Autodemolición de viviendas en la paradisíaca playa de El Palmar para evitar más sanciones

La inspección de la Junta de Andalucía ha constatado que los propietarios de las edificaciones de El Palmar, en el término municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz), cuya demolición estaba prevista para este martes han optado finalmente por la autodemolición de las viviendas ilegales que habían levantado sobre suelo rústico para evitar más sanciones.

Los propietarios han apurado "hasta el último momento" para reponer de forma voluntaria los terrenos, tal y como ha indicado la Junta de Andalucía en un comunicado.

A este respecto, se ha señalado que la Guardia Civil comunicó a la Consejería de Fomento en la tarde de este pasado lunes que los propietarios estaban terminando de retirar los vallados y la solera aún existentes en una de las parcelas.

Las demoliciones tenían por objeto la retirada de las viviendas prefabricadas que se habían construido sin licencia, además de una piscina, instalaciones anexas y los vallados que dividían entre 12 propietarios la originaria parcela de 6.000 metros cuadrados.

La tramitación del expediente de restablecimiento de la legalidad por la inspección se inició en 2019. Desde entonces se han practicado "insistentemente" las medidas provisionales y se han levantado hasta 58 actas de inspección hasta 2023, incluyendo precintos y corte de los suministros, entre otras actuaciones.

Según la Junta, todo ello "pese a las advertencias de la ilegalidad y de las consecuencias de las roturas de los precintos de los agentes de la autoridad". Así, ha detallado que en uno de los casos, la vivienda ha sido "constantemente" destinada a alquiler vacacional, mientras que en otro caso, la vivienda se levantó habiéndose iniciado ya el expediente de restablecimiento por la Junta.

Esta actuación entraña además "una especial trascendencia", en opinión de la administración andaluza, ya que se ubica en el límite de la huella existente en El Palmar en su parte este. De esta manera, con esta autodemolición se preserva la conurbación con Zahora, evitando que se siga ampliando el territorio hacia una zona inundable de manera ilegal, comprometiendo recursos naturales, públicos y de la propia seguridad ciudadana.

La Junta de Andalucía ha reforzado la labor inspectora "desde 2019" en todo el territorio andaluz, con un proceso centrado en la prevención, con actas de inspección, precintos y sanciones que algunos propietarios hacen caso omiso, por lo que se recurre al último recurso que es la orden de demolición, como ha indicado.

Esta línea de actuación "está dando sus frutos", ya no sólo por el descenso de nuevas edificaciones, sino porque ya los propietarios optan por la autodemolición para evitar más sanciones, como ha ocurrido en este último caso