«Creo que el móvil es electoral, pero la expropiación podría tener éxito si el Ministerio llega a un acuerdo con la Junta de Andalucía y con la promotora Azata del Sol», valoró José Ignacio Domínguez, abogado de las causas ecologistas contra el hotel declarado ilegal por sentencia judicial en la playa del Algarrobico, en la localidad almeriense de Carboneras. Aunque han pasado casi 20 años desde que él mismo pusiera la primera denuncia contra la edificación y desde entonces han sido varios los impedimentos para derribarla, «si están todos de acuerdo, sí que se podría», aseguró Domínguez, convencido de que «veremos la eficacia real de la propuesta de la ministra Montero y si se cumplen las fechas anunciadas, muy pronto».

Sin embargo, alcanzar el consenso en la estrategia para llevar a cabo la demolición parece el principal escollo, a tenor de los nuevos choques entre los gobiernos nacional, regional y local, desde que se produjo el anuncio de expropiación por parte de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El ex piloto de cazas también ironizó con que exista «un acuerdo secreto» del Ejecutivo con la empresa Azata del Sol, que ya reclamó más de 70 millones en indemnizaciones, para aceptar ahora de buen grado las expropiaciones.

Tras la convocatoria de un nuevo encuentro de la comisión mixta para la recuperación de la zona prevista para el próximo 4 de marzo, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, aseguró que «la única posición» factible es «esperar que el Ayuntamiento de Carboneras revise y anule la licencia del hotel, para proceder a la demolición del mismo y ejecutar el protocolo previsto». Mientras, el Gobierno central aboga por la expropiación de los terrenos entre ambas administraciones en el marco de sus competencias, ante la «pasividad» mostrada por el Ayuntamiento carbonero, que sigue pendiente de revisar la licencia de obras que concedió en 2003 para edificar el hotel de la discordia.

En este sentido, María Jesús Montero criticó no entender «cuál es la posición en concreto que defiende la Junta de Andalucía, como no sea, como siempre, el estar en contra de todo lo que haga el Gobierno de España». No obstante, Catalina García repasó en el último pleno andaluz los hitos en la historia del polémico hotel para cuestionar el «interés» de los socialistas en el derribo del inmueble, puesto que ya «en el año 2006, el señor presidente de de la Junta dijo que en un mes las tierras del Algarrobico serían públicas». Asimismo, la consejera pidió «sensatez y coherencia» ante el inminente encuentro, basándose en el cumplimiento de las sentencias judiciales que obligan, por un lado, al declarar el paraje «no urbanizable» y, por otro lado, a la revisión de la licencia de obras.

Pero «la vía más fácil» para la consejera no parece contar con el apoyo del alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, por mucho que la administración andaluza se haya «puesto a su disposición para ayudarle técnicamente y administrativamente, en todo lo que necesite». Así, el regidor señaló que «el proceso para la revisión de oficio de la licencia podría llevarse hasta cinco años», manifestando que «la solución más viable no pasa por ahí» sino por «pactar una solución negociada entre las administraciones y la promotora». Si bien Hernández apuntó que el Consistorio iniciará «lo más pronto posible» ese trámite, avisó que «eso pueden ser semanas o pueden ser un par de meses» y de que «unos y otros presentarán alegaciones y las propuestas que consideren oportunas». Por otro lado, mostró preocupación por «los recursos técnicos de los que dispone un municipio de apenas 8.300 habitantes».

De hecho, el primer edil carbonero recalcó la «responsabilidad» de las administraciones que autorizaron el hotel y dispusieron de fondos para su construcción, ya que «el propio Gobierno de España subvencionó el proyecto», pero su comportamiento ante las sentencias es similar a todos sus antecesores en el cargo. El enésimo requerimiento al Ayuntamiento hecho por el Tribunal Superior de Justicia para declarar no urbanizable el hotel de El Algarrobico tuvo esta respuesta: «Se encuentra pendiente de tramitar un proceso selectivo para la cobertura con carácter interino de un arquitecto técnico».

«El problema de la licencia no es de la promotora sino del Ayuntamiento de Carboneras», aclaró el abogado José Ignacio Domínguez, porque «Azata quiere que la anulen para reclamar la indemnización». «Debido a la actitud del Consistorio, que no cumple ninguna sentencia, incluida esta de la licencia de obras, esta vía puede demorarse varios años», reconoció el representante de la causa medioambientalista que, paradójicamente coincide con el regidor al concluir que «lo más lógico es que se pusieran de acuerdo la Junta y el Ayuntamiento».