Manuel Jiménez Caro: «No se puede obligar a sostener las molestias de los pisos turísticos»

Manuel Jiménez Caro fue elegido a principios de diciembre presidente del Consejo Andaluz de Administradores de Fincas, que coge el testigo de Mercedes Romero Balsera, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Córdoba.

¿Qué objetivos se ha marcado al frente del Consejo Andaluz de Administradores de Fincas?

Quiero hermanar a todos los colegios de Andalucía. Cada provincia tiene su particularidad, somos un grupo heterogéneo, pero con características similares. Hay provincias como Jaén o Huelva que cuentan con apenas setenta colegiados y otra como Málaga, que tiene más de un millar. En ese sentido, es lógico que los recursos y capacidad para organizar eventos no sean los mismos en una provincia que en otra, pero hay que trabajar para avanzar en esa línea.

Siempre se ha echado en falta cierta profesionalización. ¿Está reconocido el trabajo del administrador de fincas?

Es cierto que se tienen que establecer unos estándares que obliguen a la profesionalización del oficio y que pasan por exigir una colegiación obligatoria. Somos conscientes de que gestionamos al patrimonio más importante que pueda tener una persona a lo largo de su vida. Sin embargo, al propietario no se le protege como consumidor: si usted quiere proteger al propietario, debe exigir que quien le preste el servicio de administración de su propiedad y supervise el mantenimiento y las cuentas lo haga con total garantía.

¿Es Málaga una provincia especialmente morosa?

Desde el colegio de administradores de fincas pusimos en marcha hace cuatro años una cátedra junto con la Universidad de Málaga cuyo primer trabajo de investigación ha planteado un estudio a fondo del mercado y del sector, que ha dado interesantes resultados en indicadores como la morosidad. No obstante, las comunidades de propietarios no son morosas per sé; de hecho pagan muy bien. Queremos ahora implementar un observatorio para ir analizando y supervisando.

¿Cómo valora las últimas decisiones judiciales vinculadas a las viviendas turísticas, como las que avalan que las comunidades de propietarios puedan prohibir la actividad de viviendas turísticas por acuerdo de tres quintos?

Es un fallo judicial importantísimo en el devenir de las comunidades. Hasta ahora existía la controversia de que cada audiencia provincial entendía de forma distinta la modificación de la ley de 2019 que hablaba de limitar las viviendas turísticas. Algunas entendían que la limitación podría llegar a la prohibición y otras que habría que contar con esa mayoría de tres quintos. Cuando se hacía por ejemplo una consulta al consejo general a este respecto, había que especificar de qué provincia se era, algo que no tenía sentido. Ahora, el Tribunal Supremo ha unificado el criterio establecido y se pone fin ahora a la inseguridad jurídica que existía al respecto.

¿Qué más queda por hacer a la hora de regular las viviendas turísticas?

La regulación se tenía que haber hecho mucho antes, sin ningún género de dudas. Hace cuatro años ya se nos consultó por parte de la Administración para abordarlo y se pusieron sobre la mesa algunas medidas que luego no se adoptaron. Ahora se ha tenido que cortar por lo sano y limitar las viviendas. Nosotros no somos contrarios a esta modalidad, pero si queremos que sea sostenible, hay que regularlo y hay que poner puertas al campo. No podemos obligar a todos los vecinos de comunidades residenciales a sostener las molestias que genera un piso turístico.

¿Por qué se derivan tantas molestias de las viviendas turísticas?

Hay muchas viviendas mal gestionadas o autogestionadas y eso genera muchos inconvenientes. No tiene sentido que en una comunidad haya más de un 7 u 8 por ciento de viviendas turísticas como se ha zonificado en Málaga, por ejemplo. Pero habría que aumentar la lupa y concretar más, mirar edificio a edificio y no de manera general sobre la zona.

¿Qué se pide al Gobierno Central de cara al año próximo?

Algo prioritario es la derogación de la ley de Propiedad Horizontal, que es de los 70 y no refleja la realidad de lo que es una comunidad de propietarios hoy en día. De hecho, nos exige a los administradores de fincas un montón de servicios que en la actualidad ya se prestan, como el envío periódico de las cuentas. Es necesario además que se puedan realizar encuentros telemáticos y eliminar la segunda convocatoria.