La Ley de Capitalidad de Sevilla busca encaje

Con el apoyo asegurado para la aprobación de los Presupuestos municipales, y el reciente respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cara a las elecciones municipales, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, retoma una iniciativa que pretende convertir en una de sus principales bazas electorales: la Ley de Capitalidad. Una polémica medida que ya barajaron otros regidores sevillanos como el también socialista Alfredo Sánchez Monteseirín o el popular Juan Ignacio Zoido, pero que no llegaron a materializar. El objetivo es que la ciudad tenga más privilegios y compensaciones presupuestarias por prestar servicios extra como capital de Andalucía, una figura de la que ya se benefician otras urbes como Madrid, Barcelona o Zaragoza.

Fue el pasado mes de octubre cuando el propio Muñoz y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, acordaron la puesta en marcha de una serie de mesas institucionales para abordar el asunto. Se celebró la primera con la presencia del regidor; el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz; y la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Un encuentro en el que se puso de manifiesto la necesidad de encontrar el encaje jurídico de la medida, un extremo que analizará la Universidad de Sevilla, cuyas conclusiones quedarán plasmadas en un dictamen.

En la reunión se decidió que el Ministerio elaborará un protocolo de funcionamiento de la mesa, cuyo borrador esperan que esté listo en el próximo encuentro, que se celebrará en febrero o marzo. Muñoz destacó que cada una de las partes reconoció que existen singularidades, «que deberían estar recogidas en un texto normativo y ver qué alcance tiene todo eso y sus consecuencias jurídicas: eso es lo que determinará el estudio». Asimismo, «hemos coincidido en dar prioridad a las políticas dirigidas a zonas de transformación social de la ciudad». Entre las singularidades, el alcalde se refirió a la capitalidad de Andalucía, «tal como recoge el Estatuto autonómico», el hecho de ser la tercera área metropolitana en el conjunto del país y contar con seis de los quince barrios más pobres de España, entre otras cuestiones.

Por su parte, el consejero de la Presidencia aseguró que «el diálogo operativo es la mejor manera de ofrecer resultados. Este es el modo de hacer política que nos reclaman los ciudadanos y la Junta se va a sumar al respecto». En este sentido, Sanz destacó la cooperación, la coordinación y la colaboración, así como la lealtad institucional como aspectos necesarios en este tipo de reuniones. Sobre si el reconocimiento de estas singularidades puede despertar recelos en otras provincias, pidió «prudencia» y emplazó a los resultados del estudio, «que determinará no solo qué consecuencias tendría esa ley sino su fórmula jurídica». Cabe recordar que Málaga ya mostró su rechazo a esta norma y a cualquier tipo de privilegio de Sevilla sobre otras ciudades andaluzas. El alcalde malacitano, Francisco de la Torre, aseguró que «no hay razón» para la aprobación de esta medida, puesto que ser la capital de Andalucía «ya es una ventaja brutal». «Reconocer esa singularidad –el Estatuto ya define la capitalidad– no quiere decir que no se atiendan necesidades de otros municipios. No es un tema excluyente», afirmó Sanz.

La ministra, de su lado, apostó por la descentralización y reivindicó el papel de las ciudades en la toma de decisiones para que los ayuntamientos «no solo se limiten a ejecutar» las que proceden de otros gobiernos. «Es necesario, en una España multinivel, que ayuntamientos de grandes ciudades, como Sevilla, con influencia en su área metropolitana, participen en esa toma de decisiones». «Sevilla es una fotografía nítida de modernidad y transformación. Lo fue hace 30 años con la Expo’92 y el AVE, y ahora con el sector aeroespacial y el metro, como transporte sostenible», añadió Rodríguez, al tiempo que destacó que estas reivindicaciones de Sevilla «no son solo de su alcalde, sino de todo el Pleno municipal».

El asunto de la financiación es quizás el más controvertido y el que podría levantar recelos en otras ciudades. Sin embargo, otras leyes de capitalidad no hacen referencia a cuestiones financieras. Es el caso de la de Madrid, aprobada en 2006 por el entonces alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. Este texto reconoce la especificidad de la ciudad como capital de España, crea un órgano de coordinación entre el Gobierno, la Comunidad y el Ayuntamiento y da presencia al Consistorio en infraestructuras estatales como el aeropuerto.