía» sobre lo sucedido en Guillena «y lo que conlleve para los responsables», sirva de «escarmiento» para quienes «están repitiendo» el mismo patrón.

La calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, se encuentra en peligro

En un informe técnico emitido desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y con el que cuenta la Fiscalía se avisa de que la actividad del vertedero de Guillena es «susceptible de provocar la contaminación del dominio público hidráulico, dado que los parámetros analizados en el punto de máxima contaminación superan los valores de referencia» a partir de los cuales, «pueden producirse daños a la calidad de las aguas». Un peligro que pesa tanto sobre las aguas superficiales, por la proximidad del cauce del río Rivera de Huelva a las instalaciones; como sobre las subterráneas, por la alta permeabilidad del terreno.