La Junta moviliza más de 100 millones para combatir la crisis del coronavirus

El Gobierno andaluz moviliza más de 100 millones de euros para combatir los efectos del coronavirus: amplía hasta los 50 las ayudas a autómomos; 44,2 para el Fondo de Emergencia de Salud Pública; 1,3 en ayudas para el sector cultural; y 2,3 para los asentamientos de inmigrantes de Almería y Huelva. Aparte, adelanta 51,7 millones del Fondo Social a los ayuntamientos.

La Junta de Andalucía reclama al Gobierno “la cuota cero” para los autónomos, ya que se están viendo “obligados a quedarse en casa”, en la mayoría de casos, o “están contagiados”, en otros. El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto ley de medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus, que incluye entre sus iniciativas la puesta en marcha de una ayuda de 300 euros para trabajadores por cuenta propia, autónomos o mutualistas. Según informó la Junta tras el Consejo de Gobierno, “estas subvenciones, que cuentan con un presupuesto de 50 millones de euros, tienen el objetivo cubrir los gastos a los que el colectivo sigue haciendo frente, como las cuotas de la Seguridad Social, a pesar de la merma patente de sus ingresos”.

Debido al carácter urgente de la medida, el decreto ley establece que la tramitación, que sólo podrá realizarse de forma telemática, “se llevará a cabo con un procedimiento simplificado y ágil, de forma que, en una primera fase, el autónomo únicamente tenga que presentar una solicitud ‘online’ y pueda cobrar la ayuda en el más breve plazo posible, para hacer frente a los gastos más inmediatos”.

Con respecto a los plazos, los potenciales beneficiarios podrán tramitar su solicitud desde el día siguiente a la publicación del decreto ley en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y hasta quince días después de declararse finalizado el estado de alarma o hasta que se haya agotado el presupuesto. Para cumplimentar la solicitud, basta rellenar el formulario telemático, que incluye una declaración de responsabilidad de cumplimiento de los requisitos; el DNI-NIF; domicilio fiscal; empadronamiento en Andalucía; alta en el régimen especial de la Seguridad Social o en su mutualidad alternativa; no ser beneficiario de la prestación extraordinaria por cese de actividad; número de cuenta bancaria para que pueda ser percibida la ayuda y declaración del IRPF. Para ser beneficiario de la ayuda, el decreto ley establece como requisito ser trabajador por cuenta propia o autónomo con domicilio fiscal en Andalucía, y estar afiliado al Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en la mutualidad correspondiente, en la fecha de la entrada en vigor del estado de alarma. Se excluyen de la ayuda a aquellos autónomos que se han acogido a la prestación extraordinaria por cese de actividad que aprobó el Gobierno en el Real Decreto Ley de 29 de marzo, a aquellos trabajadores por cuenta propia o mutualistas cuya actividad está considerada como servicio esencial, y aquellos autónomos que tengan en su declaración de la renta una base liquidable general y del ahorro que supere tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (unos 39.900 euros anuales). No obstante, dentro de los servicios esenciales, sí se ha incluido como potenciales beneficiarios a trabajadores por cuenta propia que desarrollan distintas actividades. En concreto, se han fijado hasta 99 tipos de profesiones de muy diversa índole y sector, entre las que se encuentran sanitarios (como odontólogos, fisioterapeutas, logopedas); artesanos (fabricación de papel, productos de madera, vidrio, hierro, instrumentos musicales); autónomos de centros o clínicas veterinarias; ópticas y productos ortopédicos; prensa y papelería; tintorerías; fotografía; textil y confección; componentes electrónicos; servicios de transporte de personas; abogados; procuradores; intérpretes; psicólogos; profesionales del sector de la flor cortada; actividades relacionadas con las telecomunicaciones; fabricantes de quesos o servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad, entre otros.

Se prevé que más de 150.000 trabajadores por cuenta propia podrán acogerse a esta ayuda de 300 euros, que se cobrará en un solo pago y es compatible con otras ayudas que reciban los autónomos, salvo la prestación excepcional por cese. Por último, el Decreto Ley indica que se trata de ayudas de concurrencia no competitiva, y hasta agotar presupuesto.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno también aprobó ayudas de casi 2,3 millones para asentamientos de inmigrantes en Almería y Huelva. El Consejo de Gobierno da luz verde a un decreto ley de medidas urgentes en el ámbito económico y social a causa del Covid-19. En relación a las ayudas extraordinarias anteriormente citadas, se centrarán en Almería y Huelva y se dotarán para este ejercicio presupuestario con un total de 2.297.160,21 euros, de los que 1.158.537,60 euros serán para la provincia almeriense, para atender a una población de unas 2.210 personas aproximadas, repartidas en 79 asentamientos. A la provincia onubense se destinará una cantidad de 1.138.599 euros para 2.170 personas distribuidas en 30 poblados. Estas ayudas se centrarán en Almería y Huelva y se dotarán para este ejercicio presupuestario con un total de 2.297.160,21 euros, de los que 1.158.537,60 euros serán para la provincia almeriense, para atender a una población de unas 2.210 personas aproximadas, repartidas en 79 asentamientos. A la provincia onubense se destinará una cantidad de 1.138.599 euros para 2.170 personas distribuidas en 30 poblados. La asignación a cada ayuntamiento se ha distribuido según la información ofrecida en los mapas de asentamientos chabolistas de Huelva elaborados por el Infoca y Cruz Roja y en los informes de los equipos de atención al inmigrante (EDATI) de Almería, así como de la Guardia Civil actualizados por Cruz Roja a marzo de 2020. Estos datos también han sido verificados a su vez por los municipios interesados.

Asimismo, el Consejo de Gobierno autoriza 44,2 millones para el Fondo de emergencia de salud pública. La Junta aprueba una generación de créditos para hacer frente a contrataciones de sanitarios o compra de material por el Covid-19.

La Junta también adelanta 51,7 millones del Fondo Social para combatir el Covid-19 en sectores vulnerables Ayuntamientos, diputaciones, la Agencia de Servicios Sociales y la Consejería de Igualdad podrán financiar prestaciones básicas. El Consejo de Gobierno ha aprobado la propuesta de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para la generación de créditos por un importe de 51.718.498 euros, la misma cantidad que se ha asignado a Andalucía por el Fondo Social del Gobierno central en la aplicación presupuestaria ‘Protección a la familia y atención a la pobreza infantil. Prestaciones básicas de servicios sociales’.

Por otro lado, la Junta ha liberado 1,3 millones de euros en ayudas para apoyar al sector cultural por el Covid-19 Cultura resuelve el pago inmediato de subvenciones pendientes que beneficiarán a 106 autónomos y pymes culturales de Andalucía El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del pago inmediato de las ayudas correspondientes a 2019 y la resolución y el abono de las subvenciones pendientes desde 2014 a 2018, no resueltas por los anteriores gobiernos, como primera medida de apoyo al sector cultural andaluz, aprobada por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico para superar la crisis sanitaria del Covid-19. La cuantía total asciende a 1,3 millones de euros, que se corresponden con las ayudas anuales de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales al flamenco, a la cinematografía y a las artes escénicas.

Retorno de los trabajadores a la actividad presencial

Finalmente, la Junta ha constituido el Comité Técnico para el desconfinamiento progresivo ante el Covid-19 Andalucía planificará las medidas de apertura gradual y prevención una vez que el Gobierno de España decrete el fin de la situación. La Consejería de Salud y Familias ha creado un Comité Técnico de trabajo constituido por especialistas para planificar un progresivo desconfinamiento ante las medidas extraordinarias a nivel andaluz que se han venido poniendo en marcha desde el pasado 3 de marzo por la pandemia por coronavirus. El pasado 14 de abril se constituyó una comisión técnica que marcó como punto de partida la necesidad de establecer mecanismos de coordinación para un desconfinamiento progresivo con criterios de salud pública, siempre y cuando se decrete el final del confinamiento por parte del Gobierno de España. Este comité, además, trabaja con el fin de extremar la protección de trabajadores sanitarios y sociosanitarios, así como garantizar la adquisición individual por parte de la ciudadanía de material de protección (especialmente, mascarillas y guantes) durante la fase de desconfinamiento, a través de las oficinas de farmacia y demás establecimientos legalmente autorizados, además de los mecanismos ya establecidos de suministro a instituciones por parte de la Administración. Para ello, el Gobierno andaluz garantizará el acceso a los mercados a los distribuidores y realizará las acciones necesarias de apoyo y logística para conseguir la máxima protección de los andaluces. Del mismo modo, el comité va a incidir en la realización del mayor número posible de estudios serológicos para la detección de contagiados asintomáticos a través de test rápidos (sin perjuicio de las indicaciones específicas de otras técnicas de diagnóstico), junto a los que ya se están realizando en residencias de mayores y discapacidad, ayuda a domicilio, profesionales sanitarios y sociosanitarios, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, continuando con el resto de servicios esenciales, según informó la Junta. Por su parte, la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal de la Consejería de Justicia ha dictado este miércoles una instrucción para dar cumplimiento a la Resolución del Ministro de Justicia, de 13 de abril de 2020, que establece nuevos criterios para el funcionamiento de juzgados y tribunales, así como para los servicios esenciales que deben prestarse por parte de la Administración de Justicia.