La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha impulsado una nueva ley de Patrimonio, texto que ya ha sido aprobado en el Consejo de Gobierno y remitido al Parlamento para su tramitación. El objetivo es poner en uso y valor los distintos bienes y derechos del patrimonio de la administración autonómica e incluye múltiples novedades ya que la norma vigente se aprobó en 1986.

Uno de estas novedades se concreta en el artículo 118, que regulará el «Pago en especie en los contratos de obras del sector público». El objetivo es fomentar esta posibilidad que viene contemplada en el artículo 102.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que a su vez traspone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en los contratos de obras. Así, se trata de «preverse que el pago del precio de estos se haga total o parcialmente mediante la transmisión de inmuebles o derechos sobre los mismos de titularidad de la Administración o agencia de la que depende el órgano o la entidad que licita el contrato. Obviamente, esta posibilidad deberá tener en cuenta que «los bienes o derechos sean enajenables de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y se haya obtenido, con carácter previo a la licitación, la autorización del órgano competente para disponer del bien o derecho»; «que en el expediente de contratación se establezcan los criterios objetivos para la valoración de las ofertas que realicen los licitadores sobre los bienes o derechos, las cuales deberán partir del valor de tasación que realice el órgano competente»; y, que «en caso de bienes o derechos de titularidad de las agencias se requerirá, además, autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio».

El pago en especie constituye, por tanto, una práctica habitual en administraciones que tiene un precedente muy conocido. En marzo de 2010, el Gobierno de España que residía José Luis Rodríguez Zapatero y la Junta de Andalucía cerraron un acuerdo definitivo sobre el pago de la deuda histórica que recogía el anterior Estatuto de Autonomía de Andalucía por 784,2 millones. En realidad, ese pago se hizo en especie, incluyéndose 22 solares y solo dos millones de euros en metálico. Anteriormente, la Junta había cobrado 420 millones en metálico, por lo que la liquidación de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto –la conocida como deuda histórica– ascendió a 1.204 millones de euros. El PP llevó este acuerdo ante el Tribunal Constitucional, que, finalmente, desestimó el recurso.

La gestión del patrimonio público andaluz es una necesidad. El texto recuerda que en anteriores legislaturas no existía siquiera un inventario actualizado de propiedades de la Junta de Andalucía. De hecho, esa falta de organización provocaba la existencia de decenas de solares, edificios y todo tipo de inmuebles abandonados y sin control alguno, que estaban sin uso y cuyo mantenimiento tenía un coste de seis millones para las arcas públicas.

La Consejería señala que el esfuerzo desarrollado en los últimos años por la Junta de Andalucía ha permitido ingresar 137 millones de euros mediante la enajenación de inmuebles no útiles, recursos que se han destinado a servicios esenciales como la sanidad, la dependencia y la educación. Asimismo, se han recuperado 70 inmuebles procedentes de la operación de sale & lease back de 2014 (Operación Holmes), que ha generado un ahorro de más de 35 millones de euros anuales en alquileres a los andaluces.

En este sentido, otra de las novedades que recoge la futura ley, es el compromiso de la Junta de poner a disposición de la ciudadanía una Plataforma digital de Publicidad Patrimonial, integrada dentro de su portal web y que recoge un inventario completo de los inmuebles propiedad de la Junta de Andalucía y de sus organismos dependientes. Este portal ofrecerá también información actualizada sobre subastas, aprovechamientos y demás usos que puedan darse a dichos bienes.

Este miércoles, el Consejo de Gobierno tomó conocimiento de la nueva subasta de patrimonio público convocada por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Esta subasta, sexta desde 2019 y que parte con un precio de salida de 22 millones de euros, busca reaprovechar decenas de inmuebles y solares en desuso, infrautilizados o incluso en situación de abandono propiedad de la Junta de Andalucía.

Entre otros, incluye la de la residencia de tiempo libre de Pradollano, en Sierra Nevada, en término municipal de Monachil (Granada), por un valor inicial de casi 6,5 millones de euros. Tambíen figuran otros que llevan décadas sin uso, como los ubicados en la calle Álvarez de Castro de Almería, sin uso desde 2018; el antiguo IES Rosa Navarro de Olula del Río, abandonado desde 1997; el sito en Villanueva del Arzobispo (Jaén), sin uso desde 2014; las plazas de garaje sitas en la calle Doctor Azpitarte de Jaén, desde 2011 o el conjunto industrial Eurocei de San Juan de Aznalfarache.

Coches solo para las «funciones públicas»

La futura ley, una vez que se apruebe, regulará en su artículo 42 el «Parque móvil de la Comunidad Autónoma de Andalucía». Entre otras cuestiones, regula una circunstancia que debe ser obvia: los vehículos propiedad de la Junta de Andalucía solo pueden utilizarse para las actividades propias del ejercicio público. Así, se recalca que «los vehículos del parque móvil están destinados al servicio público, pudiendo utilizarse únicamente para la cobertura de las necesidades que deriven del ejercicio de las funciones públicas encomendadas a la Comunidad Autónoma de Andalucía». El punto 2 del citado artículo señala que reglamentariamente se desarrollará el régimen jurídico del parque móvil y las normas aplicables incluyendo los consorcios, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz. Esta previsión es una novedad ya que es la primera vez que se contempla expresamente una disposición dedicada específicamente al parque móvil.