Más EPIs, pruebas PCR y personal para plantar cara a posibles rebrotes en las residencias

La patronal de la atención a la dependencia en Castilla y León (Acalerte) pide a las administraciones que sean responsables y más coordinación social y sanitaria a través de la Atención Primaria

Los rebrotes que están empezando a surgir por toda España,aunque de momento controlados, empiezan a preocupar por su virulencia en algunos casos, como en Aragón, donde varias zonas del territorio han regresado a la fase 2 de la desescalada.

En Castilla y León, de momento, solo Valladolid ha registrado un brote de importancia en el Hospital Río Hortega que ha afectado a más de una veintena de personas, la mayoría trabajadores sanitarios, pero también se da por controlado y aislado.

Pero donde más inquieta un posible regreso del virus es en las residencias de personas mayores, dependientes y con alguna discapacidad de la Comunidad, ya que si hay algún colectivo en el que la Covid-19 se haya cebado especialmente en esta pandemia es este, el de las personas que viven en estos centros residenciales, donde han perdido la vida en estos cuatro meses de crisis sanitaria más de 5.200 personas, de las cuales en al menos la mitad está detrás la impronta de este letal y contagioso coronavirus.

Y ante la nueva normalidad que impera ya en España y con el objetivo de evitar que esta enfermedad vuelva a hacerse un hueco en estos centros residenciales, desde la Federación Castellano y Leonesa de Atención a la Dependencia de Castilla y León (Acalerte) reclaman a las administraciones “responsabilidad”, especialmente al Gobierno de España después de que su cambio de criterio en el reparto autonómico del fondo extraordinario de 16.000 millones de euros ha privado a la Comunidad de contar con 58 millones de euros para Servicios Sociales, y que pongan en marcha las medidas que sean necesarias para impedir que vuelva el caos” a estas residencias. Entre ellas, apuntan, una mejor coordinación entre el sistema social y sanitario a través de la Atención Primaria para mejorar la calidad de vida de los usuarios.

Asimismo, desde la patronal de este sector, que aglutina a más de 250 empresas tanto residencial como centros de día, multiservicios, atención a la dependencia o telasistencia, demandan la realización de pruebas moleculares PCR, las más fiables, para la detección del coronavirus de forma periódica, al menos cada quince días, tanto a los usuarios como a los profesionales sociosanitarios que trabajan en estos centros. Que se garantice el material de protección (EPI), como mascarillas, guantes o pantallas faciales e hidrogeles para que los empelados puedan desarrollar su labor con normalidad y, sobre todo, con seguridad; una financiación justa y adecuada a la situación actual; que se contraten a más trabajadores especializados y una mayor formación entre estos, son otras de las necesidades que, según Acalerte, urgen acometer para que estos espacios asistenciales estén preparados ante un posible regreso virulento de la enfermedad.

Una petición que llega justo el día después de que las Cortes de Castilla y León dieran el primer paso hacia este objetivo al covalidarse un decreto ley de medidas urgentes y extraordinarias, como base del futuro modelo residencial, para anticiparse ante posibles rebrotes en los próximos meses que puedan poner en peligro a los más de 42.000 usuarios de residencias de mayores y de personas con discapacidad existentes en la Comunidad.

Un decreto, que salía adelante este miércoles con el apoyo de PP, Cs, UPL, Por Ávila y Vox mientras que PSOE y Podemos se abstenían, que obliga ya a las residencias a contar con un plan de contingencia obligatorio que incluya la experiencia en la lucha contra la Covid-19, además de material de equipos de protección individual suficientes para la atención a los usuarios que les permitan hacer frente a situaciones de crisis de salud pública, con su propio depósito de existencias, al menos durante un periodo de cinco semanas. Más formación de sus trabajadores; una línea de financiación a las entidades sin ánimo de lucro para garantizar que se cuenta con material de protección en depósito, las residencias deberán ofrecer información para un seguimiento; y el refuerzo de las inspecciones, son otras de las cuestiones que obliga a poner en marcha ya este decreto ley.

Motor económico y solidaridad

Por otra parte, desde Acalerte reivindican la gestión y el sistema de atención de que disponen en las residencias de mayores, “con un modelo de centros muy abiertos y sin horarios para las visitas”, destacan en un comunicado, pero reconocen que ahora, en la situación actual, tienen que extremar las precauciones y por ello piden a las familias que sean comprensivas durante este nuevo tiempo, y a la sociedad que se solidarice con los profesionales que han trabajado duro estos meses de pandemia mirando al virus a los ojos cada día y desafiando a la muerte por atender a estas personas.

Asimismo, defienden también su papel como motor económico y de empleo en el medio rural a la hora de fijar población en los pueblos, cada vez más envejecidos.