El sueldo vitalicio de los expresidentes enfrenta a la Junta y el PSOE en Andalucía

El destino de los expresidentes de la Junta de Andalucía se ha colado en la agenda política en plena pandemia. Con el PSOE cerrando la salida de su última presidenta electa, Susana Díaz, y terminando de configurar su estructura interna -que culminará cuando el candidato socialista a la Junta, Juan Espadas, tome posesión como nuevo secretario general socialista-, trascendió una negociación entre Gobierno andaluz y el PSOE-A sobre un asunto que parecía enterrado: la reforma del Consejo Consultivo para buscar un encaje a los expresidentes andaluces.

Fue el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, quien levantó esta semana la atención sobre este tema, al aludir en un foro informativo a la necesidad de “dignificar” la figura de los exmandatarios. Bendodo no aportó ningún detalle al respecto, más allá de expresar la necesidad de reconocer la labor prestada al frente de la comunidad. Al día siguiente, El País publicaba la teórica intención de dotar de una pensión vitalicia a quienes hayan ostentado la Presidencia de Andalucía. Una medida de la que Junta y PSOE reniegan, negando ambos haber tomado la iniciativa. Los socialistas mantienen que el Gobierno andaluz, en concreto el consejero de Presidencia, entregó un documento en el último Pleno parlamentario a la nueva portavoz del PSOE, Ángeles Férriz, que contendría una propuesta para asegurar una paga de por vida a los presidentes retirados. El propio Bendodo negó este miércoles que vaya a hacerse “nada” sobre una posible reforma de la ley del Consejo Consultivo para garantizar un sueldo público vitalicio a los exdirigentes.

Sin embargo, el intercambio de documentación ha existido, a tenor de un documento sin membrete ni firma, al que ha tenido acceso este periódico y cuya autoría no se especifica. La reforma planteada contemplaría la creación de una Comisión de Estudios y Evaluación de Políticas Públicas, compuesta por “los expresidentes de la Junta de Andalucía que hayan aceptado integrarse en el Consejo Consultivo”, además de dos consejeros electivos y estaría al frente el presidente del Consultivo. Entre sus funciones, el documento contempla “la preparación, en su caso, de proyectos normativos y la elaboración de informes para la proyección, impulsión y evaluación de políticas públicas”, con la facultad de “elevar al Consejo de Gobierno las propuestas que estime oportunas acerca de cualquier asunto que la experiencia práctica aconseje”.

Este órgano de nueva creación eliminaría la actuales limitaciones de edad y temporales de los consejeros permanentes, reservados exclusivamente para expresidentes; mientras que mantendría inalteradas las figuras de consejeros natos y electivos. Según la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, la “condición de consejero permanente se atribuye a quienes hayan ostentado la Presidencia de la Junta de Andalucía”, con el objetivo de aprovechar “el caudal de conocimientos y la amplia experiencia que estos poseen a la vez que se reconoce al máximo nivel institucional los servicios prestados a la comunidad autónoma”. En su artículo 7 fija que “serán consejeros permanentes, hasta que cumplan sesenta y cinco años de edad, aquellas personas que hayan desempeñado el cargo de Presidente de la Junta de Andalucía. Su nombramiento se efectuará por Decreto del Consejo de Gobierno, previa aceptación del interesado”, siendo incompatible con “la condición de alto cargo, con la de miembro electo de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y con la de miembro de Corporaciones Locales”.