La Corte Penal Internacional, el Parlamento Europeo y el “Caso Venezuela”

Por William Cárdenas Rubio-Vargas (@wcardenasrubio)

Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid

El pasado jueves 8 de febrero de 2018 fue un día activo para todos aquellos que luchan por la causa de la libertad y la protección de los derechos humanos en Venezuela. Particularmente, desde la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid (PDVM) vimos como dos de nuestras solicitudes ante entes internacionales obtenían respuesta. La primera, se refiere a las múltiples denuncias sobre crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población venezolana presentadas, tanto por nuestra organización como por otras organizaciones y juristas, que han conformado “El Caso Venezuela” ante la Corte Penal Internacional (CPI)

La Segunda, con respecto a nuestra denuncia ante el Parlamento Europeo (PE) presentada el 7 de diciembre de 2016, en la que denunciábamos la irresponsable conducta de la Fiscalía de la CPI al represar los reclamos de justicia antes mencionados, y donde le solicitábamos al Parlamento Europeo que conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto de Roma, instara a la CPI a atender las denuncias presentadas.

A tempranas horas del jueves 8 de febrero la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, hacía público a la comunidad internacional, a través de un vídeo, su decisión de iniciar un examen preliminar sobre las denuncias de crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela al menos desde abril del 2017.

En días previos a este anuncio, se había hecho conocer el nuevo proyecto de resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de Venezuela en el que, entre otros puntos, se amplían las sanciones del PE contra altos funcionarios venezolanos y especialmente, en su punto 6to, se pide expresamente a la Fiscal de la CPI, abrir una investigación sobre la situación en Venezuela. La resolución del PE fue aprobada y publicada a solo horas de la declaración de la Fiscal, y tal como lo señalaba su proyecto, pide a la Fiscalía de la CPI que “inicie investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen venezolano” y advierte algo extraordinariamente importante ya que a su vez “solicita a la Unión que desempeñe un papel activo en este sentido”.

LA FISCALÍA SE MUEVE EL MISMO DÍA QUE EL PARLAMENTO EUROPEO PIDE INVESTIGAR

¿Es acaso una coincidencia que ambas decisiones hayan sido adoptadas el mismo día? ¿Preocupaba a la Fiscal que la resolución del Parlamento Europeo se anticipase a su anuncio?

A la primera pregunta no podemos responder sino con escepticismo. Las coincidencias no son algo común en la alta política internacional, y este no parece ser el caso de excepción. Con respecto a la segunda interrogante podemos deducir que a la Fiscal no le convenía que la resolución del Parlamento Europeo se adelantara a su anuncio. Podríamos incluso afirmar que este hecho ha sido clave en la decisión casi simultánea tomada por la Fiscal Bensouda. La Fiscal tenía que actuar antes, o por lo menos al tiempo de tal requerimiento, pues de no hacerlo, cualquier decisión posterior iba a colocar a ese órgano en entredicho por dos razones: bien por parecer que obedecía a órdenes de un cuerpo político, algo que va en contra del carácter imparcial del ente que dirige; o bien porque quedaba demostrada la irresponsabilidad en el retraso de sus decisiones que habíamos denunciado en diciembre de 2016. Incluso, pareciera que la Fiscal Bensouda contesta a la resolución del Parlamento Europeo al hacer particular énfasis en su alocución, de que el paso que toma la CPI se trata de un “examen preliminar” sobre el Caso Venezuela y no una “investigación”, palabra que se recoge en el texto de la resolución.

Independientemente de tales consideraciones, lo cierto es que el hecho de que los crímenes sean finalmente investigados por un órgano imparcial y una instancia internacional es un avance importantísimo, dado el bloqueo que existe en el sistema de justicia venezolano controlado por la dictadura de Nicolás Maduro. Además, la declaración de la Fiscal deja claro que toma como fundamento de su decisión en buena medida el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), quien es el que, además de señalar la actuación de violencia extrema dentro de una estrategia política del régimen que causa tantas víctimas, también recoge el caso de funcionarios presuntamente víctimas de la acción de los manifestantes.

Adicionalmente, podemos considerar que, en su declaración, la Fiscal ha terminado por reconocer que el escenario internacional ha cambiado. La gravedad de los crímenes, de la crisis humanitaria en Venezuela y sus consecuencias, son hoy temas de interés de la comunidad internacional, un elemento importante para activar la jurisdicción de la CPI. Entre los años 2017 y 2018, recrudeció la represión del régimen de Nicolás Maduro lo que provocó más de 140 muertes en las calles de Venezuela, y miles de heridos y presos políticos, la gran mayoría, jóvenes venezolanos que luchan por la libertad y la democracia. Asimismo, la crisis que vive la sociedad venezolana ha alcanzado puestos de prioridad de las agendas de política exterior de numerosos gobiernos y organismos internacionales. Este nuevo escenario geopolítico trae como consecuencia que la crisis humanitaria, económica, política, que está provocando un éxodo masivo de venezolanos, y los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el abuso en el uso de la fuerza, ya no pueden ser ignorados por la Fiscal.

UNA OPORTUNIDAD PARA LA FISCAL BENSOUDA

La Fiscal Bensouda tiene ahora también la oportunidad de despejar las fundadas dudas que se han tejido en relación a la imparcialidad de dicho órgano con respecto al caso venezolano. Ya no se trata sólo la declarada admiración de su ex jefe, el anterior Fiscal Luis Moreno Ocampo hacia la embajadora de Venezuela en La Haya, Haifa El Aissami, hermana del vicepresidente venezolano, Tarek El Aissami denunciado por narcotráfico por los Estados Unidos; ni de la visita que hace unos días le dispensara Maikel Moreno, el presidente del Tribunal Supremo venezolano, en enero del 2018, justo al momento en que la Unión Europea imponía sanciones personales sobre este alto funcionario; así como el ya mencionado retraso sobre la atención de las numerosas denuncias sobre hechos ocurridos en Venezuela.

Es incluso momento para que la Fiscal investigue en el terreno los crímenes denunciados. Para ello podrá solicitar información a las autoridades venezolanas. Sin embargo, nos queda la interrogante ¿A cuáles autoridades se dirigirá luego del desmantelamiento del Estado hecho por Nicolás Maduro? ¿Al Tribunal Supremo de Maikel Moreno, o al Tribunal Supremo en el exilio?; ¿Al Fiscal Tarek William Saab, o a la Fiscal Luisa Ortega?; ¿A la írrita Asamblea Nacional Constituyente, o a la Asamblea Nacional legítima?

LA JUSTICIA INTERNACIONAL SE HA PUESTO EN MARCHA

Esto apenas comienza y la justicia internacional es de plazos largos, pero en este caso, ya se ha puesto en marcha y brinda nuevas oportunidades para el acceso de las víctimas a la justicia. Los culpables de los crímenes tendrán que rendir cuentas. Ni su condición de Jefe de Estado o de cualquier cargo oficial podrá permitirles eludir sus responsabilidades penales, ni el alegar cumplimiento de órdenes superiores podrán evadirlos de sus crímenes.

Para aquellos que han abusado de su poder y el uso de la fuerza en Venezuela, militares y autoridades de gobierno, el mensaje más importante es que los ojos de la CPI y de la comunidad internacional ya están puestos sobre ellos.

Luego de casi dos décadas de regímenes autoritarios que han recurrido a la violencia, primero por Hugo Chávez y actualmente con Nicolás Maduro, la situación de Venezuela es diferente a aquella que existía el 9 de febrero del 2006, cuando el anterior Fiscal de la CPI, Moreno Ocampo, tomaba la decisión de no proceder a la investigación de la Fiscalía contra Hugo Chávez sobre los hechos violentos ocurridos en Venezuela en el año 2002. En esa oportunidad el examen preliminar del Fiscal arrojó, a su juicio, que las denuncias sobre crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra no satisfacían lo requerido por el Estatuto de Roma, como ataques generalizados o sistemáticos contra un sector de la población civil, para poder ser investigados por esa Fiscalía.

Hoy el escenario es distinto. La nueva oportunidad que abre a examen preliminar el Caso Venezuela, esta vez, sobre los hechos ocurridos al menos desde abril de 2017, permitirá que sean estudiadas las pruebas y los argumentos recabados tanto por las organizaciones intergubernamentales como la Organización de Estados Americanos (OEA), dónde su Secretario General, Luis Almagro, prepara un informe sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en el país; así como el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); y las denuncias presentadas por organizaciones no gubernamentales y particulares, venezolanos y extranjeros. Estas pruebas vienen respaldadas con argumentos, datos, y evidencias, ampliadas por el avance tecnológico que permite un mayor acceso a imágenes y videos, lo que ayudará a probar el abuso de la fuerza por parte del régimen, y el carácter generalizado y sistemático de los crímenes.

Quizás temerosos de ello, el Fiscal ilegitimo, Tarek William Saab, ha salido en defensa del propio Nicolás Maduro al afirmar que el dictador no dio orden alguna de uso de armas de fuego durante manifestaciones, y que, por lo tanto, los funcionarios que hayan cometido crímenes deberán de responder de manera individual.

La deriva al autoritarismo y la violencia que hoy sufre Venezuela es algo que puede ocurrir a otras naciones que se separen del respeto al estado de derecho. Nuestra labor en los últimos 15 años ha sido persistir para que organismos internacionales actúen sobre las labores para las cuales fueron creados, en este caso, para intervenir en momento en que las sociedades no encuentran las soluciones a sus problemas por si solas. Con el apoyo de todos aquellos que se sumaron a la Campaña Internacional “Juzgar a Chávez”, ahora podemos ver que se ha logrado un paso importante para activar la jurisdicción de la CPI en beneficio de las víctimas en Venezuela y en favor del desarrollo de la justicia internacional.