La ex cúpula de UGT-A, a juicio por fraude en subvenciones y falsedad

El juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, ha abierto juicio oral contra el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otras 14 personas de la antigua cúpula del sindicato por los presuntos delitos de fraude en subvenciones y falsedad en documento mercantil, informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La Audiencia de Sevilla es el órgano competente para el juicio. El juez que instruye la investigación del presunto fraude en subvenciones para formación por el caso de las facturas falsas de UGT-Andalucía, en el auto al que accedió LA RAZÓN, impone fianzas de más de 40.750.047 euros para Francisco Fernández y el ex secretario de Administración y tesorero Federico Fresneda, entre otros como María Charpín Osuna, secretaria de gestión económica, y el gerente de Soralpe, Enrique Goicoechea, entidad creada por UGT para computar a las subvenciones gastos en alquiler de aulas pertenecientes al sindicato. Este montante se corresponde con las cantidades supuestamente defraudadas de las subvenciones de la Junta para cursos de formación entre 2009 y 2013. El sindicato es declarado como responsable civil subsidiario. La Justicia embargará los bienes a la organización sindical en caso de no prestar dicha fianza los acusados.

El auto de procesamiento apuntaba a tres «mecanismos defraudatorios»: el bote (descuentos que UGT negociaba con los proveedores pero que no aparecían en las facturas que presentaba a la Junta al justificar las subvenciones); el rappel (facturas por servicios no prestados) y gastos por el alquiler de aulas que en realidad pertenecían al propio sindicato. Fernández defendió que «el perito no cuantifica el bote», del rappel aseguró que se hacía un «cálculo teórico» y defendió la legalidad de los gastos de alquiler porque al margen de que fueran de UGT requieren «gastos de mantenimiento» entre otros.

El juzgado procesa ahora a cinco ex responsables del sindicato –entre ellos el citado ex secretario general Francisco Fernández y el ex secretario de Administración Francisco Fresneda– y a una decena de «proveedores de confianza» con los que UGT-A apalabraba facturas falsas por servicios no prestados que endosaban a la Junta. Llegaron a cargar el alquiler de aulas en edificios que en realidad son del sindicato gracias a una cesión gratuita del Estado u organismos como la ONCE.

Además, en el nuevo auto impone casi 4,3 millones de fianza a la responsable de la Central de Compras del sindicato Dolores Sánchez. A José P. se le impone una fianza de 48.805 euros; a Moisés M, 638,56 euros; a Simón María P., 515.900 euros; a Diego Francisco D., más de 217.000 euros; a Miguel Ángel G., más de un millón de euros; a Mónica C. y Diana C., casi 857.000 euros; a José Luis C., más de 1.050.000 euros; y a Deseada F. y María Antonieta D., más de 301.200 euros. UGT-A es «responsable civil subsidiario» además de otras entidades, algunas ligadas al sindicato, como Chavsa, Lienzo Gráfico, Publicar D.M, Siosa, Imprenta Pineda, Viajes Macarena, Caronte o Carpetas Abadía.

De los 15 encausados, cinco están vinculados a UGT-Andalucía y el resto son proveedores. Todos están citados entre los días 15 y 17 de junio para notificarles el auto de apertura de juicio oral. El juicio será en los próximos meses en la Audiencia de Sevilla. La crisis sanitaria provocada por el coronavirus puede retrasar más aún, si cabe, el procedimiento. Antes del año próximo no se espera el juicio.

La Fiscalía Anticorrupción solicita siete años de prisión y una multa de 50 millones de euros a la ex cúpula del sindicato en Andalucía, en relación a un fraude estimado de 40,7 millones. A esta pena se enfrenta el ex líder del sindicato Francisco Fernández y el ex tesorero Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica María Charpín Osuna y el consejero delegado de Soralpe Enrique Goicoechea Salazar. La ex responsable de las compras María Dolores Sánchez Montaño se enfrenta a una petición de cinco años de prisión y 50 millones de multa. Los proveedores del sindicato, por su parte, se enfrentan a la petición por parte de la Fiscalía de tres años de prisión y 3.600 euros de multa. El Ministerio Público pide además que como responsabilidad civil la ex cúpula del sindicato indemnice a la Junta con 40,7 millones y a Dolores Sánchez con casi 4,3 millones.

UGT-A es responsable civil subsidiario de estas cantidades y responsable solidario de las multas, según el auto. En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal relata que UGT-A, dada cuenta su «posición política, social y económica, como institución de relevancia en nuestro sistema político» ha venido siendo beneficiario de numerosas subvenciones. Muchas fueron destinadas a impartir formación, como una de las materias claves en las políticas activas de empleo, «singularmente en una comunidad autónoma como Andalucía, donde el paro es un grave problema», precisó el fiscal Fernando Soto.

El ex líder de UGT-Andalucía Francisco Fernández recurrió sin éxito la causa argumentando que fuera procesado «única y exclusivamente por su cargo» en el sindicato y defendió que fue secretario general un «brevísimo periodo» y antes estuvo en una Ejecutiva con 14 personas más que no son investigadas. UGT, por su parte, se quejó de que la Junta revise «todos» sus expedientes y no los de CC OO y la CEA.