Educación afronta una huelga por el decreto de escolarización que Imbroda cree «ideológica»

Tras la rebelión de las batas blancas, el otro gran pilar de las políticas sociales que acapara el 20% del presupuesto de la Junta (6.868 millones), la Educación, ha convocado una huelga general el día 4 que apoyan los sindicatos mayoritarios, docentes, equipos directivos de los centros, familias y estudiantes, un frente común que la comunidad educativa no exhibía desde las protestas contra la LOMCE en 2013. Y el detonante es el nuevo Decreto que regula las normas y baremo del proceso de escolarización aprobado el 17 de febrero. Concretamente, su artículo 9.4. que determina que allí donde haya centros públicos y concertados «las áreas de influencia para cada enseñanza se configurarán de forma que las personas solicitantes tengan la máxima puntuación por el criterio de proximidad al centro del domicilio familiar o del lugar de trabajo en, al menos, un centro de cada tipo» Para la Junta, con ello se cumple el derecho constitucional de los padres «a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Para las organizaciones convocantes de la huelga, en la práctica supone una «discriminación positiva» en favor de la concertada que, en un contexto de descenso de alumnado por la bajada de la natalidad, supondrá «a la larga» suprimir unidades públicas en favor de estos centros.

La Consejería de Educación subraya que en el 83% de los municipios andaluces no hay centros concertados y en las capitales apenas hay uno o dos barrios en cada una sin ellos, que sería donde los niños tendrían los mismos puntos por la proximidad del domicilio para acceder a un concertado de una zona limítrofe que los que vivan cerca de ese centro. De hecho, la propia patronal de la Concertada, CECE, considera «muy limitado» el «avance en las libertades» ya que la demanda social queda «sometida a la programación y planificación de los puestos que haga la Administración». Pero los sindicatos y organizaciones de la Plataforma Andaluza por la Escuela Pública sostienen que, aunque cuantitativamente no afecte ahora mucho, a la larga los concertados tienen más ámbito geográfico para captar solicitudes que los públicos y ante la bajada de la natalidad, y puesto que los conciertos están «blindados» por seis años, si no hay niños para rellenar las unidades de todos, será en los públicos donde se cierren. «Y la escuela pública ya acumula en los últimos cinco años la supresión de 2.500 unidades, a una media de 400 o 500 años año», denuncia el presidente de ANPE Andalucía, Francisco Padilla. Ante el descenso demográfico, los sindicatos representados en la Mesa Sectorial de Educación defienden la bajada de ratios y la mejor atención a la diversidad para mantener las unidades públicas y el empleo. Efectivamente este curso la Junta suprimió más de 400 unidades públicas de Primaria por el descenso de alumnado pero se crearon, recuerda el consejero Javier Imbroda, 220 de ESO, 130 de Educación Especial y 166 por lo que el «balance es de más 30» y «con 13.000 alumnos menos hay 750 profesores más». Por ello rechaza las acusaciones de la oposición de que el Gobierno andaluz de PP y Cs prevé «desmantelar» la enseñanza pública y considera la huelga del día 4 «ideológica» y no justificada, al tiempo que critica a quienes potencian el «enfrentamiento entre pública y concertada» mediante «mantras», «bulos» y «enredos» en vez de «pensar en nuestros niños».

Desde la Asociación de directores de institutos de Andalucía (ADIAN), que apoya la huelga, Pedro Arias destaca que «hay una desigualdad grande entre las posibilidades que tienen de gestión un centro público y un concertado y los dos viven del dinero público». A su juicio, la concertada debería ser «una red subsidiaria» que de forma «circunstancial» llegara donde la pública no llega (ese fue su origen en los inicios de la universalización de la enseñanza mientras se desplegaba la red pública, de ahí que muchos concertados pertenezcan a congregaciones religiosas, tradicionalmente vinculadas a la enseñanza).

Hay cierta coincidencia en que el argumento esgrimido por la Junta de garantizar el derecho de las familias a la libre elección es usado como «excusa» en favor de la concertada que «está centrada en determinadas zonas y da muchos votos» y que no se interpreta correctamente. De hecho, desde la Confederación andaluza de Ampas Confedampa, su portavoz, Pepi García, afirma que la libertad real de elección de centro es «matemáticamente imposible, no se puede dar a todo el mundo lo que quiere, da igual lo que pida». No obstante, el 93% de los escolares andaluces van al centro que sus padres eligen como primera opción. Para la portavoz de Confedampa, organización que al igual que Codapa llama a las familias a secundar la huelga, «lo que la administración debe garantizar es que la educación pública tenga la suficiente calidad y fuerza como para que nadie se quede fuera por dinero».

Como ya ocurrió con la primera medida estrella del consejero Imbroda, el plan de refuerzo estival, la falta de diálogo y consenso para un cambio tan importante es una de las principales críticas de la comunidad educativa. Desde la Consejería recuerdan que el Consejo Escolar reunido el 24 de octubre aprobó un dictamen favorable al decreto por 36 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones (de los 73 miembros que lo conforman). Además, fuentes de este departamento subrayan que de las 55 propuestas presentadas fueron incluidas en el texto 28, más de la mitad. Sin embargo, tanto los sindicatos como las asociaciones de padres y madres de alumnos, representados en ese Consejo Escolar, dejan claro que el punto más polémico fue el de la zonificación respecto a la concertada y pese a que hubo «coincidencia» para pedir «expresamente que se suprimiera» ese artículo, la Junta lo mantuvo. «Se ha negociado pero no es verdad que se haya consensuado, que es la clave», matiza el presidente de ANPE. La portavoz de Confedampa recuerda que «en el Consejo Escolar no ha habido unanimidad y eso ya te dice algo» y subraya que además del Consejo están las mesas de negociación con las sindicatos, reuniones con los profesores y las familias... «Las cosas se solucionan con propuestas consensuadas, hablas, pero vamos a remolque, sin tiempo a reaccionar y las prisas no son buenas consejeras y menos en temas educativos que no deben estar sujetos a vaivenes políticos y de ideas», defiende.