Europa: espacio de libertad, seguridad y justicia.

Por Carmen Serrano

Europa nos brinda un espacio común de libertad, seguridad y justicia que permite consolidar los valores democráticos y el respeto y garantía de los derechos humanos. Porque frente a peligros y riesgos transnacionales, son necesarias políticas, respuestas y soluciones transnacionales. Y porque la libertad de movimiento de personas y capitales exige políticas, respuestas y soluciones transnacionales.

La integración europea en materia de derecho penal y derecho procesal penal, avanzando desde el simple auxilio judicial al nacimiento de un derecho penal y procesal penal europeo, supone un cambio de paradigma evidente centrado en el acceso a la tutela judicial de los ciudadanos. No cabe duda de que avanzar en esta integración europea en derecho penal y procesal penal, reforzar este espacio común de libertad, seguridad y justicia, va a permitir construir un sistema homogéneo de garantías procesales que redunde en beneficio de la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. Y es que, no olvidemos, la integración debe hacerse desde el respeto a los derechos fundamentales.

A este respecto, el principio de reconocimiento mutuo precisa de una homogeneización de las garantías procesales, homogeneización que permitirá crear un clima óptimo de confianza entre los Estados Miembros a la hora de cooperar entre sí. Este es uno de los grandes retos del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. Sin una armonización mínima de las garantías procesales, es imposible generar ese clima de confianza que fomente la cooperación judicial europea y ayude a avanzar en la integración. Y es precisamente en este punto donde encontramos unos de los principales obstáculos a superar: la confrontación entre la armonización de las garantías procesales desde la Unión Europea y las tradiciones legales y constitucionales de cada uno de los Estados Miembros. Y es en este punto donde los cambios legislativos y políticos acaecidos recientemente en algunos países miembros, como Polonia, o con voluntad de llegar a serlo, como Turquía, ponen en riesgo y en jaque ese clima de confianza mutuo.

Los pasos dados en el buen camino son evidentes. El reconocimiento de potestad normativa propia de la Unión Europea permite generar un cuerpo normativo propio aplicable en todo el espacio común. El Convenio Europeo de Derechos Humanos permite reconocer derechos y garantías procesales comunes en todo el espacio europeo. La creación del Tribunal de Justicia de la Unión Europeo como máximo intérprete del Derecho Penal Europeo y del Derecho Procesal Penal Europeo. La reciente creación de la figura del Fiscal Europeo, con competencias y responsabilidades propias. Avanzamos hacia una política criminal comunitaria. Pero aún queda mucho por avanzar.

Los retos son grandes, como también son grandes los objetivos. Hacer frente a realidades y modalidades de criminalidad específicas: el terrorismo, la delincuencia organizada, el ciberterrorismo. Ofrecer a la víctima, dentro del espacio europeo, un nivel adecuado de protección. Y reforzar la dimensión exterior de cooperación internacional judicial y policial de la Unión Europea con terceros países, sobre todo en la prevención, investigación, persecución y enjuiciamiento del delito. Avanzar en la integración europea nunca fue tan necesario.