CSIF denuncia que el SAE no resuelve la necesidad de personal interino de los juzgados andaluces

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este lunes que el sistema para cubrir vacantes en la Administración de Justicia a través de ofertas genéricas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) no ofrece la respuesta que necesita el sector. “El actual procedimiento plantea requisitos menos exigentes de los que se pedían anteriormente, lo que hace que los candidatos propuestos por el SAE conciten el rechazo de los sindicatos por falta de aptitud en la mayoría de los casos o que, tras ser contratados pese a todo, provoquen problemas en el día a día de los juzgados al no ser los idóneos para ocupar la plaza en cuestión”, ha explicado en un comunicado.

En sendos escritos dirigidos a la Dirección General de la Oficina Judicial y Fiscal y al secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), CSIF-A lamenta la extinción del convenio de colaboración firmado en 2008 entre las consejerías de Empleo y Justicia, que permitía cubrir esas plazas “con las personas idóneas y más cualificadas a través de mecanismos rápidos y eficaces”, y les pide que trasladen esta problemática a la Comisión Mixta formada entre la Consejería de Justicia y el propio TSJA para que desde allí “se impulse y proponga a la Consejería de Empleo un nuevo convenio que vuelva a establecer un tratamiento singularizado y ágil de las ofertas del SAE”.

El presidente del Sector de Administración de Justicia de CSIF-A, Manuel Moreno, recuerda que el convenio paliaba las carencias que sufrían los órganos judiciales cuando había una baja, una licencia o una vacante y no se podía recurrir ya a las bolsas de trabajo. “No era la panacea para las necesidades coyunturales de personal que hay a diario en la Justicia, pero sí era una alternativa a las bolsas y permitía contratar a los demandantes más idóneos respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”, reconoce.

La Junta no prorrogó el convenio a finales de 2020 y decidió que la selección se regiría por dos instrucciones de la Dirección General de Intermediación y Orientación Laboral del SAE, pero el nuevo proceso, según CSIF-A, es “laxo” porque se piden requisitos “que no se ajustan a una Administración tan singular como la de Justicia”. “Básicamente, tener la titulación del Cuerpo en el que se realiza la oferta y al menos veinte horas de cualquier curso jurídico relacionado con la tramitación de procedimientos judiciales”, expone Moreno.

Según CSIF-A, deberían tener preferencia los candidatos que, además de la titulación, tengan experiencia profesional en Justicia o hayan superado algún ejercicio de los procesos selectivos del Cuerpo en el que se realiza la oferta SAE, pero “nada de eso es un requisito básico ahora mismo”. “Estos puntos han quedado relegados a una forma residual de acreditación de formación, como un curso cualquiera. Un demandante de empleo, por el simple hecho de tener un curso de Derecho constitucional sin relación alguna con la Administración de Justicia, puede aspirar al puesto en igualdad de condiciones e incluso con preferencia sobre una persona con experiencia y/o que haya superado algún ejercicio del proceso selectivo correspondiente”, lamenta Moreno.

La consecuencia es que en las comisiones de nombramiento, formadas al 50% por la Junta y los sindicatos, estos “no consideran apto ninguno de los currículos remitidos por el SAE”, lo que a su vez “provoca retrasos en los nombramientos o problemas en los órganos judiciales debido a la falta de idoneidad del candidato seleccionado por la Administración”, según CSIF-A, que defiende que las ofertas SAE “no deben ser discriminatorias” pero al mismo tiempo “tienen que pedir requisitos directamente relacionados con el desempeño del puesto”.

El sindicato manifiesta “una vez más” que los procesos de selección a través del SAE “resultan altamente ineficaces y generan frustración entre los candidatos seleccionados, por la imposibilidad de desarrollar las funciones que se les asignan, y también entre los empleados públicos, por la sobrecarga de trabajo que se perpetúa debido a la falta de cobertura”. También recuerda que el problema “repercute sobre todo en los andaluces, que merecen una Administración de calidad”, e insiste en que “es necesario un cambio en estos procesos y es necesario ya”.