Castilla y León ha movilizado ya más de 635 millones de euros frente a la pandemia

Desde el pasado mes marzo, Castilla y León ha movilizado ya más de 635 millones de euros para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social del coronavirus, de los que 433 millones corresponden al Fondo COVID del Estado -349 para gasto sanitario y los 84 restantes para educación.

Así lo desvelaba este jueves en la Cortes la directora general de Presupuestos y Estadística de la Junta, María Isabel Campos, tras comparecer en la Comisión de Economía y Hacienda del parlamento autonómic, donde reclamaba al Gobierno de España la puesta en marcha de otro Fondo COVID para afrontar el incremento de gastos previsto para 2021 como consecuencia de la pandemia. Y ponía como ejemplo que el gasto covid en educación de 2020 se va a multiplicar por tres el año que viene.

Además, advertía de una caída del PIB tanto nacional como regional, que provocará descensos en las recaudaciones impositivas y alertaba igualmente de que muchos sectores económicos van a necesitar ayudas extraordinarias que les permitan salir de la crisis con rapidez y con el menor coste laboral posible.

Por otro lado, Campos reafirmaba la “clara y firme” voluntad del Gobierno de Fernández Mañueco para elaborar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla y León para 2021 y aseguraba, contundente, que la Dirección General de Presupuestos está trabajando codo con codo con todas las consejerías en la elaboración de este anteproyecto, a pesar de la incertidumbre actual por la pandemia, pero también al hecho de que Castilla y León no pueda acordar un límite máximo de gasto no financiero al desconocer cuáles serán los objetivos de déficit y deuda de las comunidades autónomas para 2021 ni la regla de gasto así como la liquidación de los recursos del sistema de Financiación, las participaciones en los Fondos de Convergencia Autonómica correspondientes al ejercicio 2018, o las entregas a cuenta para el ejercicio 2021.

Es más, la directora general apuntaba que tampoco se conocen los criterios de reparto que va a aplicar el Estado del Fondo de Recuperación Next Generation UE, fondo del que España se va a beneficiar en una cuantía estimada de 140.000 millones de euros, pero que a pesar de todo ello se está trabajando para elaborar un anteproyecto de presupuestos responsable y acorde a las necesidades de la Comunidad.

Prioridades

“Castilla y León afronta una crisis sin precedentes que también es la más grave del último siglo en España y el mundo", decía la directora general de Presupuestos en su intervención, en la que recordaba que en estos seis meses de lucha contra la pandemia el objetivo de la Junta ha pasado siempre por compatibilizar las medidas sanitarias necesarias para hacer frente y frenar a la enfermedad con las medidas fundamentales para reactivar la economía y siempre manteniendo un nivel adecuado de nuestros servicios públicos. ”La cuestión no es tener que decidir entre salud o economía, porque podemos vernos en la situación de perder la batalla en los dos frentes", apuntaba, en declaraciones recogidas por Ical.

Así, desvelaba que desde la declaración del estado de alarma la Consejería de Economía y Hacienda está llevando a cabo un control exhaustivo del gasto, autorizándose solamente los gastos y las transferencias de crédito imprescindibles para el normal funcionamiento y reservando los máximos créditos posibles para financiar gastos covid, fundamentalmente el gasto sanitario, social y educativo sin olvidar los sectores productivos que están siendo más castigados por la misma.

Finalmente, María Isabel Campos anunciaba que su departamento está trabajando en la modificación de los Programas Operativos Feder y Fondo Social Europeo para que se puedan emplear los recursos financieros consignados en los mismos para hacer frente a la crisis. Al respecto, explicaba que los 78,5 millones del Feder se destinarán a inversiones materiales en equipamiento, sobre todo respiradores, equipos de protección, gastos de personal necesarios para hacer frente a la crisis sanitaria y proyectos de I+D+I, con la finalidad de dar respuesta a la pandemia, mientras que los casi 20 millones del Fondo Social Europeo se destinarán para sufragar los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTEs).