La huelga de 2017 por la “precariedad” en el 112 y el 061 no fue ilegal

Hay cuestiones que ya funcionaban mal antes de la entrada en escena del coronavirus. En mayo de 2018, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declaró ilegal una convocatoria de huelga que en diciembre de 2017 realizó la Federación Andaluza de Transportes y Comunicaciones de CGT para todos los trabajadores de la comunidad del sector de la gestión telefónica del 112 y del 061. El sindicato presentó un recurso, la empresa Ferrovial Servicios lo impugnó para que se confirmara el fallo, y ahora el Tribunal Supremo (TS) se ha alineado con CGT.

En una sentencia, fechada el pasado 22 de septiembre y a la que tuvo acceso LA RAZÓN, deja claro que «los motivos relatados en el escrito de convocatoria de huelga cubrieron de forma suficiente la significación normativamente trazada, circunstancia que proscribe una calificación de ilegalidad como la postulada en demanda en una interpretación que neutralizaría el ejercicio de un derecho fundamental». De ahí que anule el fallo del TSJA y desestime la demanda formulada por Ferrovial.

¿Por qué se llamó a la huelga? Ya entonces, con un Gobierno socialista, la organización sindical denunció «la falta de condiciones laborales dignas en el sector de la gestión de emergencias», así como la «precariedad» que padecían las plantillas, que incluía «contratos a tiempo parcial y bolsas desreguladas», en muchos casos con contrataciones «en fraude de ley». A lo expuesto sumaron el incumplimiento frecuente de«condiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo» y en relación a las herramientas a utilizar. La aparición de la covid-19 ha contribuido, eso sí, a multiplicar la carga laboral en esos servicios de emergencia.