Un decreto insuficiente para el sector del vino

«Era el momento de apostar por los vinos de calidad en España y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no lo ha considerado así». De esta manera se ha pronunciado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero,tras mantener diversas reuniones con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias, las denominaciones de origen y las cooperativas vitivinícolas de la Comunidad.

El consejero ha dejado claro que «es insuficiente y no equilibra las distintas zonas de España desde el lado de la oferta». Una de las reivindicaciones de Castilla y León que ha desoído el Gobierno es que pidiera más fondos adicionales a Europa para el sector vitivinícola, algo que no ha tenido lugar.

El volumen inicial del vino que recibirá ayuda a la destilación será de 2 millones de hectolitros, de los que 0,5 millones serán de vinos amparados por una Denominación de Origen Protegida y 1,5 millones de hectolitros para el resto. La Consejería había solicitado un 50 por ciento.

Esta media se encuentra dotada con 65,5 millones, con importes de ayudas de 40 euros por hectolitro en el primer caso y de 30 en el segundo.

Además, existe una ayuda complementaria por distancia entre bodega y destilería, en lo que afecta a Castilla y León será de un céntimo por litro por transportes de más de 300 kilómetros, que abonaría íntegramente el destilador al bodeguero.

En cuanto a las ayudas al almacenamiento privado se ha mejorado parcialmente respecto al inicio. Desde la Consejería se había solicitado al Gobierno que hubiera un incremento de los 0,02 euros por hectolitro/día a 0,04. Una misma bodega podrá acogerse a ayuda al almacenamiento privado y a destilación, siempre que no se refiera al mismo vino.

El paquete de medidas incluye además la posibilidad de aplicar la cosecha en verde en aquellas comunidades que así lo decidan para parcelas amparadas bajo DO protegidas. La medida cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros que se abonarán directamente a los viticultores.

En este apartado, desde la Consejería, se exigía necesariamente una ayuda media por destrucción que sea igual en todo el territorio nacional que se podría establecer en 600 euros por hectárea.

Se podrán acoger a esta ayuda los viticultores inscritos en alguna DOP y la parcela deberá de tener como mínimo 0,3 hectáreas y no se permitirán parcelas plantadas en las tres últimas campañas (2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019).

Esta actividad podrá realizarse de manera manual, mecánica o química entre el 23 de julio y el 4 de agosto. La ayuda a la cosecha en verde se calculará sumando una compensación por los costes directos de destrucción o eliminación de los racimos de uvas y otra por la pérdida de ingresos vinculada a la destrucción o la eliminación de estos.

La Consejería publicará en el Bocyl en breve, los importes de las ayudas por Denominaciones de Origen y estará a disposición la solicitud teletramitable.

A lo que sí obliga el Real Decreto es a la autorregulación. En ese caso los Consejos Reguladores tendrán que tomar sus decisiones para reducir la producción antes del 30 de junio, de acuerdo a las particularidades de cada Denominación de Origen, sin estar sometidos a un porcentaje mínimo obligatorio, y comunicarlo al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl).

En definitiva, Carnero ha indicado que “el paquete de medidas extraordinarias no responde a nuestras pretensiones, pero no obstante es una oportunidad que tenemos que aprovechar puesto que con toda seguridad habrá bodegueros y viticultores interesados en acogerse a ellas. Los plazos son muy cortos, finaliza el 23 de junio, y la Consejería va a facilitar a todos los interesados la presentación de las solicitudes, para que los pagos puedan realizarse antes del 16 de octubre”.