Sindicatos y patronal amagan con acudir a la Justicia ante el conflicto del Serla

Los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE Castilla y León siguen de uñas contra el Gobierno autonómico y la Consejería de Empleo e Industria a cuenta del conflicto existente en el servicio de intermediación laboral y de arbitraje de la Comunidad, más conocido como el Serla.

De hecho, tanto los sindicatos como los empresarios denuncian el “desprestigio” al que la Junta ha llevado a este servicio público, tanto por el “colapso” que sufre la oficina de Valladolid como por su negativa a implantar la resolución de los conflictos individuales en el resto de la Comunidad, y amagan una vez más con llevar a la Junta a los tribunales al Gobierno que preside Fernández Mañueco por actuar de “mala fe” e incumplir los acuerdos alcanzados en 2019 con este servicio.

Asimismo, reclaman la intervención del presidente en este conflicto que mantienen con la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, sobre la Fundación Serla y ante el “colapso” de este servicio público en Valladolid debido a la falta de personal, y denuncian el “acoso y derribo” al que, según ellos, somete la Consejería de Empleo a la fundación.

“Quieren convertir el Serla en una fundación privada cuando ahora lo es publica y de que los sindicatos y la patronal participen en su financiación”, aseguraban, mientras apuntaban también a la extensión de las oficinas del Serla a todas las provincias de la comunidad y a Ponferrada pedida por los sindicatos y la patronal, que en estos momentos se encuentra paralizada a pesar de que el Patronato llegó a aprobar para ello en 2019 la contratación de 34 personas.

Después de recordar que una sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2020 ya reconoce la competencia del Serla en la resolución extrajudicial de conflictos laborales individuales, el secretario de Política Sindical de la UGT de Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, afirmaba que la Consejería de Empleo redujo el personal de la oficina de Valladolid, lo que ha desembocado en su “colapso” con el peligro que supone para el cumplimiento de los plazos en los conflictos planteados y la posibilidad de que sean trasladados a la vía judicial.

Y tras enfatizar que todas las Comunidades Autónomas tienen órganos que se encargan de la resolución extrajudicial de conflictos laborales, decía que esta vía es más eficaz, tanto para el trabajador como para el empresario, y que el coste es menor, unos 300 euros en el Serla y unos 3.000 euros de media en la jurisdicción de lo social.

David Esteban, de la CEOE, por su parte advertía de que “no cabe” la cofinanciación de la estructura y del funcionamiento del Serla, al tratarse de un servicio público que tiene que ser cubierto por las administraciones, algo que ratificaban también por los representantes de UGT y CCOO que se oponen a que sindicatos y patronal participen en el mantenimiento de la Fundación.

Fernando Fraile, de CCOO, aseguraba que no dotar de los suficientes medios al Serla es ir “contra” el acuerdo que se alcanzó con el anterior presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y acusaba a la Consejería de Empleo de “poner palos en las ruedas” de la Fundación. Si bien, advertía que sindicatos y patronal se van a defender con todo.

Pese a este conflicto que se ha enquistado, tanto los sindicatos como la patronal dejaban claro que no va afectar el funcionamiento del Diálogo Social en la Comunidad, seña de identidad de Castilla y león y ejemplo de concertación social en todo el mundo.