Invertir en ciencia: una urgencia para España

En España se ha iniciado cierta recuperación, pero existe seria preocupación en materia de inclusión social y crecimiento sostenible.

No se han restablecido los niveles de igualdad por rentas anteriores a la crisis. Mientras que en la UE el 20% que más gana consigue cinco veces más que el 20% que menos, en España esa proporción es de seis veces y media. Y en empleo, España está en la peor posición, en un grupo junto a Bulgaria, Grecia y Lituania.

¿Cómo reducir esta galopante desigualdad?

En un mundo global no podemos competir en salarios reducidos. Debemos apostar por la ciencia, invertir en investigación, desarrollo e innovación.

Los datos recientes de productividad nos muestran que a pesar de la reducción de salarios, está decreciendo. Urgen uevas políticas activas de empleo, que aumenten el nivel de cualificación de los trabajadores y profesionales, promocionar el uso de tecnologías avanzadas, y sobre todo aumentar la inversión público-privada en investigación, desarrollo e innovación.

Solo así cambiaremos nuestro modelo productivo. Centrándonos en sectores de alto valor añadido, en la sociedad del conocimiento. Ofreciendo empleos de calidad con salarios más elevados.

Sin embargo, España cada vez está peor en inversión en ciencia. Lejos de Europa. El conjunto de la UE invierte hoy un 25% más en I+D que antes del inicio de la crisis económica; nuestra economía, un 10% menos.

Los ajustes acumulados desde 2010 (del 50%) han sido muy superiores a los anunciados (del 30 %), puesto que, a la reducción de las cantidades consignadas en los presupuestos, se le han unido unos decrecientes niveles de ejecución presupuestaria, que en 2016 han llegado a su nivel mínimo histórico.

Si la tendencia no cambia de forma urgente, España no podrá desempeñar un papel protagonista en un escenario de profundos cambios como el que se avecina con la revolución 4.0. El pasado día 28 de noviembre en la Residencia de Estudiantes tuve la oportunidad de participar en un debate sobre “La ciencia busca socios para la excelencia”, organizado por Sociedad Civil por el Debate y moderado por Manuel Campos Vidal, en el que todos los que participamos coincidimos plenamente en esta conclusión.

Y no sólo debe aumentarse la inversión pública en ciencia. También debe revisarse el diseño de las políticas públicas y de sus instrumentos para lograr orientar la actividad empresarial hacia proyectos de innovación. Proyectos que aunque son de mayor riesgo, tienen más impacto en términos de competitividad y crecimiento.

La financiación de la I+D por el sector privado español es inferior a la de la mayoría de los países desarrollados.

El esquema de incentivos fiscales a la I+D+i no ofrece facilidad ni garantías de aplicación suficientes para inducir el comportamiento innovador, especialmente en las pymes. Y tampoco la compra pública de innovación ha alcanzado una aplicación suficiente entre las administraciones públicas.

No sólo se deben aumentar los recursos destinados a la investigación. También debe mejorarse la gestión de esa inversión. Es preciso innovar en procedimientos y procesos, innovación en la gestión de la investigación de la Administración Pública, para gestionar de forma más eficiente los recursos destinados a la ciencia. Eliminar trabas y obstáculos de todo tipo: administrativos, fiscales, y a veces de exceso de regulación.

Hay que dar respuestas innovadoras a retos sociales y España no dispone de una política de innovación social explícita y bien articulada a escala estatal.

El Índice de Innovación Social publicado por The Economist Intelligence Unit sitúa a España en el lugar 28 de un total de 45 economías analizadas, destacando como uno de los países con menor rendimiento en relación a su nivel de ingreso. España destaca por estar sistemáticamente muy por debajo de la media en las cuatro dimensiones analizadas: marco político institucional, financiación, emprendimiento y sociedad civil.

A pesar de ello, sí se observa cierto dinamismo a nivel local, donde se está experimentado con políticas que promueven a la innovación social.

Es preciso impulsar sistemas educativos de calidad que generen interés en contribuir a la ciencia y la proyección social de ésta. La educación, competencias y habilidades de la población son esenciales para la creación de valor a través de la innovación.

En España el abandono escolar prematuro sigue siendo un grave problema del sistema educativo. En lo que se refiere a la utilización de las cualificaciones por parte del sistema productivo, tenemos una presencia muy abundante de trabajadores ocupados con un nivel de cualificaciones muy bajo (inferior a la educación secundaria superior). Estos trabajos son más vulnerables ante la automatización que los cambios tecnológicos van facilitando.

Por el contrario, la proporción de trabajadores con cualificaciones de educación secundaria postobligatoria es prácticamente la mitad de la media europea, mientras que la de ocupados con titulaciones superiores está muy por encima del promedio europeo. Muchos de estos titulados ocupan puestos de trabajo cuya necesidad de competencias es inferior a su nivel educativo.

Entre los jóvenes recientemente graduados la tasa de ocupación es muy baja. Ello explica la emigración de jóvenes titulados universitarios españoles a países líderes en investigación, desarrollo e innovación, cuyos mercados de trabajo valoran las cualificaciones superiores. Otro derroche que nuestro país no se puede permitir, por la pérdida de un capital humano con un gran potencial innovador.