Andalucía no recurrirá la Lomloe, pese a las dificultades para aplicarla este curso

La octava ley educativa del período democrático inaugurado en 1977 entró en vigor el 19 de enero. Ya el curso pasado introdujo cambios relativos a los consejos escolares, el claustro de docentes o la polémica admisión de alumnado en los centros educativos. El calendario de implantación señala que este curso deben introducirse modificaciones fundamentales en la evaluación y promoción de toda la enseñanza obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. Así está fijado sobre el papel, pero las comunidades autónomas han tenido que esperar hasta la semana pasada para conocer su desarrollo, cuando se publicó el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre que lo regula.

La Consejería de Educación y Deporte andaluza prepara a marchas forzadas la instrucción que debe servir de orientación y garante a los docentes, porque los nuevos criterios son de aplicación inmediata. Eso significa que antes de que se produzcan las evaluaciones del primer trimestre –que acaba el 22 de diciembre– los colegios e institutos tienen tener claro unos criterios que cambian respecto a los del comienzo del curso –por ejemplo, no se realizarán exámenes de recuperación en septiembre–. La previsión es que «a mediados de diciembre» el texto esté listo, según detallaron el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, y la viceconsejera, Carmen Castillo, en un desayuno informativo con medios de comunicación. En esta línea, consideraron que el «cambio en las reglas de juego supone una confusión» y «generará desigualdad» entre centros porque el Ministerio no delimita claramente qué impedirá promocionar de curso. La principal dificultad radica, según detallaron, en cambiar la evaluación cuando el currículum todavía obedece a la Lomce, algo que «va a incrementar exponencialmente la burocracia» para los docentes.

Según Castillo, esto «choca con la evaluación objetiva» a la que tiene derecho el alumnado, porque la Lomloe, además de eliminar las referencias numéricas en las calificaciones de la ESO –serán como en Primaria– no fija qué número de asignaturas suspensas implicarán la repetición de curso. A priori, la normativa contempla que un alumno solo podrá repetir curso una vez en cada etapa educativa, aunque excepcionalmente podría permanecer un año más en 4º de ESO si no obtiene la titulación. Las complicaciones lógicas en la implantación de una nueva ley educativa –la octava desde que se reinstauró la democracia en 1977– han aumentado por la premura con que se está haciendo. Para Castillo, hubiera sido más coherente posponer la entrada en vigor de la evaluación hasta que se modificara el currículum escolar el próximo curso. Pese a no estar alineados con la ley, Imbroda descartó recurrirla en los tribunales -como plantea Galicia-, al considerar que supondría un obstáculo más. «No queremos entrar en cuestiones judiciales, sino más bien educativas. Estamos centrados en eso». Ambos lamentaron que la norma contemple «refuerzos» para el alumnado con dificultades, pero «no va acompañada de una financiación para afrontar la diversificación curricular que propone». «Se necesitan refuerzos y profesorado», reclamó la viceconsejera, quien admitió que para desarrollarla «necesitamos fondos» que no están previstos.

La nueva ley rompe con la Lomce otorgando mayor autonomía a las comunidades. En el caso de Andalucía le permite decidir sobre un 40% de los contenidos –ese porcentaje sube a la mitad en los territorios con lengua cooficial–. Imbroda explicó que se traducirá en un aumento de las horas lectivas de materias consideradas instrumentales. «Más matemáticas, más lengua española y más inglés», resumió, aumentando en total 105 horas ambas lenguas y 90 horas extra para matemáticas, sumando toda la enseñanza obligatoria. La apuesta de la Junta es aumentar la autonomía de los centros o combinar humanidades y herramientas digitales con asignaturas como computación y robótica –aunque dependerá de la oferta de cada instituto y de que los alumnos las elijan en sus itinerarios–. También será obligatoria la segunda lengua extranjera en 1º de ESO, se mantendrá el aumento de las horas de Educación Física en Primaria y se introducirán oratoria y debate en la oferta.