Suárez-Quiñones considera que no existen “justificaciones jurídicas” por parte del Ministerio para cerrar las pistas de esquí de Navacerrada

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, consideró hoy que no existen justificaciones “jurídicas” para no prorrogar la concesión de las pistas de esquí de Navacerrada por parte del organismo autónomo de Parques Naturales, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Durante su participación en la reunión del Patronato del Parque Natural de la Sierra de Guadarrama, el consejero aseguró que la decisión del Ministerio puede obedecer a razones “filosóficas o políticas”, al tiempo que mostró su disconformidad con la forma de adoptar la decisión de clausurar las pistas de esquí de forma unilateral.

“No es admisible que las comunidades gestoras, que somos las comunidades autónomas, nos hayamos enterado prácticamente por la prensa de que no se volvería a renovar o concesionar las pistas de esquí. No es admisible porque la colaboración y lealtad entre las administraciones exige espacios de diálogo para tomar este tipo de decisiones”, criticó.

En este aspecto, el consejero aseguró que la decisión del propietario del monte (Organismo Parques Nacionales) afectará a las concesionarias, que son las comunidades autónomas de Castilla y León y Madrid,   y sobre todo, a los intereses económicos y sociales del territorio que lo comprende. “No se puede trabajar con hechos consumados”, puntualizó.

“La dignidad y el respeto que merece el territorio exige que esa decisión se hubiera tomado con una mesa de diálogo o en una reunión con las comunidades autónomas gestoras y que se hubiese preparado las actuaciones necesarias. Creo  que no es válido tomar la decisión y después abordar qué se debe hacer”, apuntó.

Asimismo, indicó que, durante la reunión del Patronato, puso de manifiesto la no aceptación de la actuación por parte del Ministerio del ramo, que es su forma de trabajar ya del mismo, puesto que adoptó decisiones unilaterales con respecto a la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas. “Fue una decisión sin contar con nosotros”, destacó, para significar que Castilla y León mantiene la lealtad institucional en todos los ámbitos y por eso no se merece ese trato.

A pesar de ello, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente tendió la mano para que en la Comisión de Coordinación se consensuen las actuaciones y se busque la mejor solución para el futuro del Parque Natural.

Por último, señaló que el Patronato es un órgano válido para debatir este tipo de decisión, y exigió que se vuelva a llamar a las consejerías implicadas para abordar el cierre y el futuro económico y social del territorio que comprende.