El CES avala el anteproyecto de ley de Transparencia de Castilla y León como “un avance”

El Consejo Económico y Social de Castilla y León acaba de emitir un informe favorable sobre el contenido del anteproyecto de ley autonómico de Transparencia, Acceso a la Información Pública y su Reutilización, que ve como “un avance” para dar un “nuevo impulso” en esta materia.

En su informe, consultado por EFE, este órgano en el que están representada la Junta de Castilla y León, los sindicatos, la patronal, las organizaciones profesionales agrarias, los consumidores y otros sectores de la sociedad, confía en que esta nueva normativa pueda servir para acercar la actividad de los poderes públicos a la ciudadanía y contribuir así a “mejorar su imagen”.

El documento remarca la necesidad de complementar esta normativa con una regulación específica que facilite la participación de los ciudadanos en el ámbito público administrativo y, en este sentido, el CES valora que el Ejecutivo autonómico haya atendido su recomendación de un informe anterior para elaborar una norma de Participación Ciudadana, que incluya regulación sobre la actuación de las organizaciones representativas de la sociedad civil o el ejercicio del derecho de petición, entre otras cuestiones.

El CES ha planteado también en este informe que tiene la “convicción” de que “muchos de los fines que pretende el anteproyecto y la propia modernización de la Administración dependen, en gran medida, de la progresiva implantación de la administración electrónica”.

En este sentido, han demandado que “se sigan impulsando todas las iniciativas de acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos” y, aunque ha reconocido la dificultad en un territorio como Castilla y León por sus características demográficas, el CES ha insistido en que se debe respetar el principio de no discriminación y neutralidad tecnológica, por lo que llama prestar asistencia a las personas que lo requieran.

Otra de las recomendaciones dictadas por el CES en su informe tiene que ver con una “mayor cooperación” de las administraciones con el Comisionado de Transparencia y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal, para que compartan las buenas prácticas y éstas redunden en beneficio de la ciudadanía.