Se acordarán de que hace un año ya Canarias se encontraba en una situación desesperada por la llegada de personas a las islas a un ritmo que claramente no se podía absorber por los recursos existentes. Pues en todo un año completo no se ha dado solución a este tema, ya que la migración se ha convertido en un arma política arrojadiza donde el único que gana es la xenofobia.

En todo este año de 2024 que ahora acaba, solo han existido dos tipos de políticas migratorias: una primera con los adultos, al trasladarlos directamente a recursos de protección humanitaria por toda la península. Una política que nunca fue consensuada ni con comunidades autónomas ni siquiera con os diferentes recursos que se abrieron por diferentes poblaciones (pregúntenselo a los alcaldes de Dos Hermanas en Sevilla, Alcalá de Henares en Madrid, Tossa del Mar en Gerona, Sobrado de Monxes en La Coruña, por ponerles cuatro ejemplos en los cuatro puntos cardinales de nuestro país).

Una política que solo buscaba expandir el flujo desde el lugar de entrada, y esperar que dentro de ese programa de humanitaria los propios migrantes se autorregulasen y se marchasen a los lugares donde se presuponen que tiene a alguien de su red informal de contactos. Como ven, una forma de que mientras desaparecen del sistema, y se diluyen en la sociedad, ya no es un problema, al menos de extranjería. Pero no olvidemos que estas personas deben transitar por una situación de irregularidad de (al menos) dos años hasta poder regularizarse administrativamente. Una situación de vulnerabilidad que puede empujar a muchos a la delincuencia.

Y ya lo saben, delincuencia que lleva a la alarma, que a su vez lleva al discurso xenófobo, que termina en el auge de posturas extremistas en una suerte de cadena de componentes reactivos cognitivo, emotivo y conativo del que se nutre la extrema derecha.

Eso en lo referente a las personas que llegan a nuestro país y que dentro de ese programa de atención humanitaria no solicitan ser refugiados, práctica por otro lado bastante habitual para poder retrasar la situación de irregularidad y estar al amparo de alguno de los programas de las ONG que se dedican a la atención a refugiados.

Lo cierto es que muchas personas utilizan esta posibilidad para seguir avanzando en el sistema y ante la lentitud de la tramitación del expediente, al menos poder vivir en algún sitio. Si, ya sé lo que están pensando, quizás esto no sea ético por parte de los migrantes que están ocupando una plaza de alguien que quizás si la necesita… pero lo cierto es que nuestro sistema lo permite.

Y es que este año se ha dado en estos programas otra realidad, personas cuya tramitación de su expediente para adquirir el estatuto de refugiado no ha sido favorable y no han sido reconocidos como refugiados, pero que se niegan a abandonar las plazas en los recursos de las ONGs, convirtiéndose en una especie de «okupas» de plazas de refugiados. Esto también lo está permitiendo el sistema.

Eso con respecto a adultos, pero con los menores ha ido aún peor. La única política que se ha llevado a cabo ha sido la ampliación de la concesión por parte del gobierno de diferentes subvenciones para la ampliación y/o manutención de las plazas de menores migrantes ya abiertas para la atención a este colectivo, en territorios como Canarias y Ceuta.

Una suerte de maná intermitente para seguir «almacenando», si me permiten, a esos menores mientras se toma algún tipo de decisión de qué hacer con ellos. Les digo almacenando porque también hemos sabido este año que hasta hace poco ni siquiera en Canarias se les atendía escolarmente….

Por cierto, ahora el uno de enero, muchos de ellos quedarán en la calle ya que, en África ante la ausencia cultural de la celebración del día del cumpleaños, las personas son registradas en el registro civil con fecha uno de enero, por lo que ese día muchos menores que no se han regularizado cumplirán 18 años y tendrán que abandonar el sistema de protección a la infancia, para volver a copar las noticias de casa okupadas por jóvenes magrebíes. No tengo una bola de cristal, pero lleva produciéndose esto en nuestro país los últimos 20 años.

25 años con una situación que no cambia, que es conocida y a donde la política actual sólo mira cuando aparece en algún barómetro o en las noticias sobre seguridad ciudadana. Un año completo, este del 2024, de absoluta crisis donde se ha estado negociando la modificación de un simple articulo de la ley extranjería (que ni siquiera mejora la situación) y donde no se ha sabido llegar a un acuerdo o donde sólo se ha querido desgastar al rival.

Y ahora además en el horizonte llega el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), una iniciativa nacida desde la visión migratoria centroeuropea, que viene a mejorar en principio el sistema europeo de asilo, pero que probablemente tenga impacto en el sistema de protección a la infancia que aparece en ese horizonte como una de las pocas formas de entrada a la UE y que por tanto si no prevemos esto puede cronificar la naturaleza de los problemas que ya arrastra.

Una nueva directriz, esta del PEMA, que se antoja enrevesada con más de 5 directrices diferentes y más de 2000 folios de desarrollo, pero que ha puesto negro sobre blanco esa pulsión que recorre toda Europa, y es que cuando dejamos que el problema se diluye en España (y antes Italia), se cronifica en otros países, y esos gobiernos se ven cada vez mas presionados por la monetización de esa xenofobia que aspira a sacarlos del sillón.

No es sencillo, no. Pero la política migratoria está pasando de ser un desafío social importante, a un problema político urgente.

España se merece una mejor política migratoria que mejore y sea justa con aquellos que finalmente serán los que construyan también el futuro de nuestro país.