El juez no da la razón al Ayuntamiento de Sevilla ni a los dominicos: el ficus de Triana no se talará por ahora

La Justicia ha rechazado las alegaciones del Ayuntamiento de Sevilla y ha confirmado la decisión cautelar que adoptó hace unas semanas para que el ficus situado junto a la parroquia de San Jacinto, en Triana, se conserve en las mejores condiciones posibles y no sea talado por completo, al menos por ahora, a la espera de que se resuelva definitivamente el recurso presentado por una asociación de jardineros.

En un auto dictado el 2 de septiembre y facilitado por la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Sevilla vuelve a dar la razón a la Asociación Multisectorial de Jardinería Andaluza y ratifica la “procedencia” de la suspensión cautelar de la licencia de tala que había obtenido la Orden de los Dominicos, propietaria del árbol, tal como decidió en otro auto del pasado 18 de agosto contra el que el Ayuntamiento presentó alegaciones.

“La razón fundamental de la medida cautelar es asegurar la efectividad de la sentencia que se dicte en el recurso contencioso administrativo. La tala del ficus dejaría sin objeto el recurso, como es notorio, puesto que una vez talado, si la sentencia fuera favorable a los intereses de la asociación recurrente, no podría replantarse el árbol en las condiciones que actualmente tiene, una vez paralizados los trabajos en ejecución del auto de 18 de agosto de 2022, que ordenaba la paralización de los mismos con carácter de urgencia”, argumenta el juez, que en todo caso no analiza la cuestión de fondo.

Los dominicos denunciaron que la Asociación de la Jardinería Andaluza no estaba legitimada para presentar su recurso contencioso-administrativo contra la tala, a lo que el juez responde que esa decisión “no procede realizarse en este momento incipiente” del proceso judicial.

El Ayuntamiento defendió que, tras la tala de la copa y las ramas, ya no existía riesgo para las personas ni el patrimonio. El juez, en cambio, mantiene la orden de que el Consistorio adopte “las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes que pudieran producirse como consecuencia de la paralización de estos trabajos”.

Los técnicos municipales también reclamaron “el levantamiento, mantenimiento o modificación” de la suspensión de la licencia, “ya que en caso de dilatarse en el tiempo la situación en más de seis meses, habría que prolongar las medidas” de seguridad y efectuar una nueva evaluación de riesgos. El juez mantiene que “corresponde a la administración la adopción de las medidas que fueran necesarias para el aseguramiento de personas o bienes” y le dice al Ayuntamiento que si la tramitación del recurso-contencioso administrativo se va más allá de los seis meses, “lo que es previsible”, la Gerencia de Urbanismo deberá adoptar “cualesquiera medidas sean necesarias para la seguridad de personas y bienes” durante toda la tramitación del recurso.

El auto no es firme y puede ser recurrido en apelación ante el mismo juzgado en un plazo de quince días.