Ya sea por la cercanía de las elecciones autonómicas –Vox está acaparando el debate sobre este asunto– o por las últimas decisiones del Gobierno, la Junta está dispuesta a librar la batalla en torno a la inmigración, un tema especialmente sensible y con muchas aristas políticas y sociales. Un nuevo frente cuyo último capítulo lo protagonizó recientemente la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, que denunció la llegada a Andalucía de 700 inmigrantes «camuflados» como adultos enviados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pero hay más, la apertura sin previo aviso del centro de internamiento de extranjeros (CIE) más grande de España en Algeciras está generando un amplio rechazo, poniendo en peligro la convivencia en la comarca gaditana.

El contexto político da pie a la confrontación. Vox alude habitualmente a las consecuencias de la inmigración ilegal en sus discursos y, aunque en Andalucía las encuestas muestran un cierto estancamiento del partido de Abascal, a nivel nacional mejoran sus expectativas electorales. Sin embargo, Aliança Catalana está suponiendo un revulsivo, con un discurso muy combativo que está calando en muchos sectores. El partido de Silvia Orriols ya empata con Junts como tercera fuerza en el Parlament, según la última encuesta del CIS catalán. La formación ultra nacionalista está sacudiendo el tablero político, obligando a otros partidos a posicionarse sobre la llegada irregular de migrantes, la acogida de menores no acompañados, los procesos de regularización o el aumento de la delincuencia en zonas con una fuerte presencia de extranjeros.

De momento, la Junta confronta con el Gobierno y alerta de que el número de adultos que han llegado a Andalucía como supuestos menores extranjeros ha crecido en torno a un 23%, pasando de 567 a casi 700, con el consiguiente aumento del gasto para su atención. Además, Andalucía es, junto a la Comunidad de Madrid, la región que más menores inmigrantes ha tenido que asumir tras la aprobación por parte del Ejecutivo del Real Decreto que perseguía repartir por la España peninsular los menores llegados a Canarias y Ceuta, que se encuentran completamente desbordadas.

La Consejería de Inclusión Social planteó un requerimiento dirigido a la Administración General del Estado para que financie los más de 16,8 millones de euros que había soportado –a fecha de febrero de este año– al asumir la atención integral e inmediata de las 567 personas menores migrantes trasladados a Andalucía como adultos por el Gobierno. Solicitó además al Gobierno que «planifique y coordine» con la comunidad autónoma las políticas migratorias y lamentó la falta de acción y respuesta por parte del Ejecutivo central ante esta complicada coyuntura social.

La polémica apertura del CIE de Algeciras, con capacidad para 507 personas, está añadiendo más decibelios al debate migratorio. Estos recursos ya generan malestar en las ciudades donde están operando, un total de siete en toda España. El caso del CIE algecireño es paradigmático, con un coste que ronda los 30 millones de euros. El Gobierno lo acaba de abrir sin avisar al Ayuntamiento, provocando el enfado del regidor, José Ignacio Landaluce, que echó en falta «lealtad institucional y respeto». «Es ilógico, no es sensato ni cabe en ninguna cabeza humana que el ministro del Interior no le pegue un telefonazo a este pobre alcalde y le diga que el CIE se va a abrir. Es lo menos que se puede hacer», aseguró Landaluce. El alcalde defendió también que «tenemos 129 nacionalidades distintas conviviendo con respeto y de forma pacífica» en Algeciras y «no podemos permitirnos que la llegada de cientos o miles de personas en una estancia abierta desequilibrase esa convivencia».

Otra iniciativa que generó mucho rechazo fue la posibilidad de instalar en la base aérea de Armilla (Granada) un campamento temporal para la atención humanitaria de inmigrantes solicitantes de asilo. El Gobierno enterró el asunto ante la oposición de los municipios cercanos, a pesar de que se abrieron recursos similares en Alcalá de Henares, Carabanchel, Mérida o Cartagena.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, aseguró que instalar ese campamento en Armilla «no estaba decidido» y resaltó que si se descarta la base aérea es fundamentalmente «por criterios técnicos y sociales». Reconoció que, tras analizarse las circunstancias del lugar, se determinó que «no es el que reúne las mejores condiciones». «Hay otras opciones en varios lugares de Andalucía, se está gestionando y lo que hay que tener en cuenta es que estamos ante una necesidad urgente de atender una crisis humanitaria, por lo que debemos arbitrar con urgencia medidas».