Amilivia advierte que el estado del bienestar se come el 84% del presupuesto y afecta a las inversiones

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha presentado este jueves en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes dos informes correspondientes a la situación económica y financiera y la ejecución del gasto entre los años 2015 y 2018 y otro sobre la evolución de la deuda sanitaria no imputada al presupuesto autonómico.

Dos informes -los últimos del mandato anterior a este órgano fiscalizador y, por tanto, anteriores a la llegada del propio Amilivia a la presidencia del mismo-, que le han servido para lanzar dos reflexiones de relevancia a la Junta de Castilla y León:

La primera, que tiene que ver con el primer informe, de la necesidad de abrir un “debate de Comunidad” sobre la idoneidad o no de que el 84 por ciento de los Presupuestos de Castilla y León, o lo que es lo mismo, 84 de cada cien euros, estén comprometidos previamente al estado del bienestar, que no es otra cosa que la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales, lo que en opinión de Amilivia afecta a las inversiones y a las políticas económicas de la Junta, ya que tan solo queda un 16 por ciento en las Cuentas para poder llevar a cabo otro tipo de acciones.

Y, la segunda reflexión que lanzaba el presidente de Cuentas, que tiene que ver con el segundo informe presentado, es sobre la importancia de preservar la sostenibilidad económica de la Sanidad pública. En este sentido, y a pesar de que Castilla y León gasta el 35 por ciento de su presupuesto en atención sanitaria -que sería del 37 por ciento si se suman los 181 millones de deuda sanitaria no imputada a presupuesto-; y de que es la quinta región de la España autonómica que más invierte en Sanidad por habitante (1.629 euros), con un gasto total en 2018 de 3.714 millones de euros y un tres por ciento más que en 2015, Amilivia advierte de la “insuficiencia estructural” de la Gerencia Regional de Salud “que no es suficiente para hacer frente a las demandas asistenciales de la Región”, señala.

Este segundo informe pone de manifiesto, según el presidente del Consejo de Cuentas, que Castilla y León aumentó el gasto sanitario en el periodo 2011-2015 en unos 249 millones de euros, siendo una de las cuatro comunidades en las que creció. Además, revela que hasta 2018, se redujo en 2,,7 puntos el gasto en Atención Primaria y, en cambio, aumentó el de Atención Especializada en 5,9 puntos, cuando la media nacional fue de dos. También refleja un descenso del gasto en farmacia de 4,4 puntos en Castilla y León y una disminución en gasto de personal de 7,5 puntos desde 2011.

Reacciones políticas

Por el PSOE, analizaron cada uno de los informes Laura Pelegrina y Rosa María Rubio. La primera denunció el “gran desequilibrio”, que revelan los estudios del Consejo de Cuentas, en los presupuestos de la Junta, y lamentó que “no tiene margen para invertir, ni capacidad de ahorro” pese a la recuperación y el aumento de los ingresos corrientes y fiscales, y debe recurrir al endeudamiento año tras año. “Dependemos de la financiación de terceros”, resumió.

Pelegrina advirtió de que el Ejecutivo autonómico “gasta pero no invierte, ni es Sanidad, ni en Educación, ni en servicios sociales” y apeló a “resolver el preocupante déficit en inversiones, porque de ellas depende nuestro futuro económico y social”. Asimismo, denunció que la Comunidad, pese a esta situación, "sigue sin recuperar el gasto previo a la crisis de 2008, en servicios básico, sobre todo en educación, porque “cada vez se dedica más a amortizaciones e intereses de la deuda”.

Rosa María Rubio, por su parte, puso de relieve que “el mal endémico de la deuda sanitaria es una presupuestación fallida” y subrayó que desde el Gobierno autonómico “siguen guardando las facturas en el cajón en plan avestruz”. “Como no las veo a ver si desparecen, pero el 1 de enero vuelven”, agregó.

Esa “deficiente presupuestación”, dijo, "se repite año tras año, porque “no se hace consignación presupuestaria suficiente a pesar de que se conoce el gasto real del ejercicio anterior”. La portavoz socialista criticó además que los desfases se producen como consecuencia de la mala gestión, porque “usan el dedo contratador”, dijo, además de faltar planificación conjunta en las compras y concentrar la adquisición de medicamentos en diez laboratorios, lo que “tato congreso en el Caribe”.

El portavoz del PP, Salvador Cruz, ha destacado de los informes que la estabilidad patrimonial no está en riesgo y ha advertido de que el sistema de financiación autonómica hace recurrir a la deuda, aunque Castilla y León es de las comunidades con menor deuda. Si bien, constató que el endeudamiento es una “problema común” de todas las autonomías, una situación que se acentuará los próximos ejercicios para afrontar la pandemia. Cruz advirtió no obstante que “esto no pude ser indefinido en el tiempo y hay que acometer una reforma” del modelo de financiación que garantice al menos los recursos para ofrecer unos servicios públicos básicos de calidad". Además, constató que el problema de aumento de la deuda coincide en el tiempo con la reforma del modelo de financiación de 2009, ya que no cubre los gastos de las consejerías sociales.

Mientras que el portavoz de Ciudadanos, José Ignacio Delegado, ha criticado que el 63,2 por ciento de la deuda de sanidad se refiera a los gastos de suministros y material, aunque se ha reducido el gasto farmacéutico, y ha destacado que el mayor porcentaje de la deuda sanitaria se encuentre en la atención especializada, con un 94 por ciento. apeló a que la nueva financiación autonómica cubra las “necesidades reales” de gasto en servicios básicos esenciales para evitar la generación de más deuda. Lamentó que el margen de actuación de la Comunidad, es “insuficiente” y no se puedan destinar “recursos a la inversión” y apeló a actuar para “corregir” el desequilibrio financiero a corto plazo.