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El Gobierno saca pecho de su plan contra el narco: "Ya no se sienten impunes"

El Gobierno saca pecho de su plan de seguridad mientras se suceden los tiroteos en Málaga y los clanes de la coca se asientan en el Guadalquivir

Desarticulada en Cádiz una red que operaba como narcogasolinera flotante
Desarticulada en Cádiz una red que operaba como narcogasolinera flotanteEP

Casualidad o no, el mismo día que el Gobierno presentó los «buenos resultados» del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, la Guardia Civil informó de la desarticulación de una de las principales redes del narcotráfico en el Guadalquivir. La operación, desarrollada entre Sevilla y Málaga, se ha saldado con la detención de cuatro personas y la incautación de numeroso material informático. Según la Policía, con esta segunda fase de una operación que comenzó en febrero en Isla Mayor, se ha dado por finalizada la actividad criminal de esta red.

Desde el Ministerio del Interior se afanan en publicitar que sus políticas contra la criminalidad en el sur de España funcionan, sobre todo a raíz del desmantelamiento del OCON-Sur, la unidad de élite de la Guardia Civil dedicada a combatir el narco en el Campo de Gibraltar y la posterior muerte de los dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate el año pasado, un trágico suceso que sacó a relucir la falta de medios con la que cuentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacer frente a estas mafias.

Lo cierto, es que de un tiempo a esta parte, el foco no está puesto tanto en la costa gaditana, si no en la ribera del río Guadalquivir, convertida en la nueva «autopista de la coca». Los videos de las gomas de cuatro motores remontando río arriba, llegando incluso hasta la capital sevillana, han provocado una nueva oleada de indignación entre los sindicatos policiales y también entre los alcaldes de los municipios afectados, que no paran de pedir más medios para acabar con la «impunidad» con la que parecen operar los clanes del narcotráfico.

No obstante, desde el Gobierno niegan la mayor. Ayer, el delegado del Gobierno e Andalucía, Pedro Fernández, aseguró que en los últimos seis meses el avistamiento de narcolanchas en el Guadalquivir «se ha reducido» gracias a la incorporación de «más medios», entre ellos la Patrullera Río Irio. «Las bandas ya no se sienten impunes, de ahí la tendencia a usar embarcaciones nodrizas que permanecen alejadas de la costa y de embarcaciones de recreo y de apariencia pesquera para llegar a tierra», detalló Fernández para apuntar un «cambio de operativa» en las organizaciones criminales como resultado de la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Tras la reunión operativa del IV Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar, ayer en Málaga, el delegado reconoció que ahora la Policía tiene que luchar contra grupos criminales «cada vez más dinámicos y complejos, con ramificaciones internacionales», y que por ello, el Gobierno ha adaptado los recursos a «los nuevos desafíos y lecciones aprendidas tras más de cinco años de lucha contra este complejo fenómeno».

Según el delegado del Gobierno en Andalucía el Plan de Seguridad está «dando buenos resultados» con una caída de la criminalidad de hasta 40 delitos por cada 1.000 habitantes en las provincias afectadas. Sobre la criminalidad en la Costa del Sol, negó que se esté produciendo un repunte y puso el acento en los planes de seguridad «específicos» para esta área y en la alta capacidad de resolver los casos, con una «eficacia absoluta». Preguntado sobre últimos tiroteos acontecidos en esta zona, Fernández explicó que en la Costa del Sol se produce el fenómeno del asentamiento de personas «que no operan aquí, pero simplemente están aquí de forma ocasional». En este punto indicó que la provincia de Málaga es «más cosmopolita y tiene esa diversidad de tantas nacionalidades que a veces permite que sea más fácil pasar desapercibido y lamentablemente eso conlleva a veces que se produzcan situaciones como son los ajustes de cuentas». Aún así, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad al asegurar que «no tenemos un incremento exponencial» de la delincuencia y recordó que hay un plan «especial y específico» que lleva a cabo la Policía Nacional en Marbella, ampliado a la Costa del Sol; lo que «significa un refuerzo permanente y continuo de unidades especializadas para precisamente monitorizar esa situación».

Respecto al balance del Plan Especial de Seguridad que el Gobierno despliega en las provincias de Cádiz, Almería, Granada y Málaga, en el primer semestre de 2025 se han desarrollado por las fuerzas policiales 2.754 operaciones, que se saldaron con 2.087 detenidos y la aprehensión de 98 toneladas de droga, siendo el hachís la sustancia mayoritaria, con 72,4 toneladas incautadas, seguida de la cocaína con 21 toneladas y la marihuana con 4,5 toneladas. Guardia Civil y Policía Nacional han inmovilizado casi 404.000 litros de combustible e incautado 323 armas. En el período 2018-2025 las operaciones del dispositivo ascienden a 37.029, con 27.914 detenidos y dos millones de droga incautada, en su mayoría hachís.

El delegado resaltó que desde la puesta en marcha del mismo, el Gobierno de España ha destinado 166 millones de euros al mismo, lo que ha permitido que las plantillas policiales hayan crecido un 11,8%, con un índice de cobertura superior al 95%, contando con una media de refuerzo mensual de casi 1.200 agentes en las provincias que integran el Plan. «Este incremento continuo de efectivos es posible gracias a las consecutivas convocatorias de plazas para las Cuerpos de Seguridad, la última de ellas aprobada el pasado junio con 6.852 vacantes para Guardia Civil y Policía Nacional», dijo.

Sindicatos policiales: "Las plantillas siguen siendo insuficientes"

Pese a los «buenos resultados» que, según el Gobierno, está dando el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, desde los sindicatos policiales, aseguran que no es suficiente. «Desde Independientes de la Guardia Civil (IGC), queremos manifestar nuestra preocupación ante la persistente y compleja situación del narcotráfico en el Campo de Gibraltar, a pesar de los significativos esfuerzos desarrollados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en los últimos años», apunta el portavoz de este sindicato, Daniel Fernández. Aunque reconoce que se han hecho «innegables avances» en la lucha contra el narcotráfico en esta zona, «sin embargo, la realidad sobre el terreno demuestra que esta actividad delictiva continúa muy presente. La constante presencia de embarcaciones rápidas, conocidas como petaqueros, así como la actividad ininterrumpida de redes logísticas y humanas dedicadas al narcotráfico, evidencian la capacidad de adaptación y persistencia de estas organizaciones».

Uno de los principales obstáculos para hacer frente con eficacia a esta amenaza, según el sindicato IGC, es la insuficiencia estructural de medios humanos y materiales. «Las plantillas actuales de Guardia Civil y Policía Nacional asignadas a la zona siguen siendo claramente insuficientes en relación con la magnitud del problema. A esta carencia se suma la falta de medios, imprescindibles para controlar un litoral tan extenso y permeable como el andaluz».

Además, desde IGC advierten sobre una preocupante normalización de la actividad delictiva en ciertos núcleos del Campo de Gibraltar. «La erosión del principio de autoridad, y la sensación de impunidad que exhiben muchas de estas redes criminales —que en algunos casos han llegado a perder el respeto y el miedo a los agentes de la autoridad– suponen una amenaza directa a la seguridad ciudadana y al tejido social de estas comunidades», apunta Daniel Fernández. «Por ello, consideramos que es urgente abordar esta situación desde una perspectiva integral. Es imprescindible no solo reforzar de manera efectiva las plantillas y dotarlas de mejores medios, sino también promover reformas legislativas que permitan endurecer las penas para los delitos relacionados con el narcotráfico. Solo con una respuesta firme, sostenida y multidisciplinar podremos revertir la situación actual y devolver la confianza a los ciudadanos de esta región».

«Desde IGC reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la seguridad y el servicio público, y exigimos que las administraciones competentes actúen con la contundencia y determinación que este grave problema requiere», concluyen.

Desde la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, JUCIL, en muchas ocasiones han mostrado su desacuerdo con el tono triunfalista del Gobierno en cuanto a su plan de seguridad para la lucha contra el narcotráfico en la zona del Estrecho. Su mayor exigencia es el aumento de efectivos policiales para hacer frente a estas redes. «El Ministerio afirma que las plantillas de la Guardia Civil y la Policía Nacional han crecido un 11,8% desde 2018, pero desde JUCIL volvemos a reclamar que nos informen de las cifras reales de efectivos y del catálogo, algo que venimos solicitando por activa y por pasiva a la dirección general y se nos viene denegando continuamente», denuncian desde el sindicato de la Guardia Civil.