El gen de la solidaridad

España es un país generoso. Sus habitantes siempre han sido un referente en la ayuda a los más necesitados, en la donación de sangre, en donantes de órganos, en una sanidad universal... Ese gen de la solidaridad está en nuestros cromosomas y ha moldeado el carácter de generaciones y generaciones de españoles.

Hay quien, sin embargo, ha pretendido extraer ese gen y sustituirlo por el del egoísmo con fatales consecuencias sociales. En junio de 2004, José Luis Rodríguez Zapatero, recién llegado a la Moncloa, derogó el trasvase del Ebro hacia el sureste peninsular que tan necesario se revela en estos momentos de dura y pertinaz sequía. La titular de Medio Ambiente, Cristina Narbona, –hoy presidenta del PSOE– colaboró ciegamente en esta decisión que venía impuesta por los separatistas de ERC como condición para apoyar la investidura de ZP.

Aquella quiebra de la solidaridad marcó un punto de inflexión en la solidaridad interterritorial que ha ido de mal en peor. El Plan Hidrológico Nacional que albergaba el trasvase del Ebro hacia las zonas con más déficit hídrico de España como la Comunidad Valenciana, Murcia y el sureste andaluz, tenía un consenso básico que se rompió por cálculos políticos y sin pensar en los ciudadanos.

Rematada la jugada política de Zapatero, y ya con silla presidencial, su fiel Narbona se empleó a fondo en cumplir con la ERC que hoy tiene como principal referente al encarcelado Oriol Junqueras. Por decreto-ley se derogó el trasvase y la entonces ministra de Medio Ambiente prometió que habría veinte desaladoras (menos mal que erró en su pronóstico) y realizó dos afirmaciones que la retratan: “Las primeras gotas –con el nuevo plan– llegarán a la Comunidad Valenciana a principios de 2005”. Nunca llegaron. “Habrá más agua y más barata que con el trasvase”. Justo lo contrario.

La foto actual revela que los valencianos hemos hecho un gran esfuerzo en materia de modernización de regadíos, gracias a las inversiones estatales del Gobierno de Mariano Rajoy (100 millones de euros), aunque los presupuestos de la Generalitat que encabeza Ximo Puig han rebajado la partida autonómica para 2018 en esa materia. Es un continuo empeño de los agricultores por optimizar las pocas gotas de agua con las que nos obsequia el cielo desde hace décadas.

Negar que existe un problema de escasez hídrica en la Comunidad Valenciana es absurdo y todo el mundo lo puede comprobar simplemente dando un vistazo al porcentaje de almacenamiento de agua de sus cuencas a punto de ingresar en el invierno. Y seguimos trabajando para paliar los efectos de las débiles precipitaciones.

Activar pozos de sequía, invertir 85 millones de euros del Gobierno de España en obras de emergencia, aumentar las aguas reutilizadas o solicitar exenciones para los regantes son algunas de esa porfía por salvar la principal huerta del país.

La apuesta por la desalación de Narbona en la Comunidad Valenciana –necesaria, por ejemplo, en islas sin otros recursos hídricos– ha derivado en lo que denunciamos desde el primer momento: su inviabilidad económica. En un territorio donde existen otras posibilidades como los trasvases de cuencas excedentarias, la desalación no debe sustituir sino complementar la solidaridad que representan esos acueductos ya pensados y aplicados en época del dominio del Imperio Romano.

Los grandes ríos europeos como el Danubio, Rin, Loira, Ródano, Volga... tienen trasvases vigentes para zonas con escasez hídrica. Solidaridad. ¿Por qué aquí tenemos que quebrar algo que siempre nos ha caracterizado? El PSOE está contribuyendo a no resolver los grandes problemas en España y el de la distribución del agua es uno de ellos.

Cuando se llega a una solución, la mejor, aunque suponga la cesión de todas las partes, como sucedió con el Memorándum del Tajo, el PSOE lo pone en riesgo. La evidencia es que Emiliano García-Page lo ha recurrido. Igual que sucedió con el binomio Zapatero-Narbona con parte del Plan Hidrológico Nacional.

Las desaladoras deben ser excepciones y el proceso para permitir que el agua sea potable tanto para consumo humano como agrícola es tan elevado que ha supuesto que las plantas construidas en Oropesa, Moncófar y Sagunto estén paralizadas pese a haber costado 143 millones de euros. Los usuarios potenciales no pueden pagar el alto precio de ese agua. Los acuíferos y las concesiones de la Confederación Hidrográfica del Júcar suponen menos quebranto para el bolsillo de agricultores y ayuntamientos, revelando lo precipitado de la construcción de esas plantas.

Como país necesitamos recuperar ese gen solidario. La redistribución de la riqueza nos ha permitido crecer y minorar los desequilibrios provocados por la geografía, los movimientos migratorios o, en este caso que nos ocupa, por no poder controlar la meteorología. Si el discurso político coyuntural se impone a la lógica de las necesidades de cada territorio habremos dado muchos pasos en la dirección contraria en la construcción de un gran país.

Cinco millones de españoles que viven en la Comunidad Valenciana no pueden depender de que llueva más, sino que tienen derecho a esa redistribución de los recursos nacionales que también desde esta región se trasvasan, en otros sectores, al resto del país. El PPCV, como lleva décadas haciéndolo, seguirá al lado de los regantes valencianos reivindicando lo que es justo.