La pensión media no llega para pagar una residencia de ancianos en Andalucía

La pensión media en Andalucía, con datos de abril de 2023, se sitúa en 1.238,97 euros. La comunidad andaluza es la cuarta región con la media de pensiones más baja por delante de Murcia, Galicia y Extremadura y muy lejos de los 1.681,31 euros del País Vasco, de los más de 1.639 euros de Asturias, los 1.588 euros de Madrid o los 1.544 de Navarra. Por su parte, el coste medio de una residencia de ancianos en Andalucía se sitúa está por encima de los 1.800 euros, por lo que un andaluz promedio necesitaría pensión y media para hacer frente al pago mensual.

En Andalucía, según el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales, ascienden a 712 el número de residencias, de las cuales 67 son viviendas tuteladas, reuniendo entre todas un número de plazas teóricas de 42.585. Casi el 76% de las plazas son privadas por menos del 24% públicas.

Según el informe de precios de Inforesidencias.com, «el precio medio de una residencia de mayores privada en España en 2022 es de 1.830 euros al mes sin IVA». «El precio cambia entre comunidades, incluso dentro de Andalucía de una provincia a otra», sostiene el portal. En Sevilla, «el precio medio al mes es de 1.903 euros más IVA, «una cantidad inferior a la media del conjunto de España» pero por encima de la pensión media. El precio medio mensual de una residencia de tercera edad en Málaga es de 2.324 euros más IVA. En Jaén es de más de 1.783 euros. La pensión media de Córdoba supera en tres euros los 990, por lo que no da ni para media plaza en una residencia privada, por encima de 1.800 euros. Las familias se ven obligadas a sufragar el gasto en residencias vendiendo patrimonio o repartiendo el coste entre familiares.

La lista de espera es superior a un año para lograr una valoración de dependencia, que es el paso previo para una plaza concertada. El precio de una residencia depende de factores como la ubicación. El coste puede variar hasta en un 20% dependiendo de dónde se sitúe. Los servicios de cada centro también determinan el precio, así como las instalaciones y el grado de dependencia del usuario. Para solicitar alguna de las modalidades de ayudas públicas que ofrece la Junta, hay que cumplir con la Ley de la Dependencia y que el usuario tenga reconocido algún grado de dependencia y haya sido revisado por un trabajador social.

El índice de envejecimiento andaluz es de 115,91 mayores 65 años por cada 100 menores de 15. El último dato publicado, de 2021, supone un aumento superior a 35 puntos respecto al año 2000 (79,22). Más allá, en 1980 era de 34,11. Es decir, 82 puntos menos. En 1975 era de 29,83. Por tanto, en 45 años, a un lustro del medio siglo, la población andaluza ha envejecido 86 puntos. Andalucía contabiliza apenas dos trabajadores por cada pensionista, lo que describe el panorama a corto plazo. En resumen: el índice de envejecimiento se ha elevado del 34,1% de 1980 al 115,9% de 2021.

La tasa de dependencia actual es inferior a la de hace diez años (2,31). Entonces había 7,7 millones de pensionistas y 17,96 millones de ocupados. Desde ese momento, la recesión afectó al empleo y el número de pensionistas mantiene su tendencia al alza. La relación entre cotizantes ocupados y pensionistas pasó su momento más complicado en 2013, con una tasa de 1,95 cercana al 1,9 de los años 90 del pasado siglo. Desde 2013 se fue recuperando poco a poco los niveles de 2011, aunque lejos del máximo de 2,5 afiliados ocupados por cada pensionista de 2006 y 2007.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, viene defendiendo un nuevo modelo en el que el mayor pueda elegir entre ir a una residencia o vivir en el domicilio. La consejera ha señalado las nuevas tecnologías y la innovación social como herramientas que permiten prestar un mejor servicio y tiene muy presente la digitalización como «un aliado» de los servicios sociales. La Consejería trabaja en un modelo en el que las personas mayores o con discapacidad puedan decidir qué servicios desean tener dentro de la cartera de prestaciones que ofrece la Junta. Se trata «de respetar la autonomía y libertad de estas personas con el objetivo de que puedan optar entre la ayuda a domicilio o una plaza residencial en el centro que elijan –y haya plaza–, ya que los últimos estudios revelan el deseo de la mayoría de permanecer el mayor tiempo posible en su hogar o entorno habitual», señaló la Junta. Loles López defiende un modelo de proximidad y adaptado a cada persona usuaria, de manera que se «respete su autonomía». En los próximos meses se lanzarán varias líneas de ayuda para la construcción y reforma de centros de mayores y para personas con discapacidad. Frente a los 283 puestos en residencias creados a lo largo de la legislatura 2015-2018, durante el periodo de 2019 a 2022 se dispusieron 2.583 nuevas plazas, lo que supone que «se ha multiplicado por diez la creación de nuevas plazas», según el balance de la Junta.