Una mujer se enfrenta a 73 años de cárcel por prostituir a extranjeras

La Fiscalía pide una pena de 73 años de prisión para una mujer de nacionalidad paraguaya acusada de captar a mujeres en su país de origen a las que engañaba con la posibilidad de encontrar un buen trabajo para desplazarlas a España y obligarlas luego a prostituirse aprovechando su precaria situación económica y su entrada irregular en el país, un caso que está pendiente de juicio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.

Según el escrito provisional de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EFE, a la principal acusada se suman otros tres procesados, dos hombres que se enfrentan a 40 y a casi 26 años de cárcel y una mujer para la que la Fiscalía ha interesado una condena a 11 años de prisión.

Los hechos se remontan a 2015 cuando la procesada, con la intención de "lucrarse" con el ejercicio de la prostitución ajena, captaba mujeres en Paraguay y, conociendo su precaria situación social y económica, les prometía un trabajo bien remunerado al llegar al país.

Una vez en España, las obligaba mediante engaño a ejercer actividades de prostitución para que saldaran sus deudas, el importe del precio del viaje y los trámites para entrar en territorio español.

La procesada no les permitía trabajar en ninguna labor, aprovechando su estancia irregular en el país, y se beneficiaba de que las víctimas no tenían cobertura social ni económica.

Las víctimas debían hospedarse en uno de los dos domicilios que la principal acusada tenía en Almuñécar (Granada) y entregarle todo el dinero que recibían por ejercer la prostitución, entre 30 y 200 euros por contacto sexual, cuantías de las que la principal acusada se quedaba hasta la mitad.

Una vez saldada la deuda, con la escasa cantidad que les proporcionaba a las víctimas, debían hacer frente a sus gastos de alimentación y vestido, mientras que el horario de trabajo era de forma continuada, sin día de descanso.

Además, tenía limitadas sus salidas y les había enseñado cómo actuar en caso de identificación policial para evitar problemas.

Según la Fiscalía, la principal acusada dirigía, controlaba y supervisaba la actividad, gestionando los pisos en los que albergaba a las mujeres, a las que obligaba a cumplir sus estrictas normas.

En estas labores, contó con la participación de los otros tres procesados, que se encargaban de trasladar a las víctimas hasta los pisos usados, explicarles las condiciones en las que iban a trabajar, amenazarlas e incluso obligarlas a volver a prostituirse cuando ellas se encontraban en un centro de acogimiento residencial.

La Fiscalía ha calificado los hechos como cinco delitos contra los derechos de ciudadanos extranjeros, otros cinco de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, cinco delitos más de determinación coactiva a la prostitución, un delito de obstrucción a la justicia, y un último de quebrantamiento de medida cautelar.

Ha solicitado además que los acusados indemnicen con 39.000 euros a las víctimas por el daño moral causado, además de que los cuatro procesados se enfrentan a distintas prohibiciones de comunicación y acercamiento respecto a las cinco víctimas.