El ente independiente que vela por la legalidad de los contratos públicos en Andalucía

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Tarcja) cerrará 2022 habiendo resuelto en plazo todos los recursos presentados, que serán más de 600 cuando concluya el año, según informó la Junta.

En los dos últimos años, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, un órgano creado para dotar de garantías todas las contrataciones que realiza la administración, habrá pasado de acumular un retraso de casi un año en la resolución de los expedientes a resolverlos dentro del plazo de dos meses estipulado en la Ley de Contratos Públicos, y la mayoría de ellos en no más de 45 días, según explicó Joaquín María Barrón, presidente del tribunal.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía es, tras el Tribunal Central, que depende del Estado, el que más recursos resuelve, y ha conseguido reducir los tiempos por debajo de los plazos máximos establecidos legalmente. El objeto de los recursos que atiende el Tarcja lo constituyen todo tipo de contratos públicos de obras, suministros o servicios, así como encargos, concesiones de obras y servicios, en cualquiera de sus fases: preparación o publicación de pliegos, adjudicación, modificación, rescate…

Directiva europea

La constitución de este órgano en Andalucía tiene su origen, a nivel normativo, en la Directiva 2007/66/CE. El objetivo de la misma era avanzar en la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos. La Directiva permite que los órganos responsables de los procedimientos de recursos puedan ser o no de carácter jurisdiccional, siempre que se trate de instancias, en todo caso, independientes. El Tribunal es una pieza fundamental de la contratación pública en Andalucía, tanto en el ámbito de la Administración autonómica como local, junto con sus respectivos sectores instrumentales. Ello ha supuesto un incremento exponencial de la carga de trabajo, de tal modo que en 2021 se superó la cifra de las 800 resoluciones emitidas.

Antes de que se pusieran en marcha el Tribunal Central de Recursos Contractuales y los correspondientes tribunales autonómicos, si se presentaba algún recurso, la parte recurrente sólo disponía de la opción del recurso de alzada ante la misma administración que había realizado la adjudicación. Y, en caso de no quedar conforme, tenía que acudir a la vía contencioso-administrativa. Era un sistema sin garantías, señala Barrón, principalmente por la demora en la resolución, que atentaba contra cualquier garantía del recurrente. Cuando se resolvía el recurso, las circunstancias que lo habían motivado ya no existían.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta resolvió en 2020 unos 450 expedientes y 603 en 2021. En 2022 se va a superar esa cifra, explica Joaquín María Barrón, que destacó el esfuerzo realizado para llegar a resolver todos los recursos dentro del plazo previsto en la normativa que regula su funcionamiento, antes de dos meses contados desde el día siguiente a la interposición del recurso.

Celeridad en la resolución

La rapidez en la respuesta es una de las garantías que ofrece el Tribunal, que el mismo día que recibe el recurso recaba el expediente de la contratación recurrida a la institución contra la que se recurre. Dentro de los cinco días siguientes a la recepción del recurso, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta da traslado de aquél a todas las partes interesadas, que disponen de otros cinco días hábiles para plantear sus alegaciones. Pasado este plazo y el de la prueba (10 días hábiles), el órgano competente dispone de otros cinco días hábiles para resolver el recurso y notificarlo a continuación a todos los interesados.

Incluso tratándose de expedientes que hay que recabar a otras administraciones diferente de la autonómica. «Una vez que se interpone el recurso, se solicita el expediente administrativo y se turna para reparto. Tras la recepción de la documentación, ésta se traslada para alegaciones a los diferentes licitadores, los cuales que disponen de cinco días para presentar alegaciones. A veces hay que notificar a 50 empresas o entidades en un recurso, que pueden estar afectadas. La finalidad del Tribunal es ser una herramienta que dé solución a estas controversias y ser una pieza más que contribuya a dinamizar la contratación pública. Ello no sería posible sin la gran implicación de los 15 funcionarios que conformamos el Tribunal», explicó Barrón.

En 2022 todos los recursos se habrán resuelto en plazo, insistió el presidente del TARCJA. En estos momentos, no queda ningún recurso presentado antes de octubre que no se haya resuelto. «Estamos finalizando los últimos de octubre y trabajando con los de noviembre», señaló.