La Fiscalía se implica en el caso Sandra Peña

La Fiscalía de Menores dio ayer un paso adelante y asumió definitivamente la investigación del caso Sandra Peña, la menor que se suicidó el pasado 14 de octubre, tras supuestamente sufrir acoso por parte de dos compañeras de colegio. Las pesquisas se centrarán en dos asuntos principales: por un lado, el Ministerio Público evaluará la responsabilidad del colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, centro al que acudía Sandra y donde se habría producido el bullying, y por otro, indagará sobre las compañeras de la menor que supuestamente estuvieron implicadas en la tragedia. Los nombres de estas menores aún no han trascendido debido a que la Fiscalía no dispone de los atestados policiales.

La decisión de la Fiscalía de Menores se produce después de que la Inspección Educativa constatara que el colegio de la adolescente sevillana adoptó una serie de medidas aunque, según informó la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, «no constara» el inicio de los protocolos de acoso ni el de conductas autolíticas. Asimismo, durante la jornada de ayer, la misma Consejería advirtió que el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla podría perder el concierto educativo «si el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave» del mismo.

«Será la Fiscalía la que determine las posibles responsabilidades, así como la titularidad del centro es la que debe actuar depurando las responsabilidades de su personal conforme a los requerimientos enviados por parte de la Consejería. A partir de ahí, en el caso de que el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave del concierto, se podría determinar su retirada por parte de la Junta», explicaron fuentes de la Consejería.

La familia de la menor también anunció que emprendería «todas las medidas legales necesarias» ante la que considera inacción del centro escolar, ya que la única medida que habría tomado fue cambiar de aula a las supuestas acosadoras a petición de la madre de la adolescente, según indicó el tío de la niña, Isaac Villar. Esto último trascendió durante la tensa concentración de homenaje a la niña fallecida que tuvo el lugar el pasado viernes en una plaza cercana al domicilio de su familia, donde muchos de los vecinos que acudieron acusaron al colegio de no saber gestionar este tipo de casos que, según denunciaron, son habituales en el centro.

Paralelamente a los expedientes que llevará a cabo la Fiscalía y a las inspecciones realizadas por la Consejería, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, avanzó el pasado jueves la apertura de una investigación de oficio para conocer el funcionamiento del protocolo contra el acoso escolar en el caso de la muerte de la menor, con lo que serán en total tres las instituciones implicadas de momento en el caso.

Por su parte, la dirección del colegio Irlandesas de Loreto, pidió ayer «cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación» policial, judicial y administrativa en torno al suicidio de la que fuera alumna del centro. En un comunicado publicado en sus redes sociales, el centro exigió que el cese de cualquier situación violenta como las que se han producido en las inmediaciones del colegio. «Cualquier acción de este tipo está perjudicando a nuestros niños, todos ellos menores de edad, nuestra prioridad es velar por el alumnado y sus familias en un momento tan delicado». La dirección explicó que el equipo de orientación y de bienestar emocional están atendiendo «de manera especial» a los estudiantes tras los hechos. Además, recalcaron su «colaboración con las autoridades competentes» y advirtieron de que el Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial (Grume) de Sevilla les habría pedido evitar dar cualquier tipo de información sobre el caso.

Tras los desgraciados hechos que llevaron a Sandra a quitarse la vida, se ha puesto la lupa en la aplicación de los protocolos de acoso escolar y en su efectividad. Por ello, llaman mucho la atención las cifras de los «expedientes de reforma» iniciados en 2024 por la Fiscalía Superior de Andalucía, pero todavía más sorprendente es su distribución geográfica: de los 75 casos registrados, 62 se concentraron en la provincia de Málaga, seis en Cádiz, cuatro en Jaén, tres en Huelva y ninguno en Sevilla, unas diferencias absolutamente disparatadas que por el momento no tienen justificación y apuntan a un fallo en la gestión de este tipo de procesos. En relación con las medidas que despliega la Junta ante este tipo de conductas, la Administración defendía también estos días la «eficacia de los protocolos». De hecho, la Consejería registró 2.700 activaciones del protocolo de acoso escolar en el sistema público Séneca en el curso 2022/2023, de las cuales medio millar finalmente se confirmó como acoso. Según estos protocolos, cualquier miembro de la comunidad educativa que presencie hechos de acoso tiene la «obligación» de comunicarlo al equipo directivo del centro y de ahí al Servicio Provincial de Inspección de Educación.