La Generalitat admite que un paciente cuesta menos en un hospital de gestión privada

Un informe de la Consejería de Sanidad de la comunidad valenciana desvela que el sistema público gasta cada año 933,84 euros por enfermo frente a los 775,45 que le cuesta a una adjudicataria, es decir, hasta un 17% menos

El Gobierno valenciano tiene la intención de recuperar la gestión de todos los hospitales públicos. Lo hará a medida que vayan finalizando los contratos con las concesionarias. El primero será el de Alzira en el año 2018, después será el turno de Torrevieja en 2021; Dénia regresará a manos de la Generalitat en 2023; Manises lo hará en 2024 y Elche, en 2025. El Departamento que dirige Carmen Montón alega motivos económicos para recuperar el control, asegura la consellera que la gestión en manos públicas no solo es más eficiente, sino que resulta más barata. No obstante, según datos del propio Ejecutivo autonómico, la atención al paciente que ofrecen desde las empresas adjudicatarias es un 17 por ciento más barata que la de la red pública.

Así consta en el documento de «Actualización de la prima per cápita 2016» elaborado por la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad. En este informe anual se especifica que la cápita de la Generalitat Valenciana para el ejercicio en curso se establece en 933,84, mientras que la cápita a abonar al concesionario para el año 2016 es de 775, 45 euros. Ello significa que al sistema público le cuesta más atender a un paciente en hospitales que gestiona que si estos mismos enfermos son tratados en un centro gestionado por una empresa privada.

Los datos confirman lo que las empresas vienen defendiendo desde hace tiempo, que la optimización de recursos humanos y económicos es más eficiente si se deja en sus manos. Uno de los más beligerantes en esta defensa ha sido Alberto De Rosa, consejero delegado del Grupo Ribera que engloba a los hospitales de La Ribera, en Alzira (el primero y del que tomó nombre este modelo de gestión); el de Vinalopó, el de Torrevieja y el de Dénia.

De Rosa cree que el Gobierno valenciano se ha dedicado a crear confusión respecto a este asunto, pero cree que las cifras recogidas en este informe no dan lugar a dudas de las ventajas de la gestión privada.

De hecho, diversos expertos en derecho mercantil y social pusieron recientemente de manifiesto la complejidad laboral y administrativa de no prorrogar la concesión del Hospital de La Ribera por parte de la Generalitat. En este sentido, Nicolás González-Deleito, de Cuatrecasas Gonçalves Pereira, cree que «la no prórroga de una concesión administrativa es muy difícil de justificar, ya que la jurisprudencia establece que esta decisión debe estar basada en un interés público y debe realizarse previa audiencia de la empresa concesionaria». Por su parte, Jordi Agustí, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, pone de manifiesto «la complejidad que supondría para la Administración mantener la antigüedad y el grado de carrera profesional de los trabajadores».

No obstante, la consellera Montón, apoyada por el presidente Ximo Puig, ha mostrado en reiteradas ocasiones su intención de revertir el «Modelo Alzira» en los hospitales públicos. «Nosotros apostamos por una sanidad pública en la que la salud sea un derecho y no sea un negocio», ha declarado.

Menos listas de espera

No solo existen beneficios en términos económicos. El Grupo Ribera Salud siempre ha defendido que la asistencia en los centros que gestiona es aún mejor que la de los públicos. En este sentido, y también según datos oficiales de la Conselleria de Sanidad, los pacientes del Hospital de La Ribera han esperado 50 días menos que los pacientes del resto de centros públicos de la Comunitat Valenciana, para someterse a una intervención quirúrgica. Así, la demora quirúrgica media de los hospitales públicos de la Comunitat con corte en septiembre fue de 127 días, mientras que la demora media en el de Alzira fue de 77. Lo mismo ocurre en el Hospital de Vinalopó, donde los enfermos han esperado una media de 34 días es decir, 93 días menos que los pacientes del resto de hospitales públicos valencianos para someterse a una intervención quirúrgica, según los mismos datos oficiales.