Once años después del comienzo de la causa de los ERE -13 contando el arranque de la investigación del “caso Mercasevilla”- y para cuatro de la pérdida de la Junta de Andalucía, el PSOE andaluz vive en permanente estado de shock y depresión por la incertidumbre interna y las sentencias judiciales externas. La aplastante mayoría absoluta del PP tampoco se puede entender sin los «Cien años de soledad» del PSOE andaluz – 61 años de prisión y 252 de inhabilitación sumaba la sentencia original– como si las palabras del hoy presidente Moreno un año antes de su primera investidura -alertando del uso del Presupuesto del Gobierno de la Junta de manera irregular para hacer favores- fueran un presagio y, como en la obra de García Márquez, ya “estaba previsto que la ciudad de los espejos (o los espejismos) sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante» en que la justicia «acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra». Todavía quedan más de 180 piezas separadas por las ayudas de los ERE por juzgar y la resolución de nuevos recursos tras confirmar el Supremo la prisión de Griñán y la condena a Chaves. El segundo fallo de la causa de los ERE también señaló que «la ilegalidad tuvo que ser conocida y consentida» y se descartó que haya «cosa juzgada», por lo que los altos cargos pueden ser condenados más veces, aunque en piezas separadas anteriores no se ha aplicado. La Justicia cifra en 680 millones de euros el fraude. El juicio del procedimiento específico de los ERE duró un año y cuatro días y la sentencia contó con más de 1.800 folios. El 31 de marzo de 2009 comenzó a cambiar la historia política de Andalucía. En Sevilla, el tema recurrente de la actualidad eran las molestias de la multitud de obras del entonces alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín. De golpe –aunque hubo estertores previos como el «caso Macarena» con facturas falsas en el distrito hispalense–, una trama de sobornos por parte de cargos del PSOE ponía frente al espejo de la opinión pública una red clientelar tejida a lo largo de una década de gobiernos socialistas en la Junta. El «caso Mercasevilla» desembocó en la causa de los ERE. En 2012, el PSOE perdió las elecciones por primera vez pero los 50 escaños de Arenas no fueron suficientes para apear a José Antonio Griñán de San Telmo, quien tuvo la astucia política, en contra del aparato de Ferraz, de colocar las elecciones autonómicas varios meses después de las generales en las que arrasó Rajoy y de presentarse como garante de los servicios públicos ante los ajustes incipientes. Un pacto con IU salvó la Junta para los socialistas. Pero el PSOE-A ya estaba sentenciado. La primavera de 2009 supuso el fin de la inocencia del electorado andaluz. La grabación de los empresarios del Grupo La Raza provocó un vuelco. Dos altos cargos de Mercasevilla les solicitan el pago de 450.000 euros para la concesión de una escuela de hostelería en los terrenos del mercado central hispalense. En el audio, Fernando Mellet y Daniel Ponce aseguraban que el dinero no era para ellos, sino para «niños saharauis y carteles de Felipe González». «La Junta colabora con los que colaboran». Así se descubrió el origen de lo que después sería el mayor fraude de la historia democrática de Andalucía. La grabación cayó en manos de la jueza Mercedes Alaya. Tirando del hilo, imputó al delegado de Empleo, Antonio Rivas. De esta investigación, surgieron diversas subtramas, una por la compra fraudulenta de terrenos y otra por la existencia de ERE irregulares en Mercasevilla. Como no parecía casual que sólo hubiera intrusos en los Expedientes de Regulación de Empleo del Merca, se indaga en otras empresas. Efectivamente, lo de colar a personas que, en muchos casos, ni siquiera habían trabajado en determinadas empresas era un patrón. Estos intrusos, generalmente, eran del círculo del PSOE y/o familiares de altos cargos o hasta los mismos altos cargos. El ex consejero de Empleo Antonio Fernández aparecía en uno desde el día en que nació. El nombre de Antonio Rivas, delegado de Empleo en Sevilla, es recurrente en todas las investigaciones; pero más aún el del hombre que otorgaba las ayudas, el ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero -fallecido durante el proceso judicial, como numerosos encausados-, sobre todo a raíz de unas declaraciones en las que habló de lo que llamaba el «fondo de reptiles», unas partidas específicas para lograr la «paz social» y conceder ayudas discrecionalmente. Guerrero, que falleció recientemente, habló de la existencia de un fondo de 647 millones destinados para empresas en dificultades. Según aparecieron las irregularidades, la propia Junta trató de ofrecer la imagen de que se ponía al frente de la investigación. Los ERE se concedían mediante organismos autónomos, como el IFA, después IDEA. Sin controles legales, como la publicación en el Boletín Oficial de la Junta. Pese a todo, había informes de la Intervención General alertando de irregularidades. La trama nació con Chaves en la presidencia de la Junta y bajo su mandato se concedieron la mayoría de ERE. Él aseguró que no conocía a Guerrero. Griñán era consejero de Economía y Hacienda cuando la Intervención General puso en duda el procedimiento de las ayudas. José Antonio Viera fue consejero de Empleo entre 2000 y 2004; fue quien ideó el convenio del IFA. Antonio Fernández le sucedió como consejero. Guerrero aseguró a la jueza Alaya –portada principal de los periódicos desde entonces hasta el juicio del procedimiento específico por el que resultaron condenados, entre otros, Chaves y Griñán– que ninguno de sus superiores estuvieron ajenos al procedimiento. La jueza Alaya comenzó investigando a los intrusos –«las criaturitas» a las que ayudaban, según Guerrero-, que condujeron a una trama en beneficio del círculo socialista. La Junta del PSOE culpó al ex director que gestionó el «fondo de reptiles» durante casi una década, defendiendo que el fraude fue cosa de «cuatro o cinco golfos». Los cuatro golfos se convirtieron en decenas de imputados y después vinieron más casos como Invercaria. La punta del iceberg escondía una pirámide descomunal, al punto de ponerse en entredicho todo el funcionamiento de la Junta. ¿Era la arbitrariedad la práctica habitual de la Administración andaluza? La última palabra de la Justicia es que sí. La Fiscalía sostiene que es imposible que Chaves viviera en un «limbo» y ve muy complicado que Griñán fuera ajeno. En el «caso Mercasevilla» Fernando Mellet fue condenado a dos años de prisión más otros seis de inhabilitación y el pago de una multa de 16.412,12 euros en el juicio del delito societario. La causa de «las mordidas» se saldó con 21 meses de inhabilitación y 600.000 euros de multa. En la sentencia se señaló que el entonces delegado de Empleo Antonio Rivas «ideó» el intento de soborno. El Supremo, no obstante, acabó absolviendo al ex delegado de Empleo de Sevilla. A la venta de suelos se le dio carpetazo previamente y los acusados, como el ex primer teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, solicitaron una indemnización por el agravio y que sea a cargo de la propia jueza Alaya. El Poder Judicial apreció un «funcionamiento anormal» de la Justicia en la instrucción por las «dilaciones indebidas» durante su investigación, que se inició en 2009 y terminó en 2017 con una sentencia absolutoria para los diez procesados. El 19 de noviembre de 2019 la Audiencia de Sevilla condenó a 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos a los expresidentes socialistas del Gobierno andaluz José Antonio Griñán y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, y a seis consejeros por la pieza política de la macrocausa de los ERE fraudulentos. La Audiencia de Sevilla condenó a diez de los altos cargos a penas de entre seis y ocho años de prisión, uno de ellos Griñán (seis años y dos días), y al resto solo a inhabilitación. El juicio sobre la pieza política de los ERE, que sentó en el banquillo de los acusados a los expresidentes Chaves y Griñán y a otros 19 altos cargos, comenzó el 13 de diciembre de 2017 y quedó visto para sentencia un año y cuatro días después tras celebrar 152 sesiones, en las que declararon más de 120 testigos y nueve peritos, según recogió Efe. En esta pieza se juzgó la creación y mantenimiento de un presunto sistema ilegal de subvenciones que se prolongó durante más de una década (2000-2011) para la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que permitió el reparto arbitrario de hasta 680 millones de euros. El sistema se creó mediante un convenio que permitió presuntamente al instituto IFA-IDEA (Instituto de Fomento de Andalucía primero y luego Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), dependiente de la Consejería de Empleo, repartir de forma discrecional las ayudas eludiendo la fiscalización. El dinero se inyectaba al instituto mediante transferencias de financiación con cargo a la partida presupuestaria 31L, denominada “fondo de reptiles” por el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, responsable directo del reparto, que murió en octubre de 2020. El caso de los ERE se cobró su principal víctima política y el 27 de agosto de 2013 José Antonio Griñán, que insistió en su inocencia, dimitió como presidente de la Junta de Andalucía y fue sustituido por Susana Díaz. Un mes después, Alaya “preimputó” a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de a los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo. La imputación se produjo el mismo día en que toma posesión el Gobierno de Susana Díaz. Antes de la salida de Griñán, Chaves salió “hacia arriba” como vicepresidente de Rodríguez Zapatero. «Era un político puro –como señalaba Cercas de Suárez en «Anatomía de un instante»– y un político puro no abandona el poder: lo echan». Era un Domingo de Ramos de hace para tres lustros -2009-, con las redacciones de costero a costero, cuando los teletipos marcaron en rojo la marcha de Manuel Chaves de la Junta. La permanencia en el poder del PSOE sobrevivió a la caída del Muro de Berlín pero no a la salida del que parecía presidente vitalicio. Griñán postergó la debacle, con aquella «mayoría relativa» y «fracaso absoluto» de Arenas –que titularon las portadas– y Susana Díaz conservó la inercia del poder tras romper el pacto con IU y negociar con Cs en 2015. Chaves, que parecía nacido para cabalgar la eternidad de la Junta, acabó descabalgado de la historia, como el PSOE-A, a raíz de aquella salida súbita hacia la Vicepresidencia del Gobierno –poco después de inaugurar el Metro de Sevilla– y que no se explica sin la irrupción y erosión del «caso ERE». «Aunque la historia no se rija por motivaciones personales, detrás de cada acontecimiento histórico hay siempre motivaciones personales», continúa Cercas. Zapatero tiró de Chaves y el presidente se marchó con la vocación de los «héroes de la traición» del retrato de Cercas de la Transición. Chaves traicionó el mandato, en parte, para apaciguar los ERE y porque, en su timidez, le daba hasta pudor que su mandato pasara a régimen; y después Griñán «traicionó» a su amigo Chaves para tomar las riendas del partido. Hay quien sitúa ahí el origen de la respuesta, a modo del personaje de Vargas Llosa, a la pregunta de «¿cuándo se jodió el Perú, Zavalita?». Griñán jamás tuvo el control orgánico de Chaves. Ni siquiera Susana Díaz, con una estabilidad sustentada en el temor de su hiperliderazgo. «Aunque haya ganado las elecciones, jamás olvide que al final va a perder el poder. Prepárese usted. La victoria de ser presidente desemboca fatalmente en la derrota de ser ex presidente. Prepárese usted. Hay que tener más imaginación para ser ex presidente que para ser presidente. Porque fatalmente dejará detrás de sí un problema con nombre: el suyo». Lo escribió Carlos Fuentes en «La silla del águila» como si tuviera presente la situación de Chaves y Griñán; no hace tanto, amigos, compañeros de cineclub y residentes en Sevilla, y que tras el juicio del procedimiento específico de los ERE, recuperaron algo la sintonía. Manolo (Chaves) y Pepe (Griñán), a la velocidad de vértigo de la postmodernidad, se convirtieron en un retrato abocado al sepia, historia de cuerpo presente de la Junta y del PSOE-A, dos entidades que no son lo mismo pero que durante casi cuatro décadas establecieron una relación simbiótica. La de Chaves y Griñán fue una renuncia en diferido. Se marcharon motu proprio, casi a la vez, uno del Congreso y otro de la Junta. «Por motivos personales» pero empujados por el partido, la situación y el bloqueo del Parlamento andaluz. La salida menos honrosa en aquel momento, tras una vida en la política. El fin del trayecto, sotto voce. Chaves no pudo manejar los tiempos tras ponerlo Griñán a los pies de los caballos, Podemos y Ciudadanos. En Ferraz, si no directamente sí con indirectas, como en un monólogo de Gila, le señalaron la salida a Chaves, que andaba cerca de cumplir los 70 y tras ser diputado en las primeras elecciones democráticas (1977), presidente de la Junta 16 años y vicepresidente del Gobierno. A Chaves le dolió el trato de Pedro Sánchez. Desde San Telmo, la respuesta de Susana Díaz al correo de Griñán fue: «Déjame a mí que yo gobierne esto». «En la España de los años setenta la palabra ‘reconciliación’ era un eufemismo de la palabra ‘traición’ porque no había reconciliación sin traición», explicaba Cercas en «Anatomía de un instante». Aunque animales políticos ambos, la naturaleza de Chaves y Griñán es muy diferente. Chaves sólo aceptó, cuando se escuchaba el tantán de los ERE, una escapada «hacia arriba», de la mano de Zapatero, en la Semana Santa de 2009. Se trata de dos personalidades complementarias pero antitéticas. Uno, listo, analista y experto en el arte del status quo; inteligente, culto y no exento de soberbia, el otro. Ambos, tan cercanos antes y alejados desde que Chaves eligiera por democracia dactilar como sucesor a Griñán, y expuestos al morlaco del veredicto. En noviembre de 2014, el Tribunal Supremo abre una causa contra los expresidente de la Junta y otros aforados como Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y Mar Moreno por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por los ERE. El 9 abril de 2015 Griñán compareció en el Supremo, donde declara que aunque él cree que no hubo un gran plan sí existió “un gran fraude” en el caso de los ERE. El 14 de abril declaró Chaves. El 15 de junio Griñán renunció a su escaño en el Senado, por lo que la causa volvió al juzgado 6 de Sevilla al perder el aforamiento. Las sentencias posteriores a las instrucciones de Alaya –con absoluciones y/o penas mínimas– hizo que no se descartara «la teoría de los cuatro golfos» que acuñó Chaves hasta el batacazo definitivo del Supremo. «No hubo un gran plan pero hubo un gran fraude», mantuvo Griñán, quien trató de manejar la situación heredada tras Chaves, de crear (leves) cortafuegos con las ayudas, de separar el PSOE de la Junta, algo que pronto vio que era como extirpar un parásito del órgano anfitrión y a lo que acabó renunciando en nombre de un bien mayor: conservar el poder. Retrasó las elecciones en 2012, consiguió una dulce derrota para gobernar y en 2013 se marchó por «motivos personales». Como Chaves. En un comité director, Griñán alzó la voz y echó en cara: «Todos sabéis de dónde vengo y cómo me iré. No todos podéis decir lo mismo». Los presentes agacharon la cabeza. Después siguieron conspirando. El PSOE-A entonces contaba con más de 65.000 militantes, 837 agrupaciones en 771 municipios. De entonces a esta parte, el PSOE-A ha perdido relevancia y peso, se barajó la peregrina idea de un Partido Socialista Andaluz, y no controla la Junta con el peor resultado de su historia. «Precisar el origen exacto de un acontecimiento histórico es imposible, igual que es imposible precisar su exacto final: todo acontecimiento tiene su origen en un acontecimiento anterior, y este en otro anterior, y este en otro anterior y así hasta el infinito, porque la historia es como la materia y en ella nada se crea ni se destruye, sólo se transforma...», sigue Cercas. El memento mori de Chaves y Griñán sonó al «Frente a frente» de Manuel Alejandro con los ojos cargados de mirada de la jueza Alaya. CRONOLOGÍA 24 abril de 2009: El PP en el Ayuntamiento de Sevilla denuncia un presunto cobro de comisiones a unos empresarios por parte de dos ex directivos de Mercasevilla. 30 marzo de 2011: La jueza Mercedes Alaya, instructora del caso, pide a la Junta las actas de todas las reuniones de su Consejo de Gobierno. 3 julio de 2011: El Tribunal de Cuentas del Estado inicia una auditoría sobre los ERE tras una denuncia del PP. 10 marzo de 2012: Entra en prisión Francisco Javier Guerrero Benítez, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía. Año 2013 19 marzo de 2012: Son detenidas 22 personas en la “operación Heracles”, de las que 7 ingresan en prisión. 2 julio de 2012: Es imputada la exconsejera y exministra de Fomento Magdalena Álvarez. 10 septiembre de 2012: La jueza Alaya la inicia la imputación de los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves y otros ex altos cargos de la Junta. 8 octubre de 2012: La Guardia Civil detiene a diez personas en la segunda fase de la “Operación Heracles”. 5 diciembre de 2012. La jueza Alaya pide certificación del aforamiento de los expresidentes de la Junta Griñán y Chaves. 19 de diciembre de 2012: En un nuevo auto judicial la jueza Alaya preimputa a los expresidentes Chaves y Griñán. 31 marzo de 2014: Anticorrupción pide a la jueza Alaya abrir una pieza separada y remitir al Supremo la causa contra Chaves y Griñán. 15 abril de 2014: La Dirección General de Seguros detecta en los ERE financiados por la Junta sobrecomisiones por valor de 66.155.573 euros. 6 mayo de 2014: La Audiencia de Sevilla ratifica la imputación de Magdalena Álvarez. 8 septiembre de 2014: Imputados los exconsejeros de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y Mar Moreno. 13 noviembre de 2014: El Tribunal Supremo decide investigar la presunta implicación de los expresidentes andaluces Chaves y Griñán en el caso de los ERE junto a los tres exconsejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno, todos ellos aforados. 10 de febrero de 2015: La juez Alaya imputa a 34 personas más en el caso de los ERE, con lo que se eleva a 265 el número de acusados en la macrocausa. 9 y 14 de abril de 2015: Los expresidentes andaluces Griñán y Chaveses declaran, sucesivamente los días 9 y 14, como imputados ante el Tribunal Supremo. 16 de junio de 2015: La juez Alaya deja de ser titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y es sustituida por María Núñez Bolaños, aunque continúa como refuerzo en el juzgado. El 16 de junio de 2015 la instrucción cae en manos de María Núñez Bolaños al lograr Mercedes Alaya una plaza en la Audiencia de Sevilla. Alaya solicita una comisión de servicio para seguir instruyendo las macrocausas, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se lo deniega. 25 de junio de 2015: El Tribunal Supremo inculpa a los expresidentes andaluces Griñán y Chaves y a los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y de malversación de fondos públicos. 30 de julio de 2015: La juez Núñez Bolaños divide el caso en tres piezas: una sobre el diseño del procedimiento de las subvenciones, otra sobre las sobrecomisiones y una tercera sobre cada ayuda sociolaboral o directa concedida a empresas, que supondrá abrir otras 200 piezas, una por cada ERE. 17 de noviembre de 2015:La juez Núñez Bolaños abre una pieza separada para los expresidentes Chaves y Griñán, que incluye a otros cincuenta ex altos cargos de la Junta de Andalucía. 14 de diciembre de 2015: La juez Núñez Bolaños encarga al magistrado de apoyo Álvaro Martín instruir la pieza que afecta a los expresidentes andaluces Chaves y Griñán y a otros 50 ex altos cargos de la Junta de Andalucía. 8 de marzo de 2016: La juez Núñez Boaños declara de especial complejidad el caso de los ERE, lo que permite alargar la instrucción 18 meses. 17 de marzo de 2016: La juez Núñez Bolaños, archiva la causa abierta por Alaya contra 12 personas -una ya fallecida- de la Sierra Norte de Sevilla al haber prescrito sus delitos, primer archivo que se produce en esta macrocausa. 1 de junio de 2016: El juez Álvaro Martín concluye la primera pieza separada del caso de los ERE, conocida como “pieza política”, con el procesamiento de los expresidentes andaluces Chaves y Griñán por prevaricación administrativa, y al segundo también por malversación, junto a una veintena de altos cargos de sus respectivos gobiernos. 17 de febrero de 2017: La Audiencia de Sevilla confirma las acusaciones contra los expresidentes andaluces Griñán y Chaves en la “pieza política” de los ERE, para los que la Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión y treinta de inhabilitación para Griñán, por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación, frente a diez años de inhabilitación para Chaves por su actuación cuando fue consejero de Hacienda antes de ser presidente. 13 de diciembre de 2017: Tras siete años de instrucción, comienza en la Audiencia de Sevilla el juicio de la “pieza política” de los ERE de Andalucía, el primero de los procesos de esta macrocausa. 2 de abril de 2018: El juez Juan Antonio Calle fija un calendario provisional hasta el 31 de octubre para interrogar a los acusados, testigos y peritos, así como un mes más para las pruebas documentales y conclusiones de los abogados defensores. 17 de diciembre de 2018: El juicio de la pieza política del caso ERE contra 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía queda visto para sentencia tras 152 sesiones en las que el tribunal ha oído a más de 120 testigos y 9 peritos. 19 de noviembre de 2019: La Audiencia de Sevilla dicta sentencia que suma un total 68 años de cárcel y 255 años de inhabilitación para 19 de los 21 ex altos cargos de la Junta juzgados, de los que sólo dos quedaron absueltos. 14 de enero de 2022: En el segundo fallo de los ERE, La Audiencia de Sevilla considera «evidente» el fraude y condena a otros siete años al ex consejero de Empleo andaluz Antonio Fernández. «La ilegalidad tuvo que ser conocida y consentida», señala. 4 de mayo de 2022: el Supremo celebró la vista por los recursos contra el fallo por el que la Audiencia de Sevilla, que condenó a 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, diez de ellos a penas de prisión por malversación continuada. 26 de julio de 2022: el Supremo confirma prácticamente por tres votos a dos la sentencia. El Supremo sólo ha reducido a más de la mitad la condena a uno de los ex altos cargos condenados por malversación. La pena al ex director de Trabajo Juan Márquez pasa de siete a tres años.
