Castilla y León, pionera en la conciliación ante cuarentenas de menores y dependientes

Las Cortes convalidan el decreto-ley por el que se adoptan medidas extraordinarias que dan certidumbre a las familias más vulnerables y estabilidad a las empresas

Castilla y León se ha convertido este miércoles en la primera Región de la España autonómica que da luz verde en el Parlamento autonómico a un decreto-ley que incluye medidas extraordinarias para apoyar aquellas personas y familias que deban guardar cuarentena en sus casas para atender a menores de 12 años, personas dependientes o con discapacidad que hayan dado positivo en Covid. ¿Cómo? Pues financiando la contratación de personas cuidadoras responsables de esta atención domiciliaria durante el período que se establezca para prevenir posibles transmisiones del virus.

Con 42 votos a favor, la iniciativa, que salía adelante en las Cortes de forma mayoritaria, incluye la concesión directa de una línea de subvenciones a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las diputaciones provinciales de Castilla y León por un importe de veinte millones de euros mediante la creación de un Segundo Fondo Extraordinario Covid. De hecho, se apuesta por las entidades locales para agilizar la prestación de la ayuda ya que son las administraciones más cercanas al ciudadano y como parte integrante del sistema de servicios sociales.

De hecho, el Gobierno autonómico, según destacaba la consejera de Familia, Isabel Blanco, en el debate, actúa rápido ante la gravedad de la situación y el perjuicio que se produciría al tejido empresarial a la hora de tener que otorgar bajas laborales, permisos y flexibilización de la jornada laboral para posibilitar la conciliación de la vida laboral que permita la atención tanto a los menores en edad escolar, como a las personas con dependencia o discapacidad cuando se acuerde su confinamiento que les impidan acudir a los centros educativos o centros de día, en los casos en que las personas o familias que tienen su patria potestad, tutela o acogimiento, no cuenten con otros apoyos o ayudas para tal fin.

La consejera insistía en que el objetivo de esta ayuda es respaldar económicamente a aquellas familias que necesitan contratar a una persona para el cuidado de un menor o dependiente a su cargo en aquellos casos en los que se produce el cierre del centro, los horarios laborales de esas familias resultan incompatibles para el cuidado de esas personas y tienen unos niveles de renta por debajo de los 40.000 euros en el caso de las familias ordinarias.

Una medida que, además, pretende llegar al máximo número de familias, ayudarlas en la conciliación y, por ende, mejorar su calidad de vida y bienestar en estos tiempos de zozobra, según apuntaba Isabel Blanco.

Para beneficiarse de esta prestación extraordinaria y temporal se deberán reunir los siguientes requisitos:

  1. 1-En caso de no ser familias monoparentales, que ambos progenitores, tutores o acogedores, no tenga derecho a otras medidas, prestaciones o ayudas públicas para la misma finalidad
  2. 2- Que la jornada educativa del menor confinado coincida en su totalidad o en parte con el horario laboral de sus padres, tutores o acogedores
  3. 3-En caso de no ser familias monoparentales, que ambos progenitores, tutores o acogedores, tengan obligaciones laborables incompatibles con la situación generada del cuidado domiciliario de la persona menor de 12 años.
  4. 4-Que el nivel anual de rentas de la persona solicitante y, en su caso, de su cónyuge o de la persona con relación de afectividad análoga a la conyugal, no supere los 40.000 € en el año 2019, pudiendo aportar documentación justificativa que demuestre la posterior disminución de ingresos de la unidad familiar. Este límite de renta, en el caso de familias numerosas de categoría general no deberá superar los 45.000 euros mientras que para las familias numerosas de categoría especial no deberá superar los 55.000 euros.

La prestación se solicitará a través del Centro de Acción Social (CEAS) que corresponda al domicilio del solicitante, y solo se requerirá la incorporación de un informe de vulnerabilidad suscrito por el personal técnico de los equipos de acción social básica que recoja la existencia o no de la necesidad del apoyo, así como la imposibilidad de que la situación de necesidad sea resuelta a través de otros recursos sociales.

La prestación económica será de pago único y la cuantía a conceder no superará el importe proporcional al número de horas de contratación, calculado sobre el importe del salario mínimo interprofesional más los gastos de los seguros sociales, correspondiente al período de confinamiento del menor.

Castilla y León, referente en la prestación servicios públicos esenciales

Durante el debate parlamentario, PP y Ciudadanos, los partidos que forman el Gobierno de coalición en Castilla y León, defendían con vehemencia este decreto-ley. Así, la procuradora de la formación “naranja”, María Teresa Gago López, aseguraba que este decreto “apuntala” la equidad, que en su opinión es la piedra angular de las políticas sociales de la Comunidad, ya que distribuye la ayudas con independencia de la renta o posición social de las familias. Asimismo, destacaba que esta medida avanza hacia la “igualdad verdadera” y da certidumbre a las familias y estabilidad a las empresas, y considera “acertado” que se dé protagonismo a las entidades locales en su gestión porque las prestaciones se gestionarán de forma más rápida y ágil.

De la misma forma, desde el PP, el procurador David Beltrán Martín, destacaba la valentía de Castilla y León al aprobar de forma pionera en España esta iniciativa que incluye medidas de conciliación, previene la transmisión de la enfermedad y, en definitiva, afirma, “da respuesta a las familias más vulnerables”. “Castilla y León vuelve a poner de manifiesto que es referente en la prestación de servicios públicos esenciales”, destacaba Beltrán, mientras pedía a la oposición responsabilidad y unidad de acción frente a la Covid “porque no es el momento de reproches a una medida que favorece el empleo y facilita la conciliación”.

Por el contrario, tanto PSOE como Podemos criticaban este decreto de diferentes formas, aunque no votaban en contra del mismo y se abstenían. La formación morada centraba sus quejas en el contenido de las medidas de este decreto que, en opinión de procuradora Laura Domínguez “nace muerto”, es un “maquillaje y un globo sonda” que “no da respuesta a las necesidades de conciliación” y será “imposible” de gestionar por parte de las entidades locales. La parlamentaria dudaba de que el dinero previsto llegue a los ayuntamientos y diputaciones, rechazaba que se den las mismas ayudas en los casos que afecten a menores como a las personas dependientes o con discapacidad" cuando las necesidades no son las mismas" y advertía también de que al final quienes pagarán las consecuencias serán las mujeres y las madres “que tendrán que dejar sus empleos o reducir sus jornadas laborales”, así como las cuidadores contratadas, por la “precariedad” que generará la medida.

Mientras que el PSOE centraba sus quejas principalmente en la forma de actuar “unilateral” de la Junta y en la “soberbia” de la consejera de Familia, Isabel Blanco, al no contar con las peticiones y demandas de los alcaldes y presidentes de Diputación del PSOE a las propuestas realizadas. la procuradora socialista, Nuria Rubio, hablaba en nombre de los presidentes de diputación y alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes de su partido, que representan a más de la mitad de la población de la Comunidad, para mostrar el malestar existente en todos ellos por haberse enterado por la prensa del decreto. Una medida que, según Rubio, será de complicada ejecución por parte de las entidades locales debido a la “carga extraordinaria” de trabajo que tienen los Centros de Acción Social (CEAS). Finalmente, pedía a la Junta trabajar en igualdad con los ayuntamientos y diputaciones y que se revises conjuntamente todas las medidas.

Ingreso Mínimo Vital

Por otra parte, las Cortes acogían también este miércoles el debate y votación de otra proposición no de ley en las Cortes de Castilla y León para demandar al Gobierno central que transfiera a la Junta la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Una iniciativa impulsada por el PP que salía adelante con sus votos y los de Ciudadanos para denunciar la “caótica” y “tardía” gestión del Gobierno de España en esta medida que anunció abombo y platillo, y dar respuesta al “hambre y la necesidad” que observan en Castilla y León.

En el PP reivindicaban la experiencia en la gestión de esta ayuda denominada en esta tierra Renta Garantizada de Ciudadanía durante más de diez años mientras que en Ciudadanos echaban en cara al Gobierno sus fallos en la planificación y en la coordinación de la ayuda.

Desde el PSOE y Podemos, por su parte, cuestionaban los logros de la gestión de la Renta en la Comunidad por parte de la Junta, ya que aseguraban que tampoco han conseguido resolver las ayudas en el plazo fijado por la ley de tres meses.