El juez eleva a la Audiencia de Sevilla la causa contra la antigua cúpula de UGT-A

El Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla ha remitido a la Audiencia Provincial la causa seguida contra el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otros miembros de la antigua cúpula del sindicato por un presunto fraude de subvenciones de la Junta de Andalucía. Los investigados, además de Fernández Sevilla, son el ex secretario general de Administración de UGT-A Federico Fresneda; la exsecretaria de Gestión Económica María Charpín; la antigua responsable del departamento de Compras; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados, Enrique Goicoechea, y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato.

La Fiscalía Anticorrupción pide siete años de cárcel y 50 millones de multa para Fernández Sevilla, Fresneda, Charpín y Goicoechea por un delito continuado de fraude en subvenciones en concurso con otro de falsedad en documento mercantil por los 40,7 millones de euros correspondientes a catorce expedientes de ayudas concedidas entre 2009 y 2011 para la realización de más de 2.000 cursos o actividades de formación. También reclama que estos acusados indemnicen solidariamente a la Junta con los 40.750.047,74 euros supuestamente defraudados e incluye a UGT-A como responsable civil subsidiario por esta cantidad y responsable solidario en las multas.

En una providencia dictada el 12 de mayo a la que ha tenido acceso Efe, el juez instructor recuerda que ya ha finalizado el plazo para que las partes presentaran sus escritos, de ahí que el procedimiento deba ser remitido a la Audiencia Provincial para que designe la Sala que se encargará de enjuiciarlo. El 13 de marzo de 2020, el magistrado dictó un auto en el que acordaba la apertura de juicio oral contra los quince investigados tras recibir los correspondientes escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares ejercidas por Junta de Andalucía y PP-A.

Tanto el Ministerio Público como las acusaciones particulares presentaron sus escritos de calificación después de que, el 3 de diciembre de 2019, el instructor procesara a los investigados, según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).En ese auto de procesamiento, el juez determinó que “el cómputo global de las cantidades defraudadas” en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical ascendía a 40.750.047,74 euros. El instructor relata que hay pruebas de que entre 2009 y 2013 hubo “procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores” para “facilitar” al sindicato “una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias”.

La operativa, según el magistrado, pasaba por destinar los fondos recibidos a través de subvenciones públicas “a unos fines distintos” del que deberían haber tenido, que eran “la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado, conforme a los expedientes de subvenciones públicas que eran otorgadas por la Dirección General de Formación”. Según asevera el juez, “en la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato”.

Por estos hechos, Anticorrupción también pide cinco años de prisión para la responsable de la Central de Compras y tres para diez proveedores a los que considera cooperadores necesarios de UGT-A para la comisión de los delitos.