PP y Vox pactan castigar la okupación en el nuevo acuerdo de vivienda de Baleares

El Govern balear del PP y Vox ha pactado que la figura de proyectos residenciales estratégicos (PRE) diseñada para habilitar suelo donde construir 20.000 viviendas en Palma se pueda extender a todos los municipios de las islas de más de 10.000 habitantes y han acordado también medidas para castigar a los okupas.

El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, que ha comparecido en rueda de prensa para explicar el acuerdo junto a la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha puesto el acento en que el objetivo es adoptar «medidas extraordinarias» a medio y largo plazo para generar «vivienda asequible para los residentes».

El pacto, que aún deberá concretarse en enmiendas al proyecto de ley que se tramitará en el Parlament, contempla también el veto a ayudas al alquiler y al acceso a viviendas protegidas a personas condenadas por delito de usurpación y allanamiento de domicilios.

Áreas de transición

Además de extender los PRE a los 24 municipios de más de 10.000 habitantes, la futura ley incluirá, por iniciativa de Vox, que los de más de 20.000 residentes puedan crear áreas de transición, lo que permitiría convertir en urbanizable suelo rústico anexo a las zonas urbanas.

El acuerdo comenzará a ejecutarse este martes con el voto favorable de Vox a la convalidación del decreto ley de proyectos estratégicos de Palma y a su tramitación como proyecto de ley para ampliar su alcance.

Ese proyecto legal incorporará por medio de enmiendas que al menos de la mitad de los PRE se dediquen a viviendas de precio limitado o protección oficial y que un 15 % del suelo se ceda a los ayuntamientos para que construyan pisos de protección pública.

Además, parte de la vivienda pública se reservará para funcionarios desplazados, como policías, sanitarios y profesores, y en las áreas de transición habrá reserva adicional para vivienda protegida, ha explicado el conseller.

Medidas contra los okupas

En cuanto a las medidas contra los okupas, no solo se contemplan restricciones a ayudas para el alquiler y para acceder a viviendas protegidas a condenados por usurpar viviendas ajenas, sino que Vox y PP han acordado compensar económicamente a los propietarios que hayan sufrido perjuicios económicos por la ocupación de sus inmuebles.

Cañadas ha defendido estas iniciativas para evitar que los okupas se beneficien de recursos públicos. «No podemos normalizar la delincuencia», ha subrayado.

El conseller de Vivienda ha puntualizado que tendrá que determinarse el alcance temporal del veto a los beneficios sociales para los condenados por delitos ligados a la okupación.

Reservas estratégicas de suelo

Mateo ha remarcado que los proyectos residenciales estratégicos son un concepto similar a las reservas estratégicas de suelo que contemplaba la conocida como Ley Carbonero, norma de 2008 aprobada por la mayoría de izquierdas del Parlament.

El director general de Vivienda, José Francisco Reynés, ha señalado que la novedad de los PRE es la agilidad en su tramitación, ya que mientras las reservas estratégicas requerían de un plazo de unos diez años para su aprobación, la nueva figura podrá autorizarse en un periodo de 18 a 24 meses.