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Seis razones para una nueva Ley de Turismo de Andalucía

El Gobierno andaluz pretende potenciar la principal industria de la comunidad para que siga siendo clave en la economía

La Junta confiaba en alcanzar los 32 millones de turistas en 2023, aprovechando el tirón de las fiestas de Navidad
La Junta confiaba en alcanzar los 32 millones de turistas en 2023, aprovechando el tirón de las fiestas de NavidadEp

El año 2023 atrajo a Andalucía –previsiblemente y a falta de los datos oficiales– unos 32 millones de turistas. Es el objetivo que el Gobierno andaluz confía en alcanzar y que supondrá una cifra récord. El turismo es la gran industria de la comunidad, como lo evidencia que solo en 2022 generó más de 22.500 millones de euros y, como tal, su regulación debe permanecer actualizada. El Gobierno de Juanma Moreno ha iniciado la tramitación de una nueva Ley de Turismo de Andalucía.

Las diferentes tendencias de viajes y las nuevas formas de alojamiento o consumo demandan una normativa «más flexible y permeable al cambio», que contemple al turismo como vector transversal con incidencia en la ordenación territorial y urbanística y que facilite la simplificación de su desarrollo reglamentario. El transcurso del tiempo desde la entrada en vigor de la Ley 13/2011, del Turismo de Andalucía ha originado que el fenómeno turístico «requiera ser abordado desde su realidad actual, con la consecuente adaptación de la normativa que le resulta aplicable». La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte ya trabaja en el anteproyecto de ley; de hecho, desde el pasado 29 de diciembre y hasta el próximo 27 de enero la participación pública en el procedimiento de elaboración de la nueva norma está abierta a la ciudadanía para que formule sus aportaciones. El Gobierno andaluz persigue «mantener el posicionamiento competitivo de Andalucía como destino» y ello conlleva «la revisión permanente del modelo turístico» para lograr la necesaria adaptación a la realidad imperante y garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Tres conceptos son claves: «calidad», «competitividad» y «dignificación de la industria turística».

Valor añadido

El departamento que lidera Arturo Bernal pretende dar respuesta a seis necesidades detectadas. La primera, la búsqueda de mayor calidad: «Avanzar hacia un turismo que aporte mayor valor añadido tanto en términos económicos como sociales, centrado en la calidad de experiencias y en el impacto cultural, innovación para lograr la diferenciación a partir de productos y proyectos».

En segundo lugar, una modernización de todo el entramado que permita agilizar la labor de los agentes implicados: «La digitalización del tejido turístico empresarial y el intercambio e interoperabilidad de datos entre autoridades públicas y operadores privados».

En tercer lugar, mejorar las condiciones laborales de cuantas personas viven por y para la actividad turística, es decir, «la búsqueda del prestigio de las personas que trabajan en el sector».

«Poner el foco en la consecución de un modelo de gobernanza de un turismo esencialmente sostenible, que demanda una eficaz coordinación y cooperación interadministrativa» supone el cuarto reto de la nueva ley.

El quinto, y no menos importante, ofrecer «seguridad jurídica» en la práctica de la actividad turística, «agilizando los trámites administrativos en el seno de la Administración».

Y en sexto y último lugar «lograr un turismo sostenible y circular, reflejando las nuevas tendencias y los diversos productos turísticos, tradicionales y emergentes, en línea con las diversas Estrategias de la Unión Europea en materia de turismo sostenible y, especialmente, en consonancia con la Agenda Europea para el Turismo 2030, y el Nuevo Plan de Acción para la Economía Circular».

Retorno positivo

Con el desarrollo de estos objetivos, la Junta impulsará nuevas estrategias que pondrán en valor «el retorno positivo del turismo andaluz, tanto de su reconocimiento e imagen como de sus beneficios sobre la calidad de vida y prosperidad de los ciudadanos», al mismo tiempo que aspira a definir los medios para «contrarrestar efectos e impactos no deseados y evitar posibles tensiones sobre el territorio, en especial en las grandes ciudades, para su óptimo y proporcionado desarrollo».