Así funcionaba el sistema de UGT Andalucía para quedarse parte del dinero de las subenciones

Los responsables de UGT diseñaron un sistema para quedarse parte del dinero que recibían de la Junta de Andalucía para cursos de formación. Básicamente,pactaban con los proveedores unos precios por debajo de la factura que presentaban a la administración y el sindicato se quedaba esa diferencia o "descuento comercial".

En concreto, el tribuna alude a “la confección de facturas de proveedores y otros documentos contables conteniendo conceptos genéricos, bien por bienes no vendidos o servicios no realizados, bien por bienes o servicios a los que se les adjudicaba un valor superior al que realmente tenían, o por bienes o servicios propios del sindicato pero sin vinculación con la subvención a la que se imputaban”.

En este sentido, la Sección Tercera pone de manifiesto que, con dichas facturas, “justificaron mendazmente ante la Administración Pública gastos imputados a los fondos públicos recibidos para programas de formación”, un mecanismo que “vino a denominarse 'bote', que al igual que el rappel era contabilizado y controlado a través de un programa informático llamado SPYRO, sistema por el que el sindicato se financiaría con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de las citadas facturas”.

Este 'bote', según la sentencia, “implicaba el encargo a los diferentes proveedores de la emisión de facturas que no correspondían a ninguna prestación de servicios o suministro de bienes o que era de un importe inferior, y éstas pasaban a engrosar una cuenta acreedora a favor de UGT-A con dichas empresas, que se convertían por tanto en deudores después de que el sindicato hubiera abonado esas facturas; facturas que, a su vez, eran presentadas en la cuenta justificativa ante la administración concedente de la subvención, con lo que se culminaba el procedimiento de distracción para fines propios del sindicato de las cantidades recibidas por la Administración, y que estaban previstas para un destino totalmente diferente de interés sociolaboral, según el programa para el que se otorgaba la subvención”.

Asimismo, según precisan los magistrados, “se realizaron otros sistemas de imputación de gastos no subvencionables como salarios de empleados propios y de Soralpe I+P Asociados S.L. a los cursos de formación concedidos a UGT-A, cuando realmente no trabajaban en ellos, así como gastos de estructura y mantenimiento del sindicato (facturas de teléfono, electricidad, limpieza, etc) y, también, el pago de alquiler de aulas e instalaciones propiedad de UGT-A (…)”.

El tribunal asevera que, además, “se han detectado otros incumplimientos de la legislación reguladora de las subvenciones que impiden declarar la subvencionalidad de distintos gastos realizados y ponen de manifiesto la irregularidad en la ejecución y justificación de actividades subvencionadas por UGT-A, que contaba con técnicos con un amplio conocimiento, historial y capacidad técnica para el desarrollo y tramitación de los cursos de formación”.

Hay que señalar que en concepto de responsabilidad civil, el tribunal condena a los cinco antiguos cargos del sindicato a que indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía en la cantidad de 40.620.256,43 euros -los cuatro condenados como autores de los delitos deberán hacer frente al 99 por ciento de esta cantidad, y la condenada como cómplice al 1 por ciento de la misma, y de manera subsidiaria con los condenados como autores hasta el límite de 4.288.707,74 euros-, que se corresponde con el montante total que se habría defraudado, declarando responsable civil subsidiaria a UGT-A por el importe total.