Fraude en las VPO: 80 expedientes por usarlas con fines turísticos en Andalucía

Con la subida de los precios de la vivienda y las pocas opciones de emancipación de los jóvenes por las condiciones laborales, la vivienda ha tomado protagonismo en los últimos meses. De hecho, fue uno de los asuntos estrella en la última campaña electoral de las elecciones municipales y generales, más allá de las cuestiones relacionadas con el debate territorial, la amnistía o las exigencias de los separatistas. El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a prometer 200.000 viviendas a precio asequible para hacer frente a esta cuestión.

Aunque la escasez de vivienda protegida es un hecho, hay otro asunto que también es importante: el buen uso que se hace de estos inmuebles por parte de sus adjudicatarios. Así, el Plan de Inspección de Vivienda Protegida 2022-2023 de la Junta de Andalucía ha incluido un informe específico sobre las viviendas protegidas utilizadas con fines turísticos y ha abierto 80 expedientes de inspección. Con fecha 20 de noviembre de 2023 emitió su balance de evaluación final en el que se señala que el número de expedientes de inspección abordados fue de 80, supera ampliamente las previsiones realizadas en el Plan. En total, se han incoado 42 expedientes sancionadores, 5 de los cuáles continúan su tramitación, 15 han sido archivados y 22 han resuelto una sanción.

El estudio señala que las sanciones impuestas afectan a las ocho provincias y que se han cobrado 19 sanciones por una cuantía total de 78.600 euros.

Precisamente, para facilitar la labor inspectora, la intención de la Consejería de Fomento es que se incorpore una modificación normativa de la Ley de vivienda para incluir la obligación para las viviendas protegidas de recoger en la publicidad de venta o alquiler la identificación de la promoción incluyendo el código de expediente de calificación.

Asimismo, se apuesta por incorporar en la base de datos de Gestor de Vivienda Protegida la información de todas las descalificaciones de vivienda, facilitando así la consulta desde los Servicios Centrales. Por último, también se aboga por completar y mejorar la georreferenciación de las viviendas protegidas, tanto de las promociones como de las viviendas para facilitar las labores de inspección.

La Junta de Andalucía ya ha aprobado el plan de inspección para el presente año. En el mismo, recuerda que las viviendas protegidas están sujetas a una serie de obligaciones según la normativa vigente y que deben cumplir con la función social para la que fueron construidas. Señala que dichas viviendas se destinarán a domicilio habitual y permanente de las personas legalmente autorizadas, ya sea en compraventa o en arrendamiento y que aquellos que no tengan la autorización o destinen la vivienda a segunda residencia o a uso turístico estarán incumpliendo la legislación.

Además de utilizarlas para alquiler turístico de manera irregular, las tareas de inspección se centran en detectar transmisiones irregulares, en particular a personas jurídicas fuera de los supuestos legalmente permitidos. El plan recuerda que entran dentro de estos infractores aquellos que venden o alquilen su vivienda por encima del precio máximo permitido o son personas no autorizables para disponer de una vivienda protegida.

A día de hoy, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda cuenta con una base de datos relevante que permite detectar situaciones cuyas circunstancias apuntan a la posible existencia de infracción, permitiendo así racionalizar los esfuerzos al centrar las labores inspectoras sobre las viviendas localizadas. Entre ellas están las fianzas de alquiler de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) o el registro de viviendas turísticas.

Advierten de que los inspectores analizan todos los afianzamientos registrados desde el 1 de enero de 2021, tanto a régimen general como a régimen concertado (129.371) y, por otro lado, se tiene acreditada la existencia de 115.942 viviendas con

fines turísticos en Andalucía. Con esa base de datos se realiza un cribado para extraer solo las viviendas protegidas.

Desde el departamento que dirige Rocío Díaz se defiende su política en esta materia y se apunta que en los últimos cinco años, la promoción de vivienda protegida ha crecido un 320%. Así, de 2014 a 2018 se iniciaron 3.216 viviendas,

mientras que entre 2019 y 2023 han sido 10.258 viviendas.