Las universidades se suben al carro de la repoblación

Las cuatro universidades públicas de la Comunidad (Salamanca, Valladolid, Burgos y León) dan un paso al frente y se suben al carro de la lucha contra la despoblación, el principal problema pero también desafío al que se enfrenta Castilla y León en los próximos años.

Y es que las instituciones académicas han firmado un acuerdo de colaboración con el Gobierno de Fernández Mañueco por el que se comprometen a diseñar la futura estrategia regional frente al reto demográfico, que deberá estar lista antes del final de este año. El convenio también incluye la realización de tres estudios específicos con evolución, medidas de mejoras y evaluación concernientes al envejecimiento activo, la natalidad y la inserción y el empleo joven.

Igualmente, las universidades deberán elaborar un Plan Anual de Actuaciones para la Dinamización Demográfica en Castilla y León referido a cada uno de los años 2021, 2022, 2023 y 2024, en el que se tendrá que incluir el diagnóstico de la situación demográfica autonómica; el estudio y la propuesta de políticas públicas para la dinamización demográfica autonómica; los objetivos que se deben conseguir en el corto, medio y largo plazo e indicadores para su medición; y programación de las actividades a desarrollar en cada ejercicio.

Los profesionales universitarios elaborarán adicionalmente una guía sobre implantación de indicadores y parámetros relativos al impacto demográfico, un estudio sobre la zonificación de Castilla y León desde el punto de vista poblacional, un estudio sobre movilidad laboral a grandes urbes en Castilla y León, otro sobre masculinización del mundo rural en Castilla y León y un último informe sobre migración en Castilla y León.

Entre las finalidades del acuerdo, que conlleva la concesión directa de una subvención de 240.000 euros a la Universidad de Burgos, que contará con la colaboración técnica de las otras tres universidades, se encuentra también fomentar la investigación interdisciplinar en materia de dinamización demográfica entre profesores, investigadores y especialistas universitarios procedentes de las diversas ramas del saber, incluyendo enfoques temáticos y metodológicos multidisciplinarios, así como transferir los resultados de esa investigación generando espacios de discusión y debate que reúnan a un gran número de especialistas de muy diversos campos científicos.

En segundo lugar, difundir los estudios sobre la realidad y nuevas aportaciones en materia de dinamización demográfica entre los estudiantes, los profesionales y las personas interesadas, principalmente en Castilla y León, a la vez que proporcionar formación e información pública sobre estudios e investigaciones en la materia.

Y, finalmente, analizar desde una perspectiva académica los problemas económicos, sociales y culturales intrínsecamente relacionados con la dinamización demográfica en Castilla y León., además de promover iniciativas y proyectos y elaborar propuestas de las políticas públicas necesarias para la lucha contra la despoblación en Castilla y León.

“La Universidad aporta conocimiento y rigor a la hora de ayudar en la investigación y en las posibles soluciones que se aporte para frenar la despoblación”, destacaba tras la firma del acuerdo el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, quien advierte de que la despoblación es hoy un grave problema que afecta a la sostenibilidad del modelo autonómico y al modelo de protección social, además de convertirse en un “problema político”.

El también portavoz del Gobierno autonómico insistía en la importancia de este acuerdo y aprovechaba que el Pisuerga pasa por Valladolid para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez un trato igualitario entre las Comunidades “para evitar que haya territorios en los que se juegue con ventaja”, algo que, en su opinión, afecta directamente a las autonomías con mayores problemas demográficos.

“No se puede hablar de la España vaciada y dejarla siempre con una mano atada”, advertía Igea, mientras pedía que las decisiones del Gobierno no afecten a la España vaciada” en alusión al proceso de venta de la compañía aeronáutica ITP, en su opinión, en favor de la empresa vasca Sener que competía con la burgalesa Aciturri. De hecho, el vicepresidente ya dejaba caer hace unas semanas su temor a que el Gobierno pudiera haber utilizado el derecho a veto para primar la opción vasca y favorecer el apoyo parlamentario del PNV.

“No pedimos ser más que nadie; no somos favorables a políticas nacionalistas ni siquiera para nosotros pero no toleramos que se juegue con ventaja”, decía, en declaraciones recogidas por Ical Además, añadió que el Gobierno autonómico piensa que esta cuestión también es “parte importante” de la política del reto demográfico.

Francisco Igea se expresaba así tras firmar el acuerdo con los rectores de la Universidad de Burgos (UBU), Manuel Pérez; de la Universidad de León, Juan Francisco García; de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero; y de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo.