«Caso ERE»: un juicio en busca de sentencia cinco años después

Un lustro después de la condena primigenia del «caso ERE», el juicio busca sentencia. El considerado hasta la fecha como uno de los mayores escándalos de la democracia sigue abierto.

El 3 de abril de 2009 una grabación destapó un intento de extorsión en Mercasevilla y de ahí, tirando del hilo, la jueza Alaya comenzó la instrucción del «caso ERE», una causa que costó la carrera política a los ex presidentes Chaves y Griñán y acabó con varias décadas de altos cargos socialistas en prisión. El 5 de diciembre de 2017 comenzó la primera vista del llamado «procedimiento específico» para determinar si hubo «una gran trama» además de «un gran fraude». El 19 de noviembre de 2019 Griñán era condenado a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por malversación y prevaricación continuadas; Manuel Chaves fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación. Los jueces censuraron a la excúpula del PSOE andaluz por urdir un «sistema fraudulento» dotado con 680 millones sin control. El 26 de julio de 2022 el Tribunal Supremo (TS) confirmó las penas. Griñán postergó la entrada en prisión alegando cáncer. En julio de 2024 el Tribunal Constitucional (TC), en un fallo sin precedentes, enmendó la plana de Supremo y envió el caso de nuevo a la Audiencia de Sevilla para dictar una nueva sentencia. Los condenados en prisión fueron saliendo en cascada y la causa entró en terreno inexplorado e, incluso, inhóspito en términos de jurisprudencia considerando los votos particulares contra el dictamen de la mayoría progresista del Constitucional (siete contra cuatro). El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) consultó «de forma urgente» al Poder Judicial sobre la excedencia de una magistrada que dictó la sentencia primigenia. El entonces presidente de la sala –Juan Antonio Calle Peña– ya está jubilado. El pasado 7 de noviembre, la Audiencia Provincial de Sevilla reforzó el tribunal encargado de dictar la nueva sentencia: serán cinco magistrados –dos ya formaron parte de la Sala del primer fallo– quienes integren el tribunal. A las magistradas Pilar Lorente –ponente además de la resolución– y Encarnación Gómez, que ya integraron el tribunal que dictó la sentencia recurrida, se unen los magistrados de la Sección Primera Francisco de Asís Molina, que fue instructor del «caso Marta del Castillo»; Patricia Fernández, que investigó el supuesto amaño de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar; y Juan Jesús García Vélez, instructor del caso de la facturas de UGT-A. El pasado julio se consumó la revisión del «caso ERE» por parte del TC, aceptando en parte los recursos de una docena de condenados, con la salvedad del ex director de Trabajo Juan Márquez; el ex viceconsejero Agustín Barberá, que no recurrió al TC; y el ex consejero José Antonio Viera, cuyo recurso fue rechazado por un error de forma «insubsanable». La nueva sentencia es una incógnita. El TC instó a la rebaja de la pena de inhabilitación, como en el caso de Chaves, y a la anulación de condenas de cárcel por malversación a otros como el que fuera su sucesor, José Antonio Griñán. Juanma Moreno, calificó como «rocambolesco» un «retraso sine die» de la revisión de los ERE. El PSOE-A minimiza la nueva espera considerando que ya se dictaminó que «no hay trama política».

Quince años después del inicio de las pesquisas por parte de la jueza Alaya, el caso sigue sin sentencia firme. El nuevo fallo tampoco será el final de esta pieza de los ERE, al ser recurrible. Aparte, la causa tiene más 130 casos pendientes, con juicios suspendidos hasta 2026, como el de Calderinox. En la última sentencia sobre una de las piezas separadas, la Audiencia estalló hablando del proceso para repartir los fondos como de una «alcaldada indigna» de la Junta. El TSJA espera que la designación de los magistrados agilice la sentencia de los ERE. Desde que acabó el juicio hasta que se dictó la sentencia primigenia pasó un año menos un mes. Ahora se prevén que también pases meses hasta llegar al fallo.