Frutos rojos: un perjuicio reputacional que viene de lejos... y de dentro

El inefable Carlos Salvador Bilardo lo resumiría en una frase mítica para los futboleros: «Los de ‘colorao’ son los nuestros». En Madrid, el Gobierno de España parece haber perdido el norte en todo lo que se refiere a Andalucía, convertida para la izquierda en el mayor enemigo desde que los andaluces «perdieron el miedo al PP» (como repite Juanma Moreno). Resulta difícil de entender, pero de Despeñaperros para arriba es mucho más rentable para el «Pedro Sánchez’s team» que los ‘pobres’ andaluces sigan siendo muy pobres para ganar elecciones.

La negativa no ya a entender sino a escuchar siquiera el problema social que la proposición de ley de los regadíos del Condado de Huelva plantea solucionar es solo una muesca más de la historia reciente. El Gobierno ni come ni deja comer. Ni ofrece soluciones ni deja que otros las ofrezcan. Ni tampoco ejecuta las que blindó por una ley del trasvase, convertida hoy en una promesa más incumplida desde 2018, sin que nada suceda.

Hasta el ministro de Agricultura, Luis Planas, al que parece no bastarle con haber sido capaz de unir a todas las organizaciones agrarias andaluzas por implantar un Plan Estratégico de la PAC dañino para un sector clave para la economía andaluza, ha entrado en la espiral de acusaciones basadas en mentiras y medias verdades que tanto daño hacen a la «marca Andalucía», que es lo mismo que decir «marca España». Esta semana ha dicho que «Doñana es un tema muy serio y se está proponiendo un disparate sobre un patrimonio natural vivo de la humanidad. Además, hay un perjuicio reputacional a todos los agricultores que hacen un trabajo honesto y que exportan 1.500 millones de euros anuales de frutos rojos».

Ni una palabra pronunció cuando el sector salió en tromba para reclamar la retirada de un supuesto informe de «Justicia Alimentaria» titulado «El ingrediente secreto: explotación laboral en la alimentación española» y en su portada aparecía como único producto una fresa y el siguiente texto: «Exporta, explota, me expló». Una supuesta investigación de una publicación con sede en Cataluña financiada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Normal que los agricultores se sientan «perseguidos».

El sector de la fresa es en Huelva la única vía de escape de muchas familias que tienen tierras pero no pueden cultivarlas desde que se aplicó injustamente una ley sin consenso y que generó miles de alegaciones sin respuesta y otros cientos de contenciosos-administrativos, sin éxito. La negativa del Gobierno de España a sentarse con los representantes políticos de la Junta de Andalucía es al mismo tiempo un «portazo» en la cara de quienes viven en Moguer, Lucena, Rociana, Almonte y Bonares. «Llevamos años arrastrando ese tema; por desgracia, es algo consustancial con su actividad. Estamos hablando de agricultores y empresarios, de personas que emprenden y se nos está tachando de delincuentes, de ladrones... No nos gusta el cariz que está tomando esto», afirma un empresario onubense de los frutos rojos. En una comarca que no puede desarrollar ni la industria ni el turismo, la economía primaria es la que permite subsistir a estos municipios.

Huelva, la provincia más olvidada, solo es actualidad en temas espinosos. «Aquí nos mandan hasta la mierda de terceros países, con el ok del Gobierno, al vertedero de Nerva y no pasa nada», lamentan. Al final va a tener razón el «narigón» argentino cuando se refería a sus enemigos, incluso en momentos de debilidad: «¡Pisalo, pisalo!». El 28M dirá a unos y otros si ha merecido la pena.