Ultiman un plan de desarrollo sostenible para el cultivo del arroz en Andalucía

La Federación de Arroceros y la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ultiman la presentación de un plan de desarrollo sostenible para el arroz en Andalucía, que haga compatible este cultivo con el cumplimiento de la Agenda 2030. El sector se fija metas ambiciosas en las áreas con mayor impacto de la producción, pero al mismo tiempo la búsqueda de oportunidades de negocio, consciente de que en los mercados internacionales las grandes empresas incorporan criterios de sostenibilidad en su estrategia empresarial. Se trata, en definitiva, de demostrar de manera fehaciente y fiable un buen comportamiento ambiental; aumentar la rentabilidad de las inversiones (eficiencia energética, agua, materias primas, generación y gestión de residuos, etc.); atraer a consumidores responsables; o reducir riesgos económicos, sociales y ambientales, apoyando las acciones a nivel internacional contra el calentamiento global.

Los arroceros tienen la esperanza de recuperar la normalidad para poder empezar a sembrar a finales de mayo de 2024. Los últimos tres años han resultado nefastos. En 2021 sólo pudieron sembrar un 50%, en 2022 se redujo al 30% y este año que acaba la cifra es casi nula, pues de las 38.000 hectáreas dedicadas al cultivo en años normales (el 33% del total de España) solo se han sembrado 1.950 hectáreas, es decir, el 5,1%. Se han perdido millones de euros. El coste laboral también es muy relevante. La industria arrocera andaluza en una campaña normal reúne 4.300 empleos y alcanza unas ventas que rondan los 600 millones de euros. En las campañas sin circunstancias excepcionales como la sequía actual, el rendimiento medio del cultivo suele rondar los 9.000 kilos de arroz por hectárea (el más elevado de Europa); y se pueden superar las 330.000 toneladas, volumen que supone el 50% del arroz de España y el 15% de Europa.

La escasez de recursos hídricos está afectando especialmente a los productores de arroz andaluces, a los que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha concedido una dotación de agua de 1.183 m3/hectárea que supone una décima parte de las necesidades hídricas habituales del sector. En el caso de la comarca de La Janda gaditana, el agua disponible para el riego del arroz ronda el 15% de las necesidades habituales.

El sector subsiste gracias a las ayudas de la UE y las recibidas por la sequía. El sector lleva años demandando la modernización del riego del arroz. La CHG va a recrecer el canal del Bajo Guadalquivir para darle cabida a la dotación del sector arrocero, por lo que el agua va a pasar mediante un sifón por el río para que posteriormente se reparta. Entre las demandas de los arroceros están la construcción de más balsas y pantanos.

Prácticamente la totalidad del cultivo del arroz andaluz (95%) se encuentra bajo Producción Integrada. Se trata de un sector que apuesta de manera evidente por conjugar de manera sostenible la producción de alimentos, con la preservación y mejora del medioambiente, lo cual es especialmente relevante dado que el cultivo se concentra mayoritariamente a lo largo de la desembocadura del Guadalquivir, en una ubicación próxima a Doñana.

La elaboración de una estrategia sostenible pretende ser coherente con la Comisión Europea, aplicando los ODS para establecer las líneas marco de desarrollo a medio plazo, así como la alineación con lo establecido en la Ley 11/2018, en materia de información no financiera y diversidad. Un kilogramo de arroz blanco comercializado y cultivado en Andalucía en producción integrada tiene una huella de carbono de 0,76 kilos de CO2 equivalente. La reducción del número de días de inundación del cultivo podría permitir un descenso de este índice hasta en un 11%.

Los riesgos para este sector, no obstante, también vienen de fuera. Ecologistas en Acción alerta de que la nueva explotación de la mina de Aznalcóllar a manos de Minera Los Frailes implica un vertido tóxico global de 85,5 hm3 en el Guadalquivir desde Sevilla hasta la desembocadura del río durante 17 años. Arroceros, agricultores, pescadores y mariscadores del Estuario del Guadalquivir pueden ver en riesgo la seguridad alimentaria de sus productos.