Unanimidad para permitir usar el superávit ante emergencias sanitarias

La pandemia del Covid-19 ha supuesto un gasto imprevisto para todas las administraciones, lo que ha llevado a que las Cortes de Castilla y León aprobaran, casi de manera unánime, con la abstención de Podemos, el Proyecto de Ley presentado por la Junta para la flexibilización del régimen presupuestario, lo que permitirá destinar el remanente a situaciones excepcionales de emergencia sanitaria.

Fue el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, el encargado de dar los detalles de este Proyecto que modifica la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad con el objeto de destinar el superávit a financiar gastos ante situaciones excepcionales que supongan un repentino aumento del gasto público.

Así, defendió el cambio legal que determina que, en algunos casos de Emergencia de Salud Pública debidamente declarada, se habiliten mecanismos para atender los gastos derivados de esa situación, así como otros para la prestación de servicios.

Según el consejero, la crisis del Covid-19 ha puesto de manifiesto una «nueva realidad» ante la cual «ha sido necesario hacer frente a gastos imprevistos», lo que hace este Proyecto de Ley «todavía más necesario ante la insuficiencia de recursos procedentes del Gobierno, que ha recortado los criterios iniciales».

En este sentido, el popular Salvador Cruz destacó el marcado carácter «municipalista» del texto y cuestionó la decisión del Ministerio de Hacienda de incautarse el superávit de las entidades locales, casi 20.000 millones, lo que comparó con el «hermano mayor que dilapida el patrimonio familiar, rompe la hucha de los pequeños y les da limosnas».

Cumplir con Monte la Reina

Por otra parte, el Legislativo regional aprobó por unanimidad la proposición no de ley, presentada por el Grupo Popular, para que el Gobierno de España «cumpla con los compromisos adquiridos con la Comunidad» y reabra las instalaciones militares de Monte la Reina, en la localidad zamorana de Toro.

El texto, aprobado por los 80 procuradores presentes en la sesión, insta al Ejecutivo central a «habilitar una partida presupuestaria, adecuada y suficiente, que permita el inicio de las obras de instalación de una unidad militar en el campamento».

Se trata este de un «asunto de Estado», según el procurador popular Óscar Reguera, por su doble vertiente: la Defensa y la lucha contra la despoblación en una provincia tan azotada por este problema como la zamorana, al permitir la presencia de «entre 700 y 1.400 soldados» en la zona.

Frente común ante los incendios

Asimismo, se dio luz verde por unanimidad a instar a la Junta a remitir a la mayor brevedad posible el proyecto de ley de prevención, extinción de Incendios y salvamento, así como a consignar, desde el próximo ejercicio, presupuesto para dar apoyo económico a las administraciones locales que asumen estos servicios en el marco de sus competencias.

Tras una enmienda de Grupo Popular, se aprobaron por consenso de todos los grupos cinco de los siete puntos de una moción del Grupo Socialista. Sin embargo, PP y Ciudadanos rechazaron la creación del Fondo de Ayuda a los Afectados por el Covid-19, al considerar que no se ajusta a lo previsto en la Ley de Protección Ciudadana, y formar un Consorcio Autonómico para la prevención, extinción de incendios y salvamento de Castilla y León, como pedían los socialistas.

Retirada de la Ley Celaá

Finalmente, las Cortes aprobaron, con los votos de PP, Cs y Vox, una iniciativa que reclama al Gobierno la retirada del Proyecto de Ley Orgánica de Educación -conocida como ley Celaá- y pidieron también la convocatoria de una mesa del Pacto Educativo.

En la defensa de esta proposición no de ley, en pleno extraordinario, la procuradora de Cs en las Cortes Marta Sanz solicitó al PSOE nacional y al autonómico que “abandonen el sectarismo” que según Cs identifica a esta pretendida nueva ley educativa y retomen para ello la mesa de diálogo de educación en colaboración con el resto de formaciones y agentes educativos.