La falta de lluvia aboca a la declaración de sequía en Andalucía

Las lluvias caídas el pasado puente de Todos los Santos no han cambiado nada el preocupante panorama de los embalses y del campo debido al déficit hídrico acumulado. Tal es la alarma que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) se ha visto abocada a declarar la situación excepcional por sequía extraordinaria, al encontrarse los embalses de la cuenca al 26,2% de su capacidad. Así lo anunció el presidente de la CHG, Joaquín Páez, quien detalló que el siguiente paso es solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un Real Decreto Ley con medidas para paliar los efectos producidos por la sequía. De momento, el abastecimiento humano está garantizado para los próximos dos años en toda la cuenca, «salvo en determinadas zonas que se abastezcan de aguas subterráneas o de manantiales y que pudieran sufrir problemas puntuales».

Esta situación excepcional afecta a 10 unidades territoriales de escasez (UTE) y un subsistema de las 23 que componen la cuenca, lo que supone el 80% de la reserva total. La emergencia se cierne sobre las siguientes demarcaciones: Guadiamar, Hoya de Guadix, Dañador, Sierra Boyera, Rumblar, Guadalentín, Guardal, Guadalmellato, Bembézar-Retortillo y el subsistema de las Vegas Altas de Granada.

La situación es «crítica», según Páez, puesto que se registra un 17% menos de precipitaciones acumuladas con respecto a la media de los últimos 25 años. ¿En qué se traduce esta cifra? En que los embalses reciben un 57% menos de aportaciones, encontrándose con un 20% menos de volumen medio. Sin embargo, este problema no es reciente. «Desde hace casi diez años estamos sufriendo un periodo seco», apuntó Páez, además de señalar que «de los últimos ocho años, solo uno de ellos, el 2017-2018, se ha aproximado a la media de precipitaciones». «Los restantes se han caracterizado como secos o con tendencia a un periodo seco». Con respecto a las aportaciones, tan sólo los periodos 2012-2013 y 2017 y 2018 obtuvieron valores de aportaciones en torno a la media histórica.

Las previsiones mantienen esta tendencia y la posibilidad de tener un año normal tan sólo es del 33%. «Nuestra obligación es la de gestionar la realidad de la cuenca en la que hay 4,3 millones de personas, 554 municipios y 890.000 hectáreas de regadío», subrayó Paéz.

La CHG contempla medidas inmediatas tras esta declaración, como restricciones al uso industrial, la reserva de 400 hectómetros cúbicos para el abastecimiento en los embalses, la reserva de 100 hectómetros cúbicos para situaciones de emergencia con el objetivo de evitar una pérdida permanente de cultivo en plantaciones vulnerables y la intensificación de campañas de educación y concienciación del ahorro.

Igualmente, los desembalses se harán sólo para el mantenimiento de los caudales ecológicos y se incrementará la vigilancia por parte de la Comisaría de Aguas y del Servicio de Explotación para evitar posibles detracciones de caudal para riegos.

La reacción de los regantes a esta declaración no se hizo esperar. La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) demandó la condonación de los cánones y tarifas de riego, así como otras medidas fiscales y económicas compensatorias para paliar los efectos socioeconómicos de la sequía.

El presidente de Feragua, José Manuel Cepeda, recordó que estas medidas «ya fueron aprobadas por el Gobierno de España en 2006, 2007 y 2008», con la cuenca del Guadalquivir en una situación similar a la actual, por lo que entienden que deben ser concedidas de nuevo en esta ocasión, «máxime si tenemos en cuenta que venimos de tres campañas con importantes restricciones, la última con una dotación de sólo el 50% de una campaña normal, lo que hizo que el sector arrocero sólo pudiera sembrar la mitad de su superficie, condicionó la planificación de cultivos y ocasionó además caídas en la producción de entre el 20 y el 30%».

«Para una explotación agrícola que se mueve en una rentabilidad de entre el 2 y el 5% de su facturación, una disminución de la producción de estas características, a causa de la sequía, significa la pérdida de la rentabilidad económica, muy especialmente en los cultivos de menor valor añadido, muchos de ellos de fuerte impacto social», afirmó Cepeda, que explicó que el beneficio se concentra en el 5% final de la producción.

A esta situación se añade además el impacto de la subida de la factura eléctrica, que afecta a todos los sectores, pero que «ha hecho un daño especial al campo, donde los costes eléctricos representan el 20% del total».