El “histórico" techo de gasto para proteger a familias y empresas no atisba un pacto en las Cuentas

Las Cortes de Castilla y León han aprobado este miércoles el límite de gasto no financiero para 2021, el conocido como techo de gasto, imprescindible para poder elaborar los Presupuestos, que se ha fijado en 10.980 millones de euros. O lo que es lo mismo, 812 millones más que lo inicialmente previsto para este 2020 pero también 1.402 millones más de lo que se aprobaba en las Cuentas de 2018, las últimas que vieron la luz en el Parlamento autonómico, lo que supone un aumento del 14,6 por ciento y el límite de gasto más alto aprobado por las Cortes en sus casi cuatro décadas de funcionamiento legislativo.

Un «histórico» techo de gasto, en palabras del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que permitirá a la Comunidad poder endeudarse más y, por ende, proteger a las familias, a los más vulnerables, a las empresas y al empleo ante la actual alerta sanitaria del coronavirus que ha desembocado en una crisis económica y social que aún está por determinarse su magnitud.

El límite de gasto no financiero salía adelante con los votos a favor del PP, Ciudadanos y Por Ávila (XAV). Los leonesistas de la UPL se abstenían mientras que PSOE, Podemos y Vox votaban en contra y escenificaban durante el debate la distancia existente en lo económico y que el Pacto Presupuestario que la Junta pide y desea para dar continuidad al acuerdo de Comunidad por la recuperación poscovid está lejos de convertirse en una realidad.

De hecho, el procurador socialista, José Francisco Martín, aseguraba en su dura intervención que este techo de gasto es «patético» y un «ejercicio de magia» que «carece de credibilidad» y llamaba «malas personas» a los que hayan elaborado ese documento por intentar ocultar subvenciones directas del Gobierno a Castilla y León. Desde Podemos, Pablo Fernández iba incluso un poco más allá al calificar como «cicatero» y «austero» el techo de gasto que pone de manifiesto la «incapacidad» de la Junta por tener que aumentar de forma excepcional el gasto y la inversión para mejorar la prestación de los servicios esenciales.

Mientras que desde el PP, el procurador Salvador Cruz echaba en cara a los socialistas y a Podemos que defiendan como expansivo y social el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno de de coalición que forman sus partidos ha presentado sin tener en cuanta la pandemia y que perjudica gravemente a Castilla y León.

Antes, Fernández Carriedo había puesto en valor este techo de gasto llamado a dar estabilidad y confianza a la población ante una pandemia sin precedentes y un 2021 que, pese a las previsiones que mejoran las de 2020, se presenta incierto. El consejero explicaba que el endeudamiento está condicionado por la pandemia y la crisis económica vinculada a ella y advertía de que para el próximo año se prevé una reducción de ingresos por la vía de las entregas a cuenta de casi 200 millones de euros así como de un 7 por ciento de los ingresos propios debido a que no se subirán impuestos a las familias ni a las pequeñas y medianas empresas y autónomos. Es más, apuntaba que hasta 2022 Castilla y León no alcanzará las cifras de crecimiento del PIB y empleo de 2019.

El PSOE, en contra de gravar el azúcar

La intención del Gobierno de España de gravar el azúcar y al diésel, que afecta a la remolacha y el automóvil, se colaba en el debate. Las Cortes aprobaban sendas iniciativas con la que piden a Sánchez que retire su propuesta de aumentar el IVA de las bebidas carbonatadas y azucaradas del 10 al 21 por ciento y que establezca reducciones fiscales y no impuestos en la automoción. Las dos propuestas salían adelante ya que contaban con el apoyo de PP y Ciudadanos, pero en la del azúcar se sumaba al PSOE que también calificaba de «poco afortunada» la campaña del Ministerio de Consumo bajo el lema «El azúcar mata».