El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha defendido este viernes el Real Decreto para endurecer los criterios de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios en España, después del recurso ante el Tribunal Supremo presentado por el Gobierno de Aragón por supuesta invasión de competencias. Para Moncloa, el recurso "no es ninguna sorpresa" porque choca con la "estrategia de apoyo -del Ejecutivo de Jorge Azcón- al crecimiento de las universidades privadas sin importar su calidad". En esta Comunidad, hay en este momento tres proyectos universitarios privados, dos en Zaragoza y otro en Calatayud.

Fuentes del Ministerio dirigido por Diana Morant, han defendido el decreto que han calificado de "necesario" ante la "eclosión de universidades privadas en España", que en algunos casos "no están cumpliendo con los criterios mínimos de calidad en docencia e investigación". Así, han señalado que los nuevos criterios de calidad son "muy meditados, ponderados y realistas" para que todas las universidades que operen en España, publicas o privadas, "garanticen unos estándares altos de calidad, sostenibilidad y masa crítica".

En ese sentido, han recalcado: "Casi todas las universidades existentes los cumplen, y las que no, dispondrán de tiempo suficiente para adaptarse". Han rechazado también que la normativa vulnere competencias autonómicas ya que definir los principios normativos generales del sistema universitario y velar por la calidad del sistema en su conjunto corresponde al Estado.

El Ministerio ha negado asimismo que el Real Decreto limite injustificadamente la libertad de empresa porque lo que hace es regularlo "para asegurar la calidad de un servicio de interés general y para proteger al estudiantado y la sociedad", poniendo como ejemplo otras regulaciones "muy exigentes" como las de la sanidad, el mercado bancario o el energético. Por último, han recordado que hubo una audiencia pública en abril, en la que se recibieron propuestas y alegaciones de más de 68 instituciones, incluidas casi todas las Comunidades Autónomas, por lo que el Real Decreto "se tramitó de forma totalmente transparente", además de aprobarse de acuerdo con el Consejo de Estado.