El PSOE pide a Moreno la dimisión de la alcaldesa de Marbella por contrataciones irregulares de altos cargos

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha exigido hoy a los líderes del PP, Juanma Moreno y Pablo Casado,que cesen o pidan la dimisión de la alcaldesa del municipio malagueño de Marbella y senadora, Ángeles Muñoz, tras conocerse “un duro informe de la Fiscalía” sobre un asunto judicial relacionado con las contrataciones de empresas municipales.

Ruiz Espejo se ha preguntado si “Moreno Bonilla va a ser transparente o mantendrá las sospechas sobre este asunto, sobre todo comprobando el ‘modus operandi’ del PP en la Junta de Andalucía en materia de contrataciones, como es el caso de los vigilantes de la playa o de las contrataciones exprés con plazo de 24 horas y por orden de llegada, sin currículum, y aprovechando la emergencia sanitaria de la Covid-19”.

En ese sentido, el dirigente socialista ha censurado la “doble vara de medir del PP” y ha reclamado que digan “con claridad” si van mantener al frente del Ayuntamiento de Marbella a su alcaldesa, Ángeles Muñoz, tras destaparse este “grave asunto que de nuevo salpica a la gestión del PP en municipios malagueños” y, especialmente, si el caso es aceptado por el Tribunal Supremo, tal y como pide la Fiscalía.

El Ministerio Público ha solicitado trasladar al Supremo la causa en la que se investiga la contratación de altos cargos en el consistorio marbellí entre 2007 y 2015 por la condición de aforada de Muñoz al ser también senadora. La fiscal Isabel Contreras Bravo señala en su escrito que fue la regidora quien efectuó las contrataciones, en las que aprecia los delitos de prevaricación, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos.

Los hechos se remontan a abril de 2017 cuando, tras una denuncia del Gobierno tripartito que estaba entonces al frente del ayuntamiento, formado por PSOE, IU y Opción Sampedreña, OSP, se abrieron diligencias en el juzgado de Instrucción número 3 de Marbella por la contratación de doce cargos de alta dirección en el consistorio.

Cuando presentó la denuncia, el Ejecutivo tripartito envió a la Fiscalía un informe en el que calculaba en 400.000 euros el daño a las arcas municipales por estas contrataciones, que se habían realizado en distintas sociedades municipales, así como en los antiguos Organismos Autónomos Locales (OAL).